El Poder Ejecutivo eliminó, por decreto, el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). En adelante, el PE nominará, sin el asesoramiento del CAM, a los candidatos a cubrir un cargo en el Poder Judicial. "Queremos un sistema más transparente de selección y que el propio pueblo sea quien juzgue los candidatos a jueces", dijo el gobernador José Alperovich al justificar la iniciativa.
"Se garantiza la pluralidad de las opiniones,", acotó el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, al exponer sobre el decreto que establece el nuevo mecanismo de postulación de candidatos y que termina con doce años de funcionamiento del CAM. Precisó que es el mismo modelo que usó para la incorporación de Eugenio Zaffaroni a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Se pretende seleccionar un candidato "contando con los elementos de convicción para una correcta valoración de las aptitudes morales, en el marco de respeto al buen nombre y honor de los profesionales nominados".
Una vez producida la vacante, se publicará por un día en el Boletín Oficial y en los medios de comunicación el nombre y los datos personales de las personas que se encuentren a consideración para la cobertura. Simultáneamente se hará la misma difusión en la página web de la provincia. Los nominados deberán presentar una declaración jurada sobre los bienes propios, los de su cónyuge y/o de los del conviviente, de los que integren el patrimonio conyugal y los de sus hijos menores.
Desde la publicación, y por el término de 15 días hábiles, toda persona, colegio o asociación que por su naturaleza tenga interés en el tema podrá hacer llegar al Ministerio de Gobierno, de modo fundado y documentado, las observaciones -impugnaciones- que considere de interés con relación a los postulados. En ese plazo, la cartera política podrá requerir una opinión a instituciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de derechos humanos que considere pertinente a los fines de su valoración.
El PE podrá recabar informes relativos al cumplimiento de las obligaciones impositivas de los candidatos, preservando el secreto fiscal.
Además, el Ministerio de Gobierno creará un registro de profesionales interesados en integrar el Poder Judicial, que deberá contener los antecedentes y la especialización de cada uno.
Después del vencimiento del término de la impugnaciones, el PE dispondrá de 30 días hábiles para la elevación del candidato propuesto a la Legislatura.
"Funcional a las corporaciones"
En el texto del decreto de derogación del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y en las justificaciones de los funcionarios no quedó expuesto lo que realmente se pensaba en la Casa de Gobierno sobre el CAM.
Entre otras cosas, se escuchó señalar a un colaborador del PE que el CAM se había desvirtuado con el tiempo y que sólo "era funcional a las corporaciones". También se apuntó que "opinaban muy pocas instituciones".
Según se comentó en el seno del PE, el ministro de Justicia de la Nación, Gustavo Beliz, habría recibido con satisfacción una copia de la iniciativa. El habría sido sugerido que se incorpore al decreto sobre el nuevo mecanismo de selección de jueces la declaración jurada de los bienes patrimoniales de los candidatos.
El mismo método que se usó con Zaffaroni
El Poder Ejecutivo consideró conveniente adoptar un mecanismo similar al implementado en el orden nacional para la selección de los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reemplazo del sistema de aconsejamiento por parte del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Por ello, ratificó que sigue siendo un deber indelegable, propio e irrenunciable del PE el nombramiento de los miembros del Poder Judicial, previo acuerdo de la Legislatura.
"El PE quiere contar con todos los elementos necesarios para elegir a los mejores, mediante la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y de los valores democráticos que los hagan merecedores de esa misión", apunta el decreto de derogación del CAM.
Además, se sostuvo que para avanzar en el nuevo mecanismo se trató de extremar la transparencia en la selección de los candidatos, para lo cual se permite la participación de la ciudadanía a fin de que opine o impugne a quienes resulten propuestos para ocupar un cargo en la Justicia.
"Se garantiza la pluralidad de las opiniones,", acotó el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, al exponer sobre el decreto que establece el nuevo mecanismo de postulación de candidatos y que termina con doce años de funcionamiento del CAM. Precisó que es el mismo modelo que usó para la incorporación de Eugenio Zaffaroni a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Se pretende seleccionar un candidato "contando con los elementos de convicción para una correcta valoración de las aptitudes morales, en el marco de respeto al buen nombre y honor de los profesionales nominados".
Una vez producida la vacante, se publicará por un día en el Boletín Oficial y en los medios de comunicación el nombre y los datos personales de las personas que se encuentren a consideración para la cobertura. Simultáneamente se hará la misma difusión en la página web de la provincia. Los nominados deberán presentar una declaración jurada sobre los bienes propios, los de su cónyuge y/o de los del conviviente, de los que integren el patrimonio conyugal y los de sus hijos menores.
Desde la publicación, y por el término de 15 días hábiles, toda persona, colegio o asociación que por su naturaleza tenga interés en el tema podrá hacer llegar al Ministerio de Gobierno, de modo fundado y documentado, las observaciones -impugnaciones- que considere de interés con relación a los postulados. En ese plazo, la cartera política podrá requerir una opinión a instituciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de derechos humanos que considere pertinente a los fines de su valoración.
El PE podrá recabar informes relativos al cumplimiento de las obligaciones impositivas de los candidatos, preservando el secreto fiscal.
Además, el Ministerio de Gobierno creará un registro de profesionales interesados en integrar el Poder Judicial, que deberá contener los antecedentes y la especialización de cada uno.
Después del vencimiento del término de la impugnaciones, el PE dispondrá de 30 días hábiles para la elevación del candidato propuesto a la Legislatura.
"Funcional a las corporaciones"
En el texto del decreto de derogación del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y en las justificaciones de los funcionarios no quedó expuesto lo que realmente se pensaba en la Casa de Gobierno sobre el CAM.
Entre otras cosas, se escuchó señalar a un colaborador del PE que el CAM se había desvirtuado con el tiempo y que sólo "era funcional a las corporaciones". También se apuntó que "opinaban muy pocas instituciones".
Según se comentó en el seno del PE, el ministro de Justicia de la Nación, Gustavo Beliz, habría recibido con satisfacción una copia de la iniciativa. El habría sido sugerido que se incorpore al decreto sobre el nuevo mecanismo de selección de jueces la declaración jurada de los bienes patrimoniales de los candidatos.
El mismo método que se usó con Zaffaroni
El Poder Ejecutivo consideró conveniente adoptar un mecanismo similar al implementado en el orden nacional para la selección de los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reemplazo del sistema de aconsejamiento por parte del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Por ello, ratificó que sigue siendo un deber indelegable, propio e irrenunciable del PE el nombramiento de los miembros del Poder Judicial, previo acuerdo de la Legislatura.
"El PE quiere contar con todos los elementos necesarios para elegir a los mejores, mediante la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y de los valores democráticos que los hagan merecedores de esa misión", apunta el decreto de derogación del CAM.
Además, se sostuvo que para avanzar en el nuevo mecanismo se trató de extremar la transparencia en la selección de los candidatos, para lo cual se permite la participación de la ciudadanía a fin de que opine o impugne a quienes resulten propuestos para ocupar un cargo en la Justicia.







