En la Cámara se está analizando la estrategia de Musi

La estrategia defensiva del fiscal Héctor Abraham Musi de negar su responsabilidad en conducción administrativa de la Fiscalía IV está en el centro de la discusión en la comisión de Juicio Político de la Legislatura. Los papeles aportados por la Corte Suprema de Justicia son un nuevo dolor de cabeza para el funcionario, porque un sumario realizado en octubre por el Ministerio Público Fiscal concluye con el pedido de una severa sanción en su contra.
El cuerpo parlamentario debe analizar el pedido de destitución que le formuló el juez federal Felipe Terán, quien investiga la causa de las irregulares entregas de camionetas 4x4. Esta etapa concluirá el 10 de febrero (se paraliza durante la feria judicial de enero) y las alternativas son el archivo de la presentación o la acusación y elevación al Tribunal de Juicio Político, con la consiguiente suspensión de Musi por un máximo de 60 días.
Los legisladores tienen en su poder copias certificadas de cuatro sumarios y de una veintena de expedientes tramitados en la Fiscalía IV que registrarían diversas anomalías, como la falta de foliado de varias hojas. En total, son más de 1.300 copias que deberán analizar.
Lo más significativo para los legisladores hasta esta etapa es la conclusión del sumario dispuesto por el ministro fiscal Luis de Mitri, en la cual se aconsejó a la Corte (el pasado 20 de octubre) que "disponga contra el fiscal el máximo reproche administrativo previsto en el ordenamiento jurídico provincial para un funcionario de la Constitución".
"De los hechos constatados surge un actuar incompatible con las obligaciones y funciones que tenía Musi, habiendo violado disposiciones del Código Procesal Penal de la Provincia y acordadas de la Corte", planteó De Mitri en su escrito al máximo tribunal.
En estos momentos se sustancia otro sumario en la Fiscalía IV, con el secretario de Superintendencia de la Corte Reyes Severiano Pérez como instructor y el presidente de la Cámara Penal, Alberto César Piedrabuena, como supervisor del debido proceso legal. El objetivo es determinar las responsabilidades de Musi y de su secretario, Edgardo Ataliva Herrera, sobre la conducción jurídica y procesal de ese despacho, ante la posibilidad de que hayan incurrido en falta de contralor y desorganización interna.
La comisión legislativa tiene también las copias certificadas del expediente sustanciado por la jueza federal de Córdoba Cristina Garzón de Lascano. Allí se originó la fuerte sospecha de que existía una operación de gran envergadura con documentos falsos emitidos por la Justicia para permitir la tenencia y la circulación en vehículos robados o mellizos.

Planteo a la Nación
El defensor de Musi, Gustavo Morales, confirmó a LA GACETA que ratificó la denuncia contra Terán ante el Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN).
El abogado señaló que la semana pasada envió un escrito ampliatorio al CMN con los cuestionamientos al magistrado federal por enriquecimiento ilícito.