Proponen que los legisladores declaren sus bienes al asumir y al dejar la banca

Los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado deberán presentar, en sobre abierto, sus declaraciones juradas de bienes cuando asuman y cuando abandonen sus cargos. Y, mientras duren en sus puestos, deberán actualizarlas cada vez que sus patrimonios se incrementen en más de un 10% respecto del declarado la última vez.
Esa es una de las propuestas del proyecto de Ley de Etica Pública presentado por el legislador Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes).
La iniciativa, por ejemplo, conjura el nepotismo, y por ello establece que en las declaraciones juradas deberán constar apellido nombre y DNI de los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y afinidad.
La norma fija que los servidores públicos también deberán presentar una detallada enumeración de las personas físicas o jurídicas a las que el declarante haya prestado servicios en los últimos cinco años.
Justamente, la propuesta detalla una serie de incompatibilidades para el ejercicio de la función pública y, por ejemplo, quienes participaron o diseñaron privatizaciones no podrán integrar entes de contralor de los servicios tercerizados.

Registro de delitos
El proyecto, además, crea un registro de delitos contra la administración pública, para asentar las imputaciones y los delitos de los hombres que manejan la cosa pública. Ese banco de datos funcionará en la mesa de entradas Penal de los Tribunales de la capital. Se promueve, también, que la enseñanza de la ética pública se instrumente como contenido específico de todos los niveles educativos.

Organismo especial
El organismo encargado de controlar la ejecución de estas disposiciones será la Comisión de Etica Pública de Tucumán, cuya creación está propuesta.
"No está previsto dónde debe ubicarse en el organigrama del Estado, a fin de que eso surja del debate", puntualizaron Danesi y Rodolfo Sobre Casas, presidente de CI, quien colaboró en la elaboración de la iniciativa.
El organismo tendrá siete miembros, que deberán ser ciudadanos de reconocidos antecedentes y prestigio público. Uno será propuesto por la Corte Suprema de Justicia de la provincia; otro, por el Poder Ejecutivo, y los cinco restantes, por la Legislatura. Estos últimos integrantes surgirán, cada uno, de ternas vinculantes propuestas por la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Colegio de Abogados, la UNT, y el conjunto de los legisladores de los partidos de la oposición.
Los miembros serán remunerados y su tarea será incompatible con el desempeño de otro cargo público.
Si el proyecto es sancionado y entra en vigencia, a los funcionarios les quedará prohibido recibir regalos, obsequios o donaciones, de ninguna índole, como motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones.
En caso de que los presentes fueran cortesía diplomática, la Comisión de Etica Pública reglamentará su registro y cómo deberán ser incorporados al patrimonio estatal.

Piden un adicional para los empleados
El legislador Roberto Palina (UCR) presentó dos iniciativas en la Cámara con la intención de que se mejore la situación salarial de los empleados legislativos. En una de las iniciativas, el secretario general de la Fotia propone que se acuerde para los contratados y los efectivos un adicional "en concepto de incentivación y estímulo" igual al 100% de la remuneración mensual de los trabajadores. La liquidación y pago de este beneficio está estipulada en forma semestral. El 50% se abonaría en junio y la otra mitad en diciembre. El salario familiar queda excluido para el cómputo de ese monto.
"El empleado legislativo debe ser jerarquizado, pero hasta ahora se halla marginado y postergado. A partir de la intervención federal de 1991 perdieron toda posibilidad de aumento de sueldo, además del beneficio de incentivación y estímulo que con grandes esfuerzos habían obtenido".
La otra iniciativa de Palina adecua la liquidación de los adicionales por título y escalafón de los empleados legislativos "en los porcentajes y según la metodología empleada para el cálculo de los empleados del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas".
El parlamentario justifica la propuesta aduciendo que los trabajadores del Parlamento tucumano cobran esos conceptos con un monto fijo establecido en la menor de las categorías. "Esta medida incrementaría los haberes, lo que sería paliativo para estos trabajadores", manifiestan los considerandos del proyecto.

Para disminuir la mortalidad infantil
Los legisladores Alejandro Sangenis (Encuentro Popular y Progresista), Rolando Alfaro y Daniel Heredia (PJ) presentaron un proyecto de ley para crear el Registro de Personas por Nacer, que apunta a brindar atención en el embarazo y en los primeros años de vida del niño a sectores de escasos recursos.
"La experiencia en la atención primaria de la salud dice que la mortalidad infantil está profundamente ligada a la gran cantidad de mujeres embarazadas que no reciben los controles necesarios durante el proceso de gestación", dijeron los autores.
Sostuvieron que con la norma buscan aplicar recomendaciones de especialistas. "Las afecciones que padece el recién nacido son reducibles en casi un 70% con prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno en el embarazo, en parto y durante las primeras semanas después del nacimiento", precisaron.
Añadieron que las afecciones del primer mes del niño son reducibles el 74% con prevención y tratamiento y que las muertes maternas pueden ser prevenidas en un 90%.
El proyecto de ley prevé que se les otorgue un beneficio trimestral de $30 durante todo el embarazo a las mujeres en situación de pobreza o indigencia y hasta el sexto mes del puerperio. Cada mujer inscripta recibirá una Libreta de Registro que contendrá datos que permitan conocer su situación socio-ambiental.
Finalmente, recalcaron que la Organización Mundial de la Salud alertó sobre que las desigualdades registradas en la mortalidad entre pudientes y desfavorecidos son cada vez mayores.