La sala IV de la Cámara Penal fue ratificada para someter a Antonio Bussi a un juicio oral por el sistema de compensación de gastos que se usó durante su gobernación (1995-1999).
La sala V de la Cámara Penal (la integran Emilio Páez de la Torre, Alfredo Oscar Barrionuevo y Julio Francisco Silva) rechazó dos pedidos de recusación planteados contra los tres integrantes de la sala IV: María del Pilar Prieto, Silvia Castellote y Horacio Villalba. Los planteos habían sido deducidos por los abogados de Bussi, Cergio Morfil, y del ex ministro de Hacienda, Ramón Nereo Arnedo, Rafael Merched, por supuesto prejuzgamiento y violencia moral.
Los recurrentes afirmaron que se enteraban por los medios de comunicación -antes que por los canales de notificación judicial- de los resultados de las resoluciones. Pero los integrantes de la sala V de la Cámara Penal consideraron -entre otras razones- que con ese argumento se podría apartar a cualquier tribunal de una causa.
Los abogados tienen ahora 10 días para recurrir (sólo les quedaría una queja ante la Corte Suprema de Justicia), pero la defensa de Bussi, al menos, no lo haría. Morfil espera que el alto tribunal resuelva otros dos recursos de queja por casación denegada que planteó contra sendas resoluciones de la sala IV de la Cámara Penal. Esta rechazó los pedidos de nulidad de todo -o de casi todo- lo actuado en la causa.
Al quedar confirmado el tribunal, este seguirá adelante la etapa del plenario -estaba suspendida por las recusaciones-, en el que la causa ya fue abierta a prueba. También están imputados los ex ministros Alberto Germanó (Gobierno) y Franco Fogliata (Producción).
En febrero
El juicio se realizaría en febrero próximo, aunque el principal imputado -Bussi- no se encuentra bien de salud, razón por la que se le permitió que cumpla en casa de una de sus hijas la prisión preventiva que dispuso en su contra el juez federal Jorge Parache por la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, en 1976 (ver "Mañana...").
En FR admiten que, por el sistema de compensación de gastos, el PE dispuso de $ 4,1 millones, pero insisten en que esa cifra significó un ahorro de $ 3 millones en comparación con los $ 7 millones de Ramón Ortega.
Enviaron un oficio el Estado Mayor del Ejército
En Fuerza Republicana (FR) confían en que mañana Antonio Bussi saldrá del Hospital Militar de Capital Federal y podrá pasar las fiestas navideñas en la casa que su hija Claudia posee en Pilar, provincia de Buenos Aires.
"Pero yo nunca pedí tal cosa, eso debe quedar bien claro". En FR aseguran que eso fue lo que dijo el ex gobernador cuando el viernes se enteró de que el juez federal número 1 de la provincia, Jorge Parache, había autorizado que el ex gobernador cumpla prisión preventiva en casa de un familiar. El 15 de octubre, el intendente electo de esta capital fue detenido y procesado por la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, ocurrida en 1976.
La decisión fue adoptada por el magistrado tras recibir el informe del médico Jorge Mrad, del Instituto de Tratamiento y Diagnóstico de la Capital Federal. El profesional aseguró que la internación en el Hospital Militar no le está haciendo bien al paciente, quien, además de los problemas cardíacos, sufre de depresión y bajó seis kilos.
Con alegría
El abogado Pablo Calvetti, quien adjuntó el informe de Mrad a Parache, afirmó que la familia Bussi recibió con alegría la medida ordenada por el juez y autorizada por el Código de Procedimiento Penal de la Nación. "Esperamos que el contacto con sus seres queridos le haga bien, de manera que pueda recuperarse y volver pronto a Tucumán, como él quiere", aseguró.
Parache libró un oficio al Estado Mayor del Ejército para que cumpla con la medida adoptada.
La sala V de la Cámara Penal (la integran Emilio Páez de la Torre, Alfredo Oscar Barrionuevo y Julio Francisco Silva) rechazó dos pedidos de recusación planteados contra los tres integrantes de la sala IV: María del Pilar Prieto, Silvia Castellote y Horacio Villalba. Los planteos habían sido deducidos por los abogados de Bussi, Cergio Morfil, y del ex ministro de Hacienda, Ramón Nereo Arnedo, Rafael Merched, por supuesto prejuzgamiento y violencia moral.
Los recurrentes afirmaron que se enteraban por los medios de comunicación -antes que por los canales de notificación judicial- de los resultados de las resoluciones. Pero los integrantes de la sala V de la Cámara Penal consideraron -entre otras razones- que con ese argumento se podría apartar a cualquier tribunal de una causa.
Los abogados tienen ahora 10 días para recurrir (sólo les quedaría una queja ante la Corte Suprema de Justicia), pero la defensa de Bussi, al menos, no lo haría. Morfil espera que el alto tribunal resuelva otros dos recursos de queja por casación denegada que planteó contra sendas resoluciones de la sala IV de la Cámara Penal. Esta rechazó los pedidos de nulidad de todo -o de casi todo- lo actuado en la causa.
Al quedar confirmado el tribunal, este seguirá adelante la etapa del plenario -estaba suspendida por las recusaciones-, en el que la causa ya fue abierta a prueba. También están imputados los ex ministros Alberto Germanó (Gobierno) y Franco Fogliata (Producción).
En febrero
El juicio se realizaría en febrero próximo, aunque el principal imputado -Bussi- no se encuentra bien de salud, razón por la que se le permitió que cumpla en casa de una de sus hijas la prisión preventiva que dispuso en su contra el juez federal Jorge Parache por la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, en 1976 (ver "Mañana...").
En FR admiten que, por el sistema de compensación de gastos, el PE dispuso de $ 4,1 millones, pero insisten en que esa cifra significó un ahorro de $ 3 millones en comparación con los $ 7 millones de Ramón Ortega.
En Fuerza Republicana (FR) confían en que mañana Antonio Bussi saldrá del Hospital Militar de Capital Federal y podrá pasar las fiestas navideñas en la casa que su hija Claudia posee en Pilar, provincia de Buenos Aires.
"Pero yo nunca pedí tal cosa, eso debe quedar bien claro". En FR aseguran que eso fue lo que dijo el ex gobernador cuando el viernes se enteró de que el juez federal número 1 de la provincia, Jorge Parache, había autorizado que el ex gobernador cumpla prisión preventiva en casa de un familiar. El 15 de octubre, el intendente electo de esta capital fue detenido y procesado por la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, ocurrida en 1976.
La decisión fue adoptada por el magistrado tras recibir el informe del médico Jorge Mrad, del Instituto de Tratamiento y Diagnóstico de la Capital Federal. El profesional aseguró que la internación en el Hospital Militar no le está haciendo bien al paciente, quien, además de los problemas cardíacos, sufre de depresión y bajó seis kilos.
Con alegría
El abogado Pablo Calvetti, quien adjuntó el informe de Mrad a Parache, afirmó que la familia Bussi recibió con alegría la medida ordenada por el juez y autorizada por el Código de Procedimiento Penal de la Nación. "Esperamos que el contacto con sus seres queridos le haga bien, de manera que pueda recuperarse y volver pronto a Tucumán, como él quiere", aseguró.
Parache libró un oficio al Estado Mayor del Ejército para que cumpla con la medida adoptada.







