Concedieron a Bussi el arresto domiciliario

El juez federal Jorge Parache concedió ayer el arresto domiciliario a Antonio Bussi, por los problemas cardíacos que padece. El magistrado ordenó la detención del ex gobernador en el marco de la causa que investiga la desaparición del ex senador del PJ Guillermo Vargas Aignasse, ocurrida en 1976.
Parache libró oficios a la Justicia Federal porteña y al Estado Mayor conjunto del Ejército para que cumplan la medida, ya que Bussi se encuentra internado en el Hospital Militar de Buenos Aires, en el barrio de Palermo.
El juez adoptó la medida luego de recibir un informe del médico Jorge Mrad, del Instituto de Tratamiento y Diagnóstico de la Capital Federal, quien aconsejó tres visitas por semana a ese establecimiento, para que realice ejercicios y se someta a controles.
El senador Ricardo Bussi y el abogado Pablo Calvetti confirmaron la resolución de Parache, quien les comunicó personalmente la decisión adoptada para que Bussi sea trasladado al domicilio de su hija Claudia, en la localidad bonaerense de Pilar.

Desmejoría
"El médico aclaró que el tratamiento actual no está produciendo efectos debido a su estado anímico y al agotamiento físico y psíquico", aseguró Calvetti, quien agregó que el ex mandatario bajó seis kilos desde que se encuentra detenido.
Mrad recomendó un tratamiento ambulatorio que, según Calvetti, "podría aplicarse sin violar la prisión preventiva".
Parache giró el informe del médico (trabaja en el equipo del cardiólogo Luis de la Fuente, titular de un instituto, que atiende a Bussi pese a estar internado en el Hospital Militar) al fiscal federal tucumano Jorge Ferrer, para que emita un dictamen.
La defensa del ex comandante de la Quinta Brigada de Infantería con asiento en Tucumán espera que la Cámara Federal de la provincia resuelva los recursos de apelación deducidos contra las resoluciones por las que Parache dispuso el procesamiento y la prisión preventiva de Bussi.
Bussi se encuentra internado desde hace un mes por los problemas cardíacos que padece. Cuando regrese a la provincia, además de la causa por la desaparición de Vargas Aignasse, deberá afrontar otra por el presunto manejo de $ 4,1 millones en gastos reservados durante su gobernación, entre 1995 y 1999.