Dan de baja a 93 estatales que cobraban doble ingreso, como jubilados y como activos

Olvido inocente o viveza criolla. En la administración pública se descubrió que varios empleados públicos cobraban dos remuneraciones: la jubilación ordinaria y el haber salarial. Esto era posible porque no habían comunicado su condición de pasivo al Estado provincial, el que seguía abonándoles los salarios mensualmente.
A causa de un cruzamiento de datos con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), el Poder Ejecutivo detectó la anormalidad y procedió a dar de baja, sin indemnización, a 93 estatales que se encontraban en esa situación, en su mayoría pertenecientes al sector docente.La decisión se adoptó a través del decreto 762/3, del miércoles pasado, firmado por el gobernador José Alperovich; por el ministro de Economía, Jorge Jiménez, y por el secretario general de la Gobernación, Antonio Jalil.
En los considerandos de la norma se subraya que se tuvieron en cuenta las pautas nacionales y provinciales de restricción del gasto público y, particularmente, la racionalización de las estructuras administrativas. Precisa que a partir de la aplicación de normas previsionales en vigencia se redujo la planta de empleados públicos, lo cual implica un ahorro en la planilla salarial del orden del $ 1 millón anual.
Además, se apunta que la verificación de la irregularidad surgió de un relevamiento que permitió constatar que estos empleados -algunos con dos años de jubilación-, continuaron en el servicio activo sin que medie ningún acto administrativo de reingreso al Estado.
"Esto configura un incumplimiento de la ley 24.241", manifestó Jalil a LA GACETA. Explicó que le corresponde al empleado público comunicar al empleador, en este caso el Estado, que ingresó a revestir como jubilado. Al no realizar esta comunicación, la Provincia le sigue pagando los sueldos como agente activo, al margen de la remuneración que percibe por su nueva condición de jubilado.
En el decreto se dispone el cese de actividades de los 93 empleados, "sin derecho a indemnización", y se invita a la Legislatura, Poder Judicial, municipalidades, comunas rurales, entes autárquicos y descentralizados a disponer medidas análogas.
Jalil adelantó que está realizando un nuevo relevamiento para cruzar con los datos de la Anses, de donde estima que surgirán nuevos casos. Aclaró que el Estado puede contratar a jubilados para que presten servicios -como ocurre con algunos funcionarios del Poder Ejecutivo-, pero subrayó que no se puede tener jubilados en su planta que no hayan comunicado su pase a la pasividad.
"No serán sancionados", señaló ante una consulta sobre posibles medidas en contra de los 93 empleados dados de baja.
Por otra parte, adelantó que el PE intimará a todos los empleados que estén en condición de jubilarse a iniciar el trámite correspondiente. Estimó que en 2004 deberían acogerse a la jubilación 1.000 estatales. "Eso implicaría un ahorro de casi $ 9 millones anuales", destacó.a