Por Redacción Política
20 Diciembre 2003
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"El Gobierno está proponiendo una puesta en comisión encubierta". El cuestionamiento es del Centro de la Justicia de Paz, en contra del proyecto que propone la creación de la Justicia de Paz Letrada. Mediante esa iniciativa, el Poder Ejecutivo quiere que los actuales jueces de paz legos pasen a ser secretarios de juzgado y que en sus puestos sean designados abogados.
Tito Figueroa y José Solano Lazarte, presidente y tesorero de la institución, puntualizaron que están de acuerdo con la jerarquización, pero apuntaron que para no violar derechos adquiridos ni garantías constitucionales ese proceso debe darse paulatinamente. "En la provincia hay 72 juzgados fijos y más seis de carácter itinerante -detallaron-. En ese marco, hay unos 15 jueces de paz que quieren retirarse o ser secretarios en Tribunales, de modo que no hay impedimento para encarar gradualmente la iniciativa, sin tomar medidas drásticas, que generarán decenas de costosos planteos judiciales contra el Estado", advirtieron.
Duración
"No queremos monarquías ni hegemonías, sino democracia", manifestaron Figueroa y Lazarte. "En la reforma constitucional de 1990 todos los partidos políticos coincidieron en que debía asegurarse la independencia del Poder Judicial", recordaron.
Precisamente, cuestionaron no sólo la propuesta del reemplazo compulsivo de los jueces legos por letrados, sino también la intención de fijar una duración de cuatro años de esos funcionarios judiciales, en lugar de que se mantengan mientras dure su buena conducta, como ocurre hoy.
Advertencia
Cabe recordar que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur, advirtió el domingo pasado que la medida propuesta por el Gobierno puede generar, de aplicarse, una andanada de demandas contra la Provincia.
"El sistema fijado por la Constitución establece que el Poder Ejecutivo los propone y que la Corte presta el acuerdo -precisó-. Esos acuerdos fueron dados oportunamente y para una figura en particular. Los jueces de paz fueron elegidos para esas funciones", sentenció.
Tito Figueroa y José Solano Lazarte, presidente y tesorero de la institución, puntualizaron que están de acuerdo con la jerarquización, pero apuntaron que para no violar derechos adquiridos ni garantías constitucionales ese proceso debe darse paulatinamente. "En la provincia hay 72 juzgados fijos y más seis de carácter itinerante -detallaron-. En ese marco, hay unos 15 jueces de paz que quieren retirarse o ser secretarios en Tribunales, de modo que no hay impedimento para encarar gradualmente la iniciativa, sin tomar medidas drásticas, que generarán decenas de costosos planteos judiciales contra el Estado", advirtieron.
Duración
"No queremos monarquías ni hegemonías, sino democracia", manifestaron Figueroa y Lazarte. "En la reforma constitucional de 1990 todos los partidos políticos coincidieron en que debía asegurarse la independencia del Poder Judicial", recordaron.
Precisamente, cuestionaron no sólo la propuesta del reemplazo compulsivo de los jueces legos por letrados, sino también la intención de fijar una duración de cuatro años de esos funcionarios judiciales, en lugar de que se mantengan mientras dure su buena conducta, como ocurre hoy.
Advertencia
Cabe recordar que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur, advirtió el domingo pasado que la medida propuesta por el Gobierno puede generar, de aplicarse, una andanada de demandas contra la Provincia.
"El sistema fijado por la Constitución establece que el Poder Ejecutivo los propone y que la Corte presta el acuerdo -precisó-. Esos acuerdos fueron dados oportunamente y para una figura en particular. Los jueces de paz fueron elegidos para esas funciones", sentenció.
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