Por Redacción Política
18 Diciembre 2003
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La Caja Popular de Ahorros necesita urgentemente ser capitalizada. Su poca disponibilidad de recursos le impide ampliar operaciones y en este momento está en un delicado equilibrio, que sólo le asegura la subsistencia a partir de la asistencia del Estado.
Esta emergencia está siendo analizada contra reloj en la comisión de Hacienda de la Legislatura, donde existe consenso entre oficialismo y oposición para que el Poder Ejecutivo le transfiera $11 millones, como regularización de acreencias recíprocas. El proyecto de ley en estudio faculta a la Provincia a realizar un convenio específico con la Caja para compensar las deudas que tienen en común.
En junio pasado, durante la anterior gestión provincial, se suscribió un acta acuerdo precisamente con ese contenido y por el mismo monto en debate, que está pendiente de tratamiento en la Cámara. Pero la idea dominante es no avalar la labor que realizó Carlos Cisneros en la entidad -por las diferencias políticas existentes dentro del PJ-, sino habilitar a José Alperovich a firmar un nuevo convenio con el interventor de la Caja, Juan Carlos Veiga.
Al recinto
El tema sería resuelto en la última sesión del año, que tendría lugar la semana próxima. El objetivo es que la única institución crediticia estatal de la provincia pueda comenzar 2004 con sus finanzas más holgadas.
El pedido de más recursos fue el asunto central de la reunión que Veiga mantuvo con los legisladores de Hacienda días pasados. En el encuentro quedó claro que deben tomarse decisiones de fondo sobre ciertas áreas de la entidad que son deficitarias, como el Hipódromo, del que dependen unas 500 familias, o el siempre conflictivo Casino.
Sin privatizaciones
En ningún momento se habló de privatizar ninguna de los dos sectores, pero se deslizó la posibilidad de disponer gerenciamientos. El año próximo vence el convenio con el Jockey Club por el Hipódromo, y no sería prorrogado.
Veiga detalló los ahorros que viene realizando la institución para cubrir su déficit operativo mensual, que llegó a ser de $ 1,6 millón. El funcionario anunció que sólo en recortes de horas extras ya se suprimieron gastos por $ 360.000 mensuales. Además, la Provincia se hará cargo de los aportes especiales dispuestos al Siprosa el año pasado ($ 400.000 por mes) y para la Copa de Leche ($ 250.000 por mes). Estas decisiones causan gran alivio, luego de que asfixiaron a la entidad.
Informes periódicos
El interventor de la Caja obtuvo un fuerte y firme respaldo parlamentario a su labor, que se manifestará con la sanción de la ley en análisis. También existió un compromiso de mantener informada a la Cámara sobre la evolución económico-financiera de la entidad de crédito.
Más presupuesto
Desde la Provincia se impulsaría, además, un aumento de fondos para la institución en el Presupuesto 2004, del que aún falta que lleguen los datos más importantes a la Legislatura. Trascendió que, por la ausencia de los detalles sobre las partidas específicas que recibirá cada repartición del Estado, la comisión de Hacienda trataría este proyecto en febrero.
Ese cuerpo legislativo se reuniría el lunes, oportunidad en que se dictaminaría a favor del nuevo Código Tributario, que es insistentemente reclamado desde la Casa de Gobierno. En esa ocasión se avanzará con el proyecto para capitalizar la Caja.
La iniciativa fija una total
compensación de deudas
El proyecto de ley de capitalización de la Caja Popular de Ahorros contempla la compensación de todas las deudas (en pesos o en títulos públicos) que mantienen entre sí el Poder Ejecutivo y la entidad crediticia, hasta el 31 de diciembre del año pasado.
La propuesta faculta al Ministerio de Economía a desembolsar los $ 11 millones de la capitalización en los plazos que acuerde con la Caja. A su vez, la entidad deberá ajustar sus estados contables a la nueva realidad financiera y se tendrán que efectuar los ajustes correspondientes en el Presupuesto 2004, todavía en análisis tanto en la sede del Poder Ejecutivo como en la Legislatura.
La iniciativa prevé que, una vez firmado el convenio de regularización de acreencias, no se pueda reclamar ninguno de los activos alcanzados por el acuerdo.
Artículo en debate
El punto más delicado del proyecto es el artículo 2, que dispone que "el PE toma a su cargo las deudas que mantienen con la Caja, al 31 de diciembre de 2002, los municipios y comunas rurales en concepto de seguro colectivo obligatorio y seguro de riesgos del trabajo".
Si se sanciona esta disposición, el nuevo acreedor de los municipios y las comunas será el propio Gobierno, en vez de la Caja. Ante eso, los respectivos Concejos Deliberantes deberán dictar las ordenanzas que habiliten a la Provincia a cancelar sus deudas, mediante subrogación. De ese modo, el PE generaría un potencial nuevo foco de presión sobre las administraciones del interior, hecho que no le pasó por alto a los parlamentarios del justicialismo.
Por separado
Esta alternativa preocupó a varios ex intendentes que son ahora legisladores, como Víctor Lossi (Banda del Río Salí) y Alejandro Martínez (Tafí Viejo), quienes integran la comisión de Hacienda, donde se analiza la propuesta.
En las conversaciones se avanzó sobre la posibilidad de una condonación de estas deudas por los seguros que beneficie a municipios y comunas y que elimine toda responsabilidad pecuniaria. Caso contrario, sólo se cambia de deudor. Esta reforma no integraría la ley en debate, sino que se impulsaría a través de un proyecto por separado.
El PE admitió que no le pagó $ 26 millones a la institución
La compensación de deudas entre la Caja Popular de Ahorros y la Provincia permitirá a la entidad crediticia ingresar $ 11 millones en fondos frescos, con los cuales potenciará su sector de créditos para los pequeños y medianos emprendimientos. La medida, que sería autorizada la próxima semana por el Poder Legistivo, tiene tras de sí una larga historia.
Durante la gestión pasada, los ingresos de la Caja fueron comprometidos por la Cámara para distintos planes sociales, como la "Copa de Leche" o la atención sanitaria del Siprosa. Como las utilidades no alcanzaban para atender estas obligaciones, comenzaron a ser cubiertas por el Poder Ejecutivo, lo que le generó una millonaria deuda a la Caja que agravó su situación financiera hasta la fecha.
La Caja, por su parte, venía atendiendo otras necesidades y objetivos del Gobierno que no estaban dentro de sus compromisos formales. De este modo, el PE también se transformó en deudor de la institución.
Un pacto clave
A mitad de este año, el entonces ministro de Gobierno (a cargo de la cartera de Economía), Manuel Pedernera, y el presidente de la Caja, Carlos Cisneros, firmaron un acta convenio para compensar créditos y deudas entre ambas estructuras.
Como consecuencia del pacto, se definía una compensación de $ 11 millones para la Caja, la misma cifra que se pretende capitalizar ahora.
En el convenio, la Caja reconoció una deuda al Gobierno de $ 39 millones, mientras que el PE admitió que le adeuda a la institución $ 26 millones. Algunas de las cuentas impagas se remontan a 1989, y figuran aportes a ingenios, gastos de publicidad y seguros de vida impagos que fueron afrontados por la Caja.
El escrito debía ser ratificado por la Legislatura para su plena vigencia. El principal impulsor de esta decisión fue el ex ministro de Economía, José Alberto Cúneo Vergés, quien ahora preside la comisión de Hacienda. Pero existieron crecientes reservas para su aprobación lisa y llana. La resistencia nació dentro del propio oficialismo, que no quiere aprobar ninguna cuenta que lleve la firma de Cisneros.
La capitalización reclamada saldría a través de una ley especial que no avalaría el acta aunque autorizaría al PE a suscribir otra con el mismo su contenido.
Esta emergencia está siendo analizada contra reloj en la comisión de Hacienda de la Legislatura, donde existe consenso entre oficialismo y oposición para que el Poder Ejecutivo le transfiera $11 millones, como regularización de acreencias recíprocas. El proyecto de ley en estudio faculta a la Provincia a realizar un convenio específico con la Caja para compensar las deudas que tienen en común.
En junio pasado, durante la anterior gestión provincial, se suscribió un acta acuerdo precisamente con ese contenido y por el mismo monto en debate, que está pendiente de tratamiento en la Cámara. Pero la idea dominante es no avalar la labor que realizó Carlos Cisneros en la entidad -por las diferencias políticas existentes dentro del PJ-, sino habilitar a José Alperovich a firmar un nuevo convenio con el interventor de la Caja, Juan Carlos Veiga.
Al recinto
El tema sería resuelto en la última sesión del año, que tendría lugar la semana próxima. El objetivo es que la única institución crediticia estatal de la provincia pueda comenzar 2004 con sus finanzas más holgadas.
El pedido de más recursos fue el asunto central de la reunión que Veiga mantuvo con los legisladores de Hacienda días pasados. En el encuentro quedó claro que deben tomarse decisiones de fondo sobre ciertas áreas de la entidad que son deficitarias, como el Hipódromo, del que dependen unas 500 familias, o el siempre conflictivo Casino.
Sin privatizaciones
En ningún momento se habló de privatizar ninguna de los dos sectores, pero se deslizó la posibilidad de disponer gerenciamientos. El año próximo vence el convenio con el Jockey Club por el Hipódromo, y no sería prorrogado.
Veiga detalló los ahorros que viene realizando la institución para cubrir su déficit operativo mensual, que llegó a ser de $ 1,6 millón. El funcionario anunció que sólo en recortes de horas extras ya se suprimieron gastos por $ 360.000 mensuales. Además, la Provincia se hará cargo de los aportes especiales dispuestos al Siprosa el año pasado ($ 400.000 por mes) y para la Copa de Leche ($ 250.000 por mes). Estas decisiones causan gran alivio, luego de que asfixiaron a la entidad.
Informes periódicos
El interventor de la Caja obtuvo un fuerte y firme respaldo parlamentario a su labor, que se manifestará con la sanción de la ley en análisis. También existió un compromiso de mantener informada a la Cámara sobre la evolución económico-financiera de la entidad de crédito.
Más presupuesto
Desde la Provincia se impulsaría, además, un aumento de fondos para la institución en el Presupuesto 2004, del que aún falta que lleguen los datos más importantes a la Legislatura. Trascendió que, por la ausencia de los detalles sobre las partidas específicas que recibirá cada repartición del Estado, la comisión de Hacienda trataría este proyecto en febrero.
Ese cuerpo legislativo se reuniría el lunes, oportunidad en que se dictaminaría a favor del nuevo Código Tributario, que es insistentemente reclamado desde la Casa de Gobierno. En esa ocasión se avanzará con el proyecto para capitalizar la Caja.
La iniciativa fija una total
compensación de deudas
El proyecto de ley de capitalización de la Caja Popular de Ahorros contempla la compensación de todas las deudas (en pesos o en títulos públicos) que mantienen entre sí el Poder Ejecutivo y la entidad crediticia, hasta el 31 de diciembre del año pasado.
La propuesta faculta al Ministerio de Economía a desembolsar los $ 11 millones de la capitalización en los plazos que acuerde con la Caja. A su vez, la entidad deberá ajustar sus estados contables a la nueva realidad financiera y se tendrán que efectuar los ajustes correspondientes en el Presupuesto 2004, todavía en análisis tanto en la sede del Poder Ejecutivo como en la Legislatura.
La iniciativa prevé que, una vez firmado el convenio de regularización de acreencias, no se pueda reclamar ninguno de los activos alcanzados por el acuerdo.
Artículo en debate
El punto más delicado del proyecto es el artículo 2, que dispone que "el PE toma a su cargo las deudas que mantienen con la Caja, al 31 de diciembre de 2002, los municipios y comunas rurales en concepto de seguro colectivo obligatorio y seguro de riesgos del trabajo".
Si se sanciona esta disposición, el nuevo acreedor de los municipios y las comunas será el propio Gobierno, en vez de la Caja. Ante eso, los respectivos Concejos Deliberantes deberán dictar las ordenanzas que habiliten a la Provincia a cancelar sus deudas, mediante subrogación. De ese modo, el PE generaría un potencial nuevo foco de presión sobre las administraciones del interior, hecho que no le pasó por alto a los parlamentarios del justicialismo.
Por separado
Esta alternativa preocupó a varios ex intendentes que son ahora legisladores, como Víctor Lossi (Banda del Río Salí) y Alejandro Martínez (Tafí Viejo), quienes integran la comisión de Hacienda, donde se analiza la propuesta.
En las conversaciones se avanzó sobre la posibilidad de una condonación de estas deudas por los seguros que beneficie a municipios y comunas y que elimine toda responsabilidad pecuniaria. Caso contrario, sólo se cambia de deudor. Esta reforma no integraría la ley en debate, sino que se impulsaría a través de un proyecto por separado.
El PE admitió que no le pagó $ 26 millones a la institución
La compensación de deudas entre la Caja Popular de Ahorros y la Provincia permitirá a la entidad crediticia ingresar $ 11 millones en fondos frescos, con los cuales potenciará su sector de créditos para los pequeños y medianos emprendimientos. La medida, que sería autorizada la próxima semana por el Poder Legistivo, tiene tras de sí una larga historia.
Durante la gestión pasada, los ingresos de la Caja fueron comprometidos por la Cámara para distintos planes sociales, como la "Copa de Leche" o la atención sanitaria del Siprosa. Como las utilidades no alcanzaban para atender estas obligaciones, comenzaron a ser cubiertas por el Poder Ejecutivo, lo que le generó una millonaria deuda a la Caja que agravó su situación financiera hasta la fecha.
La Caja, por su parte, venía atendiendo otras necesidades y objetivos del Gobierno que no estaban dentro de sus compromisos formales. De este modo, el PE también se transformó en deudor de la institución.
Un pacto clave
A mitad de este año, el entonces ministro de Gobierno (a cargo de la cartera de Economía), Manuel Pedernera, y el presidente de la Caja, Carlos Cisneros, firmaron un acta convenio para compensar créditos y deudas entre ambas estructuras.
Como consecuencia del pacto, se definía una compensación de $ 11 millones para la Caja, la misma cifra que se pretende capitalizar ahora.
En el convenio, la Caja reconoció una deuda al Gobierno de $ 39 millones, mientras que el PE admitió que le adeuda a la institución $ 26 millones. Algunas de las cuentas impagas se remontan a 1989, y figuran aportes a ingenios, gastos de publicidad y seguros de vida impagos que fueron afrontados por la Caja.
El escrito debía ser ratificado por la Legislatura para su plena vigencia. El principal impulsor de esta decisión fue el ex ministro de Economía, José Alberto Cúneo Vergés, quien ahora preside la comisión de Hacienda. Pero existieron crecientes reservas para su aprobación lisa y llana. La resistencia nació dentro del propio oficialismo, que no quiere aprobar ninguna cuenta que lleve la firma de Cisneros.
La capitalización reclamada saldría a través de una ley especial que no avalaría el acta aunque autorizaría al PE a suscribir otra con el mismo su contenido.
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