Frenan de nuevo las obras de La Olla

Faltaban apenas dos días para que Julio Miranda dejara el cargo de gobernador. En esas últimas horas tuvo tiempo suficiente para firmar el decreto 2834/1, por el cual reavivó la polémica generada por la construcción de un centro comercial en la zona de La Olla, en Yerba Buena.
El titular de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Rodolfo Novillo, ordenó que no se ejecute el decreto de Miranda hasta tanto ese tribunal no se expida sobre el fondo del asunto y resuelva la concesión del predio estatal.
En la norma cuestionada, el ex gobernador había desautorizado al entonces interventor de Yerba Buena, Pedro Migliorini, quien había dispuesto (mediante la ordenanza 1.291/03) la nulidad absoluta de los decretos de adjudicación de tierras a la empresa Inversiones del Aconquija firmados por su antecesor, Jorge Lobo Aragón.
Miranda otorgó un recurso jerárquico a la empresa, que se quejó por la nulidad de la adjudicación, y consideró que Migliorini "omitió el resguardo mínimo de las garantías constitucionales" al tratarse de un contrato efectuado luego de un proceso licitatorio. Por el contrario, remarcó que el ex interventor debió haber recurrido a la Justicia para obtener la nulidad de los decretos de Lobo Aragón. La decisión fue firmada, además, por el entonces ministro de Gobierno, Manuel Pedernera.

Rechazo judicial
Novillo rechazó los argumentos del ex titular del PE. "Yerba Buena se rige por sus propias normas municipales, que consagran la obligación de revocar al acto nulo por razones de legitimidad. Es un medio -dijo el juez- para hacer efectivo en forma directa e inmediata el régimen jurídico de las nulidades administrativas. Llama la atención la expresiva limitación de la ordenanza 1.291/03, que reconoció en forma expresa la necesidad de demandar judicialmente la restitución del inmueble", agregó.
Novillo resaltó que existe una posibilidad cierta y manifiesta de que el acto (del PE) impugnado incida perjudicialmente y con cierta gravedad sobre la comunidad. También sostuvo que en la decisión de Miranda no se indagó ninguna de las normas jurídicas invocadas para revocar la ordenanza de Migliorini.