El Tribunal de Cuentas criticó nombramientos efectuados por Rojas

La actuación de Juan Eduardo Rojas como defensor del pueblo había sido objetada por el Tribunal de Cuentas, que cuestionó las designaciones de personal en violación a las normas legales vigentes, lo que obligó a efectuar traspasos de partidas para atender el gasto en sueldos en la repartición.
El acuerdo 1.550 fue firmado el 13 de noviembre pasado, cuando Rojas ya era legislador por el PJ. Pero se refiere a decisiones adoptadas en agosto por el ex ombudsman, cuando dispuso reencasillamientos y nombramientos en la planta de personal temporario sin cumplir con los pasos administrativos exigibles, y transferencias de fondos para soportar las nuevas erogaciones, que no estaban contempladas en el presupuesto. La resolución se conoció recién en esta semana.
Los miembros del Tribunal, Sergio Díaz Ricci, Darío Domingo de Prada y Miguel Chaibén Terraf, advirtieron que deben observarse estrictamente las disposiciones legales en vigencia, para evitar la reiteración de situaciones como las que motivan esta actuación, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley de Administración Financiera. Esa norma prevé sanciones de apercibimiento y/o multa en caso de obstrucción a la actuación de la institución o de desobediencia a los acuerdos.
Este desfase de fondos dejó sin recursos para los gastos corrientes a la Defensoría. Su flamante titular, Luis Acosta, solicitó un aporte especial de la Provincia de $ 40.000 para cumplir con las obligaciones salariales hasta fin de año, y cesanteó a todos los designados en los últimos seis meses. La lista incluye a los parientes políticos y amigos de Rojas.

Resoluciones objetadas
El ente de control cuestionó puntualmente las resoluciones 176, 177, 178 y 179, dictadas por Rojas el 7 de agosto y por las cuales designó y jerarquizó a empleados transitorios. Esta medida fue dispuesta en violación a la Ley de Administración Financiera, ya que no pasó por el control preventivo en tiempo y forma. "La repartición carecía de crédito presupuestario para hacer frente a las erogaciones, situación que se regulariza el 27 de agosto con el dictado del Decreto 1921/3 (Secretaría de Hacienda), por el cual se compensan créditos", advirtieron los vocales.
Pese a que el presupuesto 2003 de la institución era de $1,2 millón, se requirió a la gestión de Julio Miranda una ampliación de la partida salarial que superó los $86.000, suma con la cual se cubrieron los haberes del personal temporario de agosto, setiembre y octubre pasado.