Dan de baja en la Defensoría del Pueblo a 25 designaciones realizadas por Rojas

Las cuentas de la Defensoría del Pueblo están en rojo. En las primeras 48 horas al frente de la institución, Luis Acosta debió pedir urgentemente al Poder Ejecutivo una partida adicional de $ 40.000 para asegurar el pago de sueldos, vacaciones y aguinaldos a los empleados. Se adujo que en las arcas de la institución no quedaba ni un peso.
El presupuesto anual de la repartición es de $ 1,2 millón, lo que representa un margen de gastos de $ 100.000 por mes. "Casi todo fue consumido y agotado por la partida de personal, que ahora nos vimos obligados a reducir. Hemos dado de baja las 25 designaciones en cargos contratados y en la planta permanente de las personas que no tenían trabajo previo en la entidad, efectuadas en los últimos seis meses", anunció el ombudsman.
El funcionario dijo que se encontró con una situación alarmante, con las cuentas embargadas; sin papel ni impresoras que funcionen; con computadoras obsoletas; con discos rígidos colmatados y sin un peso para hacer las compras indispensables para funcionar.
"Esta crisis me exige hacer reordenamientos y reducir gastos, como las bonificaciones y las horas extras. La opción era atender a los intereses particulares o al general de la Defensoría, así que no hay ninguna caza de brujas", explicó Acosta.
La lista de los cesanteados incluye a los parientes políticos y amigos del ex ombudsman y actual legislador Juan Eduardo Rojas, quien se habría quejado por esta decisión ante el defensor adjunto Hugo Muroni, acusándolo de destruir al peronismo. El cruce de palabras no pasó a un incidente mayor.
Entre quienes se quedan sin trabajo figuran los contratados Marcia Retamar, María Florencia Minak, Julián Jalil, Mónica Colar, Sara Sabra, Zulma Salomón, Daniel Vildoza, Néstor Sayavedra y Augusto Usandivaras. La decisión alcanza a los empleados de planta permanente Ana Carolina Barros, María Rosa Brandán, Juan Guerra y Cinthia Varela, designados el 28 de octubre pasado. El promedio salarial era de unos $ 500, lo que arrojaba un gasto superior a los $ 10.000 por mes.
Muroni preguntó "con qué autoridad moral se puede criticar a otras reparticiones del Estado cuando en esta misma casa había designaciones de esta naturaleza". Ahora quedarán 65 empleados en la repartición en las distintas categorías.

Analizar el pasado
Acosta admitió que se analizarán todo el manejo administrativo efectuado en la gestión Rojas. "Vamos a estudiar todas las cuentas, ya pedimos un informe sobre el estado de los servicios", dijo.
El nuevo ombudsman transitorio, cuya designación vence el 10 de junio de 2004, quiso llevar tranquilidad al resto de los empleados. Afirmó que, por el momento, no se tocará a nadie que haya sido recategorizado o pasado de contratado a planta permanente. "Se analizará caso por caso, y todo aquel que trabaje efectivamente, no tendrá ningún problema en continuar", señaló.
"Si tomábamos medidas drásticas, que no son de mi agrado, teníamos que cerrar la Defensoría. Tengo el pleno apoyo y compromiso del Ejecutivo y de la Legislatura para funcionar, y vamos a crear la delegación en el Sur, que estará a cargo de Muroni. Hay varias ONG que ofrecieron locales, y desde la semana que viene estaremos en la calle para que se sepa que hay una institución que defiende a la gente", concluyó.

Encuentro
Hoy, a las 11, Acosta recibirá la visita de Jorge Maiorano, quien fue el primer defensor del pueblo de la Nación. El ex funcionario estará acompañado del vocal del Tribunal de Cuentas Sergio Díaz Ricci, el primer ombudsman que tuvo la provincia.