Maniobras con fondos del Estado

El fiscal de Estado denunció, como lo informamos ayer, la aparente existencia de una maniobra dolosa en la Administración Pública; maniobra que sirvió para que fondos de retenciones del área de Educación se desviaran a favor de una empresa privada. El citado funcionario señaló que se dispuso una auditoría, se requirió la intervención del Tribunal de Cuentas y se formalizó la correspondiente denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. El titular de esa última, según también informamos, ya ha realizado varios allanamientos con motivo de la investigación encarada.
Como bien lo afirma el fiscal de Estado, una maniobra delictiva de esa índole no puede ser realizada si no se cuenta con cómplices dentro de la estructura administrativa oficial. Resulta necesario, entonces, que aquellos sean detectados y debidamente responsabilizados ante la Justicia. Asimismo, es preciso investigar, como también expresa el fiscal, si irregularidades de tipo similar se han consumado también en otros organismos del Estado. No deja de resultar paradójico que ocurran tales delitos. En teoría, cualquier movimiento de dinero del Estado es algo sometido a una serie de verificaciones y contraverificaciones. Todo expediente que signifique una erogación, por mínima que sea, viaja durante días y hasta meses por diversos escritorios donde cosecha providencias y sellos a granel, además de obligar al llenado de formularios por duplicado y cuadruplicado. A esto lo conocen de memoria -y lo sufren- tanto todos los funcionarios que deben realizar un gasto, como quienes, desde el otro ángulo, gestionan que se les pague lo que el Estado les adeuda.
Es decir que la salida de dinero del Tesoro público está signada por innumerables y espinosos trámites. Tantos, que han echado sobre el Estado, desde siempre, la fama de pésimo y tardío pagador. Como es sabido, dichas complicaciones determinan, con mucha frecuencia, que los proveedores, a la hora de cotizar precios para cualquier repartición pública, pongan cifras altas a sus ofertas. Es que quieren resarcirse, con el sobreprecio, de la pérdida que tendrán a causa de la infaltable demora para percibir sus acreencias. Y la paradoja es que, a pesar de esta malla de reiterados controles y requisitos, y de la Ley de Contabilidad con sus puntillosos reglamentos, de pronto nos encontramos con que el dinero oficial puede desviarse en forma delictiva. No solamente eso, sino que el drenaje irregular puede mantenerse impune durante largo tiempo -como parece haber sido el caso que nos ocupa- sin que se lo llegue a detectar y sancionar.
Del escándalo de las desviaciones en Educación puede, entonces, extraerse sin esfuerzo una ilustrativa lección. Ella es que existe una falla grave en el sistema del gasto público, y que la seguridad de los múltiples verificaciones no es sino aparente. Basta la destreza de los inventores de la maniobra delictiva para defraudar al Tesoro público, cosa que por cierto no puede tolerarse. Vistas así las cosas, parece evidente que hay dos pasos inmediatos a seguir. En primer lugar, por cierto que ha de efectuarse la investigación exhaustiva, a los fines de precisar la dimensión total del fraude, como la identidad de quienes, por acción u omisión, lo facilitaron; estos deben ser apartados de la administración y procesados civil y penalmente.
Porque debe quedar claro que no puede existir impunidad en la materia, y que el funcionario infiel debe considerarse una lacra para el Estado que confió en su tarea y que le paga un sueldo. Pero, al mismo tiempo, pensamos que debe revisarse toda la estructura legal del mecanismo de pago. Es muy probable que su misma complicación y abundancia de expedienteo otorgue facilidades para la comisión de actos delictivos. Como es muy probable que un nuevo diseño del mecanismo, más simplificado, resulte mucho más eficaz, finalmente, para garantizar el uso correcto de los fondos públicos en todos los casos.