Las leyes polémicas que fueron sancionadas por la anterior Legislatura y que ya están en práctica, siguen siendo cuestionadas en el ámbito judicial. Ayer, el dirigente del Movimiento Popular y Progresista, Oscar López, planteó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ordene al máximo tribunal de la provincia que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad.
En la presentación se insistió en que las leyes cuestionadas afectan principios constitucionales por vulnerar el régimen republicano de división de poderes, el debido proceso legal y los derechos humanos y laborales.
En el trámite judicial ya cumplido, la Corte provincial resolvió que no le correspondía controlar si las normas eran constitucionales y se abstuvo de pronunciarse en este aspecto. López consideró que esa decisión produjo "una intolerable afectación al orden jurídico federal, con arbitrariedad y gravedad institucional manifiesta, porque posibilitó la vigencia de leyes provinciales contrarias a la Carta Magna Nacional". También acusó al máximo tribunal de no haber fundado adecuadamente su sentencia y de haberse contradicho con fallos anteriores. Sacó de su crítica al vocal Alberto José Brito, quien votó en disidencia con el resto de la Corte.
El ex candidato a legislador fustigó nuevamente la modificación del régimen de ratificación de los decretos de necesidad y urgencia; la reducción a una sola Cámara de Apelaciones, en vez de las siete vigentes antes; la merma de votos legislativos para intervenir municipios y comunas; y la autorización al Poder Ejecutivo para trasladar empleados públicos sin consenso expreso.
En la presentación se insistió en que las leyes cuestionadas afectan principios constitucionales por vulnerar el régimen republicano de división de poderes, el debido proceso legal y los derechos humanos y laborales.
En el trámite judicial ya cumplido, la Corte provincial resolvió que no le correspondía controlar si las normas eran constitucionales y se abstuvo de pronunciarse en este aspecto. López consideró que esa decisión produjo "una intolerable afectación al orden jurídico federal, con arbitrariedad y gravedad institucional manifiesta, porque posibilitó la vigencia de leyes provinciales contrarias a la Carta Magna Nacional". También acusó al máximo tribunal de no haber fundado adecuadamente su sentencia y de haberse contradicho con fallos anteriores. Sacó de su crítica al vocal Alberto José Brito, quien votó en disidencia con el resto de la Corte.
El ex candidato a legislador fustigó nuevamente la modificación del régimen de ratificación de los decretos de necesidad y urgencia; la reducción a una sola Cámara de Apelaciones, en vez de las siete vigentes antes; la merma de votos legislativos para intervenir municipios y comunas; y la autorización al Poder Ejecutivo para trasladar empleados públicos sin consenso expreso.







