El Tribunal de Cuentas no objetó la compra de alimentos del PE

El Tribunal de Cuentas no objetó el mecanismo de la compra de mercadería en forma directa que realizó el Poder Ejecutivo poco antes de los comicios de diputados y senadores nacionales, previo cotejo de precios, por más de $ 2,7 millones. La decisión fue adoptada en los acuerdos 1.436 y 1.437, firmados por Miguel Terraf, Sergio Díaz Ricci y Darío Domingo de Prada.
Los acuerdos son del 17 de octubre pasado, apenas una semana después de que la secretaría de Desarrollo Humano dictó las resoluciones administrativas para comprar los alimentos. Los fondos fueron remitidos por la Nación, en el marco del programa "El hambre más urgente".
En total, se adquirieron casi 140.000 módulos alimentarios. La distribución de esos bolsones, pocos días antes de las elecciones de octubre, fue denunciada penalmente por el dirigente del Movimiento Popular y Progresista, Oscar López, pero la causa aún no registra avances de importancia en la Justicia Federal. En esas fechas también efectuaron planteos contra el Gobierno el titular del Partido Laborista, Osvaldo Cirnigliaro, y el presidente de Red de Defensa del Consumidor (Redeco), Ramón Luna.
La causa está en la Secretaría Electoral del Juzgado Federal, a cargo de Felipe Terán, y entiende el fiscal federal Emilio Ferrer."Ratificamos dos veces la denuncia, y esperamos novedades. Se debe terminar con el clientelismo político y transparentar el sistema electoral para que se respete la voluntad del pueblo", explicó López.

Debidamente justificado
Según los miembros del Tribunal de Cuentas, el mecanismo escogido para la compra de los bolsones no está en tela de juicio. Los acuerdos no avanzan sobre el monto específico de las operaciones, el valor de lo adquirido o su correlación con la cotización en plaza. El organismo consideró que "se encuentra debidamente justificada y resulta jurídicamente inobjetable el acto, ya que la urgencia es el sustento habilitante del mecanismo de excepción que se propicia en esta contratación directa por la emergencia alimentaria en todo el país".
El convenio firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el PE prevé que "en la ejecución de los recursos recepcionados se deberá observar el cumplimiento de las normas de control vigentes en la jurisdicción". Por esta cláusula, el Tribunal consideró adecuado el procedimiento usado y defendió su competencia en la materia.