06 Diciembre 2003 Seguir en 
La Fiscalía V avanza con la investigación encomendada por la Corte acerca de falsas denuncias que habrían presentado varias personas para poder acceder de esa forma a los oficios judiciales que les permitían movilizarse en costosas camionetas 4x4 y en lujosos vehículos, todos ilegales, por el territorio provincial.
Hasta el momento los investigadores, supervisados por el fiscal Alejandro Noguera y el secretario Roque Medina, habrían detectado irregularidades en varias de las presentaciones. El escándalo de las 4x4 fue el detonante para que esta investigación se pusiera en marcha.
Lo que se determinó hasta el momento es que los sospechosos utilizaban un modus operadi similar. Una persona llegaba a la Fiscalía y denunciaba que había sido estafada por un vendedor de vehículos, por lo que pedía que, hasta que la causa se resolviera, le permitieran transitar en el vehículo. Para ello se le entregaba un oficio, y el denunciante -con ese documento- utilizaba el rodado sin problemas. Lo que hasta aquí advirtieron en la Fiscalía V es que muchas de las denuncias eran falsas. Por ejemplo, hubo casos en los que el domicilio y a veces la identidad del presunto estafador-vendedor no eran reales. El problema es que esa grave anomalía no era debidamente chequeada en la Fiscalía en la que se hacía la denuncia, por lo que -conscientemente o no- desde el Poder Judicial se colaboraba con los acusados.
Conexidad
La causa que lleva adelante Noguera tiene mucha conexión con la que tiene en sus manos el juez federal Felipe Terán, quien ya tiene más de 40 vehículos secuestrados y más de 15 personas procesadas, entre ellos los también detenidos Pedro Tomas y el ex prosecretario judicial Hugo Jorge Tarifa. Otro prosecretario, Hugo Jerónimo Lazarte, también procesado, estaría a punto de quedar cesante por decisión de la Corte. El problema que se le presentará en la Justicia local será el de encuadrar el delito contra los sospechosos sin interferir en el trabajo de la Justicia Federal (una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito). Por eso, mientras Terán calificó la causa como enriquecimiento ilícito por lavado de bienes activos -a lo que podría sumarse la figura de la asociación ilícita-, Noguera podría acusar sólo por falsa denuncia. La Corte sigue de cerca esta investigación, ya que lo que surja de ella podría causar nuevos sumarios contra empleados, a los que se acusaría de no haber investigado debidamente las denuncias que se realizaban.
Hasta el momento los investigadores, supervisados por el fiscal Alejandro Noguera y el secretario Roque Medina, habrían detectado irregularidades en varias de las presentaciones. El escándalo de las 4x4 fue el detonante para que esta investigación se pusiera en marcha.
Lo que se determinó hasta el momento es que los sospechosos utilizaban un modus operadi similar. Una persona llegaba a la Fiscalía y denunciaba que había sido estafada por un vendedor de vehículos, por lo que pedía que, hasta que la causa se resolviera, le permitieran transitar en el vehículo. Para ello se le entregaba un oficio, y el denunciante -con ese documento- utilizaba el rodado sin problemas. Lo que hasta aquí advirtieron en la Fiscalía V es que muchas de las denuncias eran falsas. Por ejemplo, hubo casos en los que el domicilio y a veces la identidad del presunto estafador-vendedor no eran reales. El problema es que esa grave anomalía no era debidamente chequeada en la Fiscalía en la que se hacía la denuncia, por lo que -conscientemente o no- desde el Poder Judicial se colaboraba con los acusados.
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La causa que lleva adelante Noguera tiene mucha conexión con la que tiene en sus manos el juez federal Felipe Terán, quien ya tiene más de 40 vehículos secuestrados y más de 15 personas procesadas, entre ellos los también detenidos Pedro Tomas y el ex prosecretario judicial Hugo Jorge Tarifa. Otro prosecretario, Hugo Jerónimo Lazarte, también procesado, estaría a punto de quedar cesante por decisión de la Corte. El problema que se le presentará en la Justicia local será el de encuadrar el delito contra los sospechosos sin interferir en el trabajo de la Justicia Federal (una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito). Por eso, mientras Terán calificó la causa como enriquecimiento ilícito por lavado de bienes activos -a lo que podría sumarse la figura de la asociación ilícita-, Noguera podría acusar sólo por falsa denuncia. La Corte sigue de cerca esta investigación, ya que lo que surja de ella podría causar nuevos sumarios contra empleados, a los que se acusaría de no haber investigado debidamente las denuncias que se realizaban.







