El Poder Ejecutivo reglamentó la Ley del Retiro Voluntario Programado, sistema que establece el pago del 70% del promedio de los últimos seis meses al empleado que opte por el régimen de retiro de cuatro años de la administración pública provincial. El beneficio alcanza a los agentes dependientes del PE, Legislatura, Poder Judicial, organismos descentralizados, entes autárquicos y al personal de las comunas rurales.
La reglamentación indica que a los 30 días de presentada la solicitud de retiro, las autoridades deberán emitir una resolución -fundada en razones de servicio- aprobando o rechazando el pedido. Posteriormente, la Secretaría General de la Gobernación, en el caso del PE, o las autoridades naturales de los otros poderes resolverán sobre el trámite.
Para acogerse al sistema, el personal debe haber adquirido estabilidad en el cargo. Los que pertenezcan a las categorías 23 y 24 (nivel de funcionario de conducción) no podrán acceder en ningún caso al retiro voluntario.
Los puestos de los empleados considerados imprescindibles para el funcionamiento del organismo en el que desarrollan su actividad no podrán ser cubiertos, temporal ni permanentemente, con la designación y/o promoción de otro agente bajo ningún régimen de contratación de prestación de servicios.
En el caso de que el empleado opte por la continuidad de su situación de retiro después de los primeros cuatro años, se le aceptará sólo un nuevo período.
Para determinar el promedio de los haberes mensuales se tendrá en cuenta el dinero que por todos los conceptos de carácter remunerativo que perciba el agente. A esos montos se sumarán el 100% de las asignaciones familiares y las variaciones salariales futuras que se produzcan en la categoría que revista. No se considerará como haber mensual el beneficio del Fondo Estímulo.
La liquidación será realizada por la habilitación donde el empleado perciba sus haberes y remitida para su control a la Contaduría General de la Provincia. El PE invitó a las municipalidades del interior a adherirse a la Ley de Retiro Programado.
La reglamentación indica que a los 30 días de presentada la solicitud de retiro, las autoridades deberán emitir una resolución -fundada en razones de servicio- aprobando o rechazando el pedido. Posteriormente, la Secretaría General de la Gobernación, en el caso del PE, o las autoridades naturales de los otros poderes resolverán sobre el trámite.
Para acogerse al sistema, el personal debe haber adquirido estabilidad en el cargo. Los que pertenezcan a las categorías 23 y 24 (nivel de funcionario de conducción) no podrán acceder en ningún caso al retiro voluntario.
Los puestos de los empleados considerados imprescindibles para el funcionamiento del organismo en el que desarrollan su actividad no podrán ser cubiertos, temporal ni permanentemente, con la designación y/o promoción de otro agente bajo ningún régimen de contratación de prestación de servicios.
En el caso de que el empleado opte por la continuidad de su situación de retiro después de los primeros cuatro años, se le aceptará sólo un nuevo período.
Para determinar el promedio de los haberes mensuales se tendrá en cuenta el dinero que por todos los conceptos de carácter remunerativo que perciba el agente. A esos montos se sumarán el 100% de las asignaciones familiares y las variaciones salariales futuras que se produzcan en la categoría que revista. No se considerará como haber mensual el beneficio del Fondo Estímulo.
La liquidación será realizada por la habilitación donde el empleado perciba sus haberes y remitida para su control a la Contaduría General de la Provincia. El PE invitó a las municipalidades del interior a adherirse a la Ley de Retiro Programado.







