El Colegio de Abogados realizó una campaña de información y concientización dirigida a los legisladores y a los concejales sobre la vigencia de la ley nacional de Etica Pública y de sus obligaciones de presentar las declaraciones juradas personales y de su familia al momento de ingresar a la función pública.
La entidad profesional envió hace más de un mes una carta a cada integrante de la Legislatura y del Concejo Deliberante de la capital. En las 58 misivas se recordaba a los representantes populares la vigencia de las normas en cuestión. Además, les preguntaba individualmente si tenían previsto presentar algún proyecto en idéntico sentido, les pedía su opinión sobre la obligación de declarar los bienes y los interrogaba acerca de si, efectivamente, iban a hacerlo.
Poco fue el éxito conseguido. Apenas siete legisladores y dos concejales respondieron la nota.
Los que contestaron
La lista de cumplidores se reduce a los legisladores peronistas Marta Zurita, Beatriz Avila y Regino Amado; al bussista Ernesto Padilla; Pedro Stordeur (Frente Anticorrupción); Alejandro Sangenis (Frente Popular y Progresista) y Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes).
Paralelamente, los únicos ediles que respondieron son Osvaldo Danesi (Ciudadanos Independientes) y José Luis Avignone (Unión Cívica Radical). El legislador Danesi, cabe destacar, ya presentó su propio proyecto de ley de Etica Pública para la provincia.
Otros tantos se dirigieron al Colegio y verbalmente adelantaron que iban a contestar, pero todavía no acercaron sus papeles.
Sin copia
En ningún momento los abogados pidieron copia de las declaraciones juradas. Por el contrario, sólo querían conocer qué consideraba cada miembro del Concejo Deliberante y del Poder Legislativo sobre las exigencias vigentes.
En un agregado se les adjuntó a los parlamentarios y a los ediles copia de la resolución de la reciente creación, en la provincia, de la comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que constituyeron los colegios de Abogados (de la capital y del Sur), de Escribanos y de Graduados en Ciencias Económicas; Faro Ciudadano y el Grupo Alberdi.
"Esta lucha es un imperativo de la comunidad en su conjunto", se destacó en la misiva, en la que se invitaba a legisladores y a concejales a sumarse a la iniciativa.
La entidad profesional envió hace más de un mes una carta a cada integrante de la Legislatura y del Concejo Deliberante de la capital. En las 58 misivas se recordaba a los representantes populares la vigencia de las normas en cuestión. Además, les preguntaba individualmente si tenían previsto presentar algún proyecto en idéntico sentido, les pedía su opinión sobre la obligación de declarar los bienes y los interrogaba acerca de si, efectivamente, iban a hacerlo.
Poco fue el éxito conseguido. Apenas siete legisladores y dos concejales respondieron la nota.
Los que contestaron
La lista de cumplidores se reduce a los legisladores peronistas Marta Zurita, Beatriz Avila y Regino Amado; al bussista Ernesto Padilla; Pedro Stordeur (Frente Anticorrupción); Alejandro Sangenis (Frente Popular y Progresista) y Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes).
Paralelamente, los únicos ediles que respondieron son Osvaldo Danesi (Ciudadanos Independientes) y José Luis Avignone (Unión Cívica Radical). El legislador Danesi, cabe destacar, ya presentó su propio proyecto de ley de Etica Pública para la provincia.
Otros tantos se dirigieron al Colegio y verbalmente adelantaron que iban a contestar, pero todavía no acercaron sus papeles.
Sin copia
En ningún momento los abogados pidieron copia de las declaraciones juradas. Por el contrario, sólo querían conocer qué consideraba cada miembro del Concejo Deliberante y del Poder Legislativo sobre las exigencias vigentes.
En un agregado se les adjuntó a los parlamentarios y a los ediles copia de la resolución de la reciente creación, en la provincia, de la comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que constituyeron los colegios de Abogados (de la capital y del Sur), de Escribanos y de Graduados en Ciencias Económicas; Faro Ciudadano y el Grupo Alberdi.
"Esta lucha es un imperativo de la comunidad en su conjunto", se destacó en la misiva, en la que se invitaba a legisladores y a concejales a sumarse a la iniciativa.







