Un fiscal pide que ex inspectores vayan a juicio oral

Un fiscal pide que ex inspectores vayan a juicio oral

Navarro Dávila los acusa de asociación ilícita

18 Junio 2014
La presunta maniobra para cobrar cheques destinados a la Municipalidad capitalina tomó un nuevo impulso. El fiscal de la V° Nominación, Washington Navarro Dávila requirió al juez de Instrucción de la 1° Nominación, Alejandro Tomas, la elevación a juicio oral para seis personas imputadas (dos de ellos se desempeñaron como inspectores municipales) en el denominado caso Dipsa.

Luego de haber realizado la investigación, Navarro Dávila busca probar que los ex empleados de la Dipsa Gabriel Gerez y José Luis López; Víctor Saad (desocupado), Daniel Abarza (comerciante), Ariel Isidro García (ex empleado de la firma Basualdo) y Jorge Raúl Chehín formaron parte una asociación ilícita para desviar y cobrar cheques destinados al pago de tributos municipales.

En este sentido, el funcionario judicial les atribuye -a cada uno según corresponda de acuerdo a los artículos 210, 172, 292, 293, 298, 248 y 67 del Código Penal- los delitos de asociación ilícita en concurso ideal, con estafas reiteradas en concurso real con falsificación de instrumento público y privado, y falsificación de firmas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esto último, específicamente para Gerez y López, por tratarse de empleados públicos.

En el caso de los ex inspectores municipales, Navarro Dávila fundamenta en su escrito: “Usted (se dirige a López), en su carácter de empleado de la Dipsa, con funciones de inspector de dicho organismo, junto a Gabriel Gerez, también inspector de la Dipsa, acordaron obtener beneficios patrimoniales sin causa justificada con García Ariel Isidro, quien fuera empleado de la firma comercial Roberto Basualdo SA. (...) Usted, en asociación conjunta con Gerez y García causaron un perjuicio económico a la firma Basualdo SA mediante la maniobra preacordada y repetida durante seis meses, presentando comprobantes de pagos apócrifos de los tributos municipales”.

En cuanto al lavandero Saad, el fiscal entiende que participó como coautor “en una connivencia dolosa”. “A través de la cual prestó su cuenta bancaria N° 0523273664 para que a través de ella fueran cobrados los cheques cruzados no a la orden a favor de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, que habían sido emitidos por el librador para ser imputados al pago del TEM”, explica Navarro Dávila en su escrito judicial.

El origen del escándalo

La polémica estalló en la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (Dipsa), a mediados de octubre de 2012, cuando Basualdo SA le vendió sus acciones a otra firma. Para poder realizar la operación, los inversores pidieron al municipio un certificado de libre deuda impositiva. Allí quedó en evidencia que la compañía perteneciente al empresario y actual senador por San Juan, Roberto Basualdo, le adeudaba $ 1 millón a la Dirección de Ingresos Municipales (DIM). La firma inicialmente adujo que había pagado ese dinero. Pero, en realidad, la plata habría sido percibida por terceros, en casi medio centenar de pequeñas operaciones financieras, a través cheques y dinero en efectivo.

Antes de solicitar la elevación a juicio oral de la causa, el fiscal allanó viviendas de dos empleados municipales involucrados, y detectó en una de ellas un lavadero industrial. Allí habría constatado el nexo entre los imputados.

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