Bussi pasará buena parte de 2004 en los tribunales federales y provinciales

Los médicos recomendaron a Antonio Bussi que se mantenga alejado de ambientes hostiles o de situaciones que le causen estrés. Sin embargo, cuando regrese a Tucumán procedente de la Capital Federal, adonde está internado en el Hospital Militar por los problemas cardíacos que padece, lo esperan varios juicios. No sería arriesgado afirmar que pasará buena parte de 2004 en los Tribunales provinciales o federales.
La principal causa que lo espera al titular de Fuerza Republicana es la vinculada con la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, ocurrida en 1976. En este caso, Bussi está procesado, con prisión preventiva. Por eso, el juez federal número uno, Jorge Parache, cuando el 13 del corriente autorizó la internación del ex gobernador en Buenos Aires, solicitó al director del Hospital Militar, Daniel Camponovo, que le informe periódicamente sobre la situación del enfermo, de manera que pueda volver a la provincia en cuanto su salud se lo permita.
Al segundo problema, Bussi lo tendrá -ya lo tiene- en la Justicia provincial. La sala IV de la Cámara Penal abrió a prueba la causa contra el ex mandatario y contra sus ex ministros, Alberto Germanó (Gobierno), Ramón Arnedo (Hacienda) y Franco Fogliata (Producción) por el polémico sistema de compensación de gastos que estuvo vigente durante la gobernación de FR, entre 1995 y 1999. En FR reconocen que las erogaciones del Poder Ejecutivo ascendieron a $ 4,1 millones en ese período e insisten en que significaron un ahorro de 3 millones en comparación con los 7 millones de la gestión del peronista Ramón Ortega (1991-1995).
En la Justicia provincial, Bussi tiene otra causa, aunque en este caso como demandante. Se trata de la querella que promovió contra el ex diputado nacional justicialista Rodolfo Vargas Aignasse por supuestas calumnias (imputar falsamente un delito) e injurias (deshonrar o desacreditar a otro).
Vargas Aignasse, según el diario "La Nación", calificó de homosexual frustrado y de genocida al ex gobernador el 15 de octubre, día en el que quedó detenido por la desaparición de Guillermo Vargas Aignasse, hermano del querellado.
Otra causa que podría rozar a Bussi -podrían citarlo como testigo- es la relacionada con el ex ministro de Asuntos Sociales de su gobernación, Carlos Quijano. La sala IV de la Cámara Penal sustanciará un juicio oral -en 2004- por la fallida contratación de un albañil (Pedro Robles) para la remodelación del Hospital Padilla, una obra calculada en $ 3 millones.

Germanó dijo que es víctima de una injusticia
El ex ministro de Gobierno de Fuerza Republicana Alberto Germanó sigue indignado porque él, sus ex pares, Ramón Arnedo (Hacienda) y Franco Fogliata (Producción), y el ex gobernador Antonio Bussi serán sometidos a un juicio oral por el polémico sistema de compensación de gastos del Poder Ejecutivo que estuvo vigente entre 1995 y 1999.
El ex funcionario considera que los dirigentes de FR son víctimas de una persecución y de un trato injusto. Esgrime como prueba que en la misma causa el ex ministro de Asuntos Sociales, Jorge Guraiib -es un técnico, no un político-, fue sobreseído, mientras que los otros serán enjuiciados.
En la causa que sustancia la sala IV de la Cámara Penal, Germanó ofrecerá como prueba los recibos firmados por los secretarios y subsecretarios que dependían de él y entre los cuales -según afirma- eran distribuidos los $ 2.500 mensuales que su Ministerio recibía. "Quiero que digan si recibieron los fondos y si en ese momento, al hacerlo, pensaban que cometían un delito", aseguró.
El ex funcionario también adelantó a la GACETA que presentará tres recibos, supuestamente firmados por el ex ministro Guraiib, con los cuales se probaría que este, pese a ser sobreseído, también percibió los denominados gastos reservados.
"En este caso, el ex fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, tendrá que explicar por qué no pidió el auto de elevación a juicio también para Guraiib", manifestó por último.

No pueden notificar a Quijano
El fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, continúa efectuando diligencias en su afán por averiguar la dirección del ex ministro de Asuntos Sociales de Antonio Bussi, Carlos Quijano, para notificarlo de la elevación a juicio de la causa por la fallida contratación de un albañil (Pedro Robles) para la remodelación del Hospital Padilla, una obra de $ 3 millones.
Aunque hace una semana Quijano aseguró a LA GACETA desde la Capital Federal, donde vive, que averiguaría cuál es su situación procesal, Gallo todavía no tuvo noticias del ex funcionario.
La semana pasada, María del Pilar Prieto, titular de la sala IV de la Cámara Penal, giró copias del expediente a Gallo. Este debe cumplir con los pasos de la etapa de instrucción que, respecto de Quijano, están pendientes.

Fue una guerra, según Calvetti
Pablo Calvetti, abogado de Antonio Bussi en la causa por la desaparición de Guillermo Vargas Aignasse, se reunió en Buenos Aires con altos mandos militares, a quienes les advirtió del peligro de volver a discutir sobre lo que pasó en el país en la década del 70.
El letrado se mostró preocupado porque el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas todavía no resolvió -como pretende Bussi- si el caso de Vargas Aignasse corresponde a su jurisdicción. Señaló que hasta el jefe del Ejército, además de otros 2.500 militares (algunos de ellos retirados), tendrán que pasar por la Justicia, porque todos actuaron en los 70. "Fue una guerra y urge trazar una línea para no volver a revisar un pasado doloroso. De todos modos, Bussi no puede ser el chivo expiatorio", finalizó.