Por Redacción Política
29 Noviembre 2003
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La causa penal abierta por las presuntas irregularidades en el manejo de los fondos nacionales de las escuelas transferidas durante el anterior gobierno está en manos del juez federal Jorge Parache.
El magistrado estudia el requerimiento del fiscal federal Emilio Ferrer para ver si se abre una investigación plenaria contra el ex gobernador Julio Antonio Miranda y contra el ex secretario de Hacienda, Joaquín Ferre (actual secretario de Desarrollo Social) por la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Los fondos bajo análisis fueron utilizados entre 2000 y mediados de este año.
En la profundización de la pesquisa se podrían ampliar las sospechas a otros funcionarios de la gestión anterior, quienes aún no fueron imputados porque no aparecen firmando o decidiendo ningún hecho presuntamente irregular, según los documentos obtenidos hasta el actual estado de la causa.Precisamente, la ampliación permitirá identificar a todos los involucrados en las maniobras cuestionadas.
Determinaciones
Parache debe decidir si la investigación la hace él mismo o si remite todas las actuaciones a Ferrer, para que sea el fiscal quien profundice la causa.
Las dos opciones están contempladas en el Código Procesal Penal de la Nación, y la elección está reservada al criterio del juez federal.
El expediente se asentó sobre la investigación preliminar que realizó el fiscal federal general Gustavo Gómez. El funcionario judicial concluyó que se produjeron atrasos injustificables en la distribución de los aportes de la Nación y en los depósitos de fondos correspondientes al sistema previsional.
La Cuenta Unica
El senador y el secretario fueron responsabilizados por Gómez como firmantes de la Cuenta Unica. Esa creación permitió el canje automático de los recursos que llegaban en efectivo en Bonos de Cancelación de Deudas (Bocade), con los cuales se pagaron sueldos de docentes y aportes a los establecimientos. Esta operatoria causó una depreciación de los ingresos superior al 16%, que fue el grado de desagio que llegó a alcanzar la cuasimoneda.
El planteo de Ferrer contempla la necesidad de que se determine el destino final de los recursos enviados desde la Nación.
Hubo montos remitidos para sueldos sobre los que no se pudo determinar su utilización luego de que fueron devueltos por las escuelas, y más de $ 6 millones enviados para obras educativas que no fueron rendidos adecuadamente.
En la causa podrían sumarse como querellantes los padres de alumnos de escuelas transferidas, quienes ya se entrevistaron con Gómez. También la seccional local del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) evalúa si asume un rol activo en la investigación, impulsando pruebas y medidas en la Justicia Federal.
El magistrado estudia el requerimiento del fiscal federal Emilio Ferrer para ver si se abre una investigación plenaria contra el ex gobernador Julio Antonio Miranda y contra el ex secretario de Hacienda, Joaquín Ferre (actual secretario de Desarrollo Social) por la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Los fondos bajo análisis fueron utilizados entre 2000 y mediados de este año.
En la profundización de la pesquisa se podrían ampliar las sospechas a otros funcionarios de la gestión anterior, quienes aún no fueron imputados porque no aparecen firmando o decidiendo ningún hecho presuntamente irregular, según los documentos obtenidos hasta el actual estado de la causa.Precisamente, la ampliación permitirá identificar a todos los involucrados en las maniobras cuestionadas.
Determinaciones
Parache debe decidir si la investigación la hace él mismo o si remite todas las actuaciones a Ferrer, para que sea el fiscal quien profundice la causa.
Las dos opciones están contempladas en el Código Procesal Penal de la Nación, y la elección está reservada al criterio del juez federal.
El expediente se asentó sobre la investigación preliminar que realizó el fiscal federal general Gustavo Gómez. El funcionario judicial concluyó que se produjeron atrasos injustificables en la distribución de los aportes de la Nación y en los depósitos de fondos correspondientes al sistema previsional.
La Cuenta Unica
El senador y el secretario fueron responsabilizados por Gómez como firmantes de la Cuenta Unica. Esa creación permitió el canje automático de los recursos que llegaban en efectivo en Bonos de Cancelación de Deudas (Bocade), con los cuales se pagaron sueldos de docentes y aportes a los establecimientos. Esta operatoria causó una depreciación de los ingresos superior al 16%, que fue el grado de desagio que llegó a alcanzar la cuasimoneda.
El planteo de Ferrer contempla la necesidad de que se determine el destino final de los recursos enviados desde la Nación.
Hubo montos remitidos para sueldos sobre los que no se pudo determinar su utilización luego de que fueron devueltos por las escuelas, y más de $ 6 millones enviados para obras educativas que no fueron rendidos adecuadamente.
En la causa podrían sumarse como querellantes los padres de alumnos de escuelas transferidas, quienes ya se entrevistaron con Gómez. También la seccional local del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) evalúa si asume un rol activo en la investigación, impulsando pruebas y medidas en la Justicia Federal.
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