Por Redacción Política
29 Noviembre 2003
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Los problemas del intendente de Alderetes, Julio Silman, con el Concejo Deliberante parecen ser más políticos que legales. En principio, el Régimen Orgánico de Municipalidades (Ley 5.529) lo respaldaría en la disputa que mantiene con la mitad de los ediles respecto de la continuidad del contador general, Patricio Páez. Quienes no le dan la razón son los concejales del propio justicialismo y los de Fuerza Republicana.
Los peronistas Francisco Quiroga (presidente del cuerpo), Héctor Montero, Fabián Díaz y Julio Nieto y la republicana Cristina de Serrano sostienen que el jefe municipal debe enviar los pliegos de Páez para que el Concejo los ratifique. Esta postura no es compartida por Silman ni por los otros cinco ediles. Por esta razón, el cuerpo no tiene quórum para sesionar.Por el contrario, el jefe del Departamento Ejecutivo municipal destaca que Páez ya viene desempeñándose en ese cargo desde la intendencia de Aldo Salomón (actual legislador). Por ello, asevera, las credenciales de Páez ya están validadas y no necesitan de ratificación.
La normativa vigente
La Ley 5.529 establece en su artículo 65 que el contador general sólo es nombrado o removido de su cargo por el intendente. Esta decisión necesariamente debe ser ratificada por el Concejo Deliberante, con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes, estipula la normativa.
Para más datos, la misma norma fija en su artículo 28 que las ordenanzas son sancionadas por la simple mayoría de los miembros, es decir que ineludiblemente debe haber quórum (la mitad más uno de los ediles) para que se apruebe una disposición de esta índole.
En la interna de poder que mantiene paralizado al Concejo ya hubo un decreto firmado por Quiroga (fue cuando quedó interinamente a cargo de la jefatura municipal durante el lapso en el cual Silman no había jurado aún) que cesó en las funciones a Páez. Pero nunca tuvo lugar una sesión en la cual se respaldara esa decisión con la mayoría especial que reclama la legislación vigente.
Es más, la decisión de Quiroga fue revocada por el intendente apenas este asumió sus funciones.
Los peronistas Francisco Quiroga (presidente del cuerpo), Héctor Montero, Fabián Díaz y Julio Nieto y la republicana Cristina de Serrano sostienen que el jefe municipal debe enviar los pliegos de Páez para que el Concejo los ratifique. Esta postura no es compartida por Silman ni por los otros cinco ediles. Por esta razón, el cuerpo no tiene quórum para sesionar.Por el contrario, el jefe del Departamento Ejecutivo municipal destaca que Páez ya viene desempeñándose en ese cargo desde la intendencia de Aldo Salomón (actual legislador). Por ello, asevera, las credenciales de Páez ya están validadas y no necesitan de ratificación.
La normativa vigente
La Ley 5.529 establece en su artículo 65 que el contador general sólo es nombrado o removido de su cargo por el intendente. Esta decisión necesariamente debe ser ratificada por el Concejo Deliberante, con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes, estipula la normativa.
Para más datos, la misma norma fija en su artículo 28 que las ordenanzas son sancionadas por la simple mayoría de los miembros, es decir que ineludiblemente debe haber quórum (la mitad más uno de los ediles) para que se apruebe una disposición de esta índole.
En la interna de poder que mantiene paralizado al Concejo ya hubo un decreto firmado por Quiroga (fue cuando quedó interinamente a cargo de la jefatura municipal durante el lapso en el cual Silman no había jurado aún) que cesó en las funciones a Páez. Pero nunca tuvo lugar una sesión en la cual se respaldara esa decisión con la mayoría especial que reclama la legislación vigente.
Es más, la decisión de Quiroga fue revocada por el intendente apenas este asumió sus funciones.
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