En la Cámara rechazarían otro decreto del PE

Los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo siguen encontrando resistencia en la Legislatura. La Cámara, que en su última sesión sólo ratificó una de las cuatro disposiciones dictadas por la Gobernación, rechazaría ahora otra medida. Se trata de la que extingue la Dirección de Familia, Minoridad, Mujer y Tercera Edad. Como oportunamente informó LA GACETA, mediante el decreto de necesidad y urgencia 181/1, que el gobernador José Alperovich firmó junto con el ministro de Salud Pública Juan Luis Manzur y con la secretaria general de Políticas Sociales Beatriz Mirkin, esa estructura, directamente, queda suprimida.
El justicialista Luis Rodolfo Ocaranza adelantó a LA GACETA que es difícil que vaya a darse despacho favorable a la propuesta. La medida llegó a consulta de la comisión de Asuntos Constitucionales (la preside el peronista Antonio Raed), para sorpresa de sus miembros, quienes consideran que sobre la cuestión debe expedirse ineludiblemente la comisión de Familia, Minoridad y Discapacidad. Ese organismo es presidido por el radical Jorge Mendía.
Ocaranza, quien preside Legislación General, apuntó que hubo una consulta a la Secretaría General de Políticas Sociales, de la cual no se obtuvieron resultados positivos. "Nos dijeron que lo que se busca con el decreto es quitarle la autarquía a la dirección y transferir algunos de sus programas a otras áreas del Poder Ejecutivo. Pero la norma no dice eso, sino que acaba con la repartición", puntualizó.
Justamente, el parlamentario dijo que el camino que queda es sustituir el decreto por un proyecto de ley que lo modifique.

Transferencias
El decreto 181/1 también disuelve el Consejo Provincial del Menor y la Familia y dispone la transferencia de los 13 establecimientos e institutos provinciales de contención, guarda y educación de menores y de adultos a la Secretaría de Desarrollo Social. Su titular es el ex ministro de Economía Joaquín Ferre.
Este traspaso se refiere a la administración, el patrimonio y los créditos presupuestarios. La Secretaría General de Políticas Sociales tiene 60 días para hacer efectiva la transferencia y para reubicar al personal.