Dos jueces pelean por no tomar un caso

La causa penal por supuestas irregularidades en el Programa de Emergencia Alimentaria (PEA) no tiene todavía un juez federal que la atienda y desde hace un mes deambula entre los despachos sin que nadie la tome.
A fines de octubre, el fiscal federal Carlos Brito elevó el expediente en el que acusaba a Luis Roberto Sollazzi y a Eduardo Jairala (ambos ex secretarios de Hacienda durante la aplicación del plan) como presuntos responsables del manejo anormal de los fondos nacionales durante 2002, y pidió que sean citados a una declaración indagatoria. Sollazzi, actualmente, es secretario de Hacienda de la capital, mientras que Jairala ocupa la Subsecretaría de Hacienda de la provincia.El expediente, que consta de varios cuerpos, recayó originalmente en el juzgado de Felipe Terán. Pero el magistrado consideró que se debía tener en cuenta como fecha de origen la primera transferencia de fondos de la Nación a la provincia que ingresó a la cuenta única. Se declaró incompetente, porque el turno de ese día le correspondía a su par Jorge Parache, a quien se remitió la causa.
Parache también se excusó. Aseguró que la fecha válida para determinar cuál magistrado debía actuar era la del primer canje de efectivo a bonos, ya que en es en la conversión donde consumaría el delito. Estos fondos convertidos se traspasaron a la Secretaría de Desarrollo Humano.

Opciones procesales
Así las cosas, la causa volvió a Terán. Este debe resolver si acepta el criterio de Parache (y actúa) o si lo rechaza y remite las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones para que determine quién es competente. Esta última opción no debería demorar otras medidas. En causas anteriores, la Cámara determinó que las cuestiones de competencia deben resolverse por vía de incidente sin demorar el expediente principal, que, en este caso, debería ser impulsado por Terán hasta que haya un pronunciamiento.
La causa gira sobre la posible comisión de violación de los deberes de funcionario, demora injustificada en la remisión de recursos y defraudación al Estado (se canjeó más de $ 1,13 millón en efectivo por bonos), entre otras cosas.