“Es una movida política”, se quejó Cerisola
El rector de la UNT afirmó que el pedido de indagatoria en su contra “no empaña” el proceso electoral vigente, sino a un “sector” El fiscal federal Carlos Brito pidió al juez federal Fernando Poviña que cite al titular de la casa de altos estudios como imputado. Llevará informes sobre las obras
RÉPLICA. El rector de la UNT, Juan Cerisola, vinculó la investigación de la Justicia Federal con asuntos políticos. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ (ARCHIVO)
10 Mayo 2014 Seguir en 
“La Justicia en ocho años no me hizo ningún tipo de requerimiento. Me extraña profundamente que, a siete días de una elección (de rector), se produzca este tipo de movimiento”. Así lo expresó ayer a la prensa el rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Juan Alberto Cerisola, al ser consultado sobre la solicitud de indagatoria en carácter de imputado que hizo el fiscal federal Carlos Brito. El pedido de citación es en el marco de una causa por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). “En ocho largos años me pidieron centenares de informes sobre distintos casos y los hemos presentado. Desconozco lo que se dice, pero parece que el diario se entera (por LA GACETA), cosa que viola el secreto que tiene este tipo de cosas. Ahora aparece una imputación, un pedido para que vayamos a declarar funcionarios”, renegó.
Cerisola aseguró que se pondrá a disposición del juez federal N°2, Fernando Poviña, y que llevará “miles de folios de toda la documentación sobre la que estamos hablando, la que venimos aportando al fiscal”.
El dictamen del Ministerio Público se apoya en informes técnicos que objetan el trámite que aplicó la UNT en tres proyectos edilicios: la construcción del complejo de aulas de la Facultad de Filosofía y Letras, la restauración y ampliación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la remodelación del local de la Acción Social de la UNT. La Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) detectaron las irregularidades en las obras. “Se habrían realizado maniobras para evitar la transparencia de los procedimientos contractuales”, dijo el organismo. El fiscal federal imputó a Cerisola la probable comisión de delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, de malversación de caudales y de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
“Es absolutamente político”, añadió Cerisola cuando se le preguntó sobre la medida solicitada. “No sé más, no puedo decir más, les pido respeto chicos. Como ya está en manos del juez -prosiguió- me pondré a su disposición en cuanto mis abogados armen el escrito, acompañando con los miles de informes que entregando a esta gente”, afirmó. “Nunca me pidieron nada y ahora hacen esta indagatoria, esto ahora sí me permite presentarme ante el juez, cosa que antes no podía hacer; siempre me enteraba por LA GACETA de todas las cosas”, apuntó el rector de la Universidad más grande de la provincia.
“Estoy a disposición de la Justicia, pediré que nos presentemos todos los que trabajamos este tiempo”, dijo y trató de justificar las obras en Filosofía y Letras. “No lo hicimos con inspección pública, sino con licitación privada por motivos de necesidad y urgencia, se habían caído los techos, ¿recuerdan?”, manifestó. “Esto me entristece muchísimo, es una movida política de cierto sector. Esto no empaña el proceso electoral, los empaña a ellos, y es claro quiénes son”, finalizó en la charla con la prensa, en la puerta del Instituto de Música.
El requerimiento de Brito incluye también a otros cuatro funcionarios universitarios: Juan Carlos Reimundín, ex secretario administrativo; Olga Graciela Cudmani, directora de la Dirección General de Construcciones Universitarias; Horacio Alfredo Lobo, arquitecto e inspector de obra, y Osvaldo Venturino, director de Inversiones y Contrataciones. El pedido de indagatoria será definido por Poviña.
El dinero procedente de YMAD -una empresa estatal de la que la UNT es societaria- financió una cantidad inmensa de obras durante la gestión de Cerisola, que accedió al puesto de rector hace ocho años y que entregará el poder el próximo 29 de mayo. El dictamen de Brito llega en un contexto de proceso de renovación total de autoridades.
Cuestionamiento
“Desde el año 2010 miembros de Otra UNT es posible vienen presentando denuncias enfocadas a pedir que fiscales investiguen y procesen a los presuntos delitos de contaminación ambiental y criminalidad económica que viene acumulando la gestión Cerisola- (Alicia) Bardón- (Luis)Sacca y otros funcionarios universitarios implicados”, recordó el candidato a rector de esa organización Eduardo Ruiz Pesce. Apuntó contra la “morosidad” de la Justicia e instó a que condene a los posibles responsables.
Cerisola aseguró que se pondrá a disposición del juez federal N°2, Fernando Poviña, y que llevará “miles de folios de toda la documentación sobre la que estamos hablando, la que venimos aportando al fiscal”.
El dictamen del Ministerio Público se apoya en informes técnicos que objetan el trámite que aplicó la UNT en tres proyectos edilicios: la construcción del complejo de aulas de la Facultad de Filosofía y Letras, la restauración y ampliación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la remodelación del local de la Acción Social de la UNT. La Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) detectaron las irregularidades en las obras. “Se habrían realizado maniobras para evitar la transparencia de los procedimientos contractuales”, dijo el organismo. El fiscal federal imputó a Cerisola la probable comisión de delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, de malversación de caudales y de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
“Es absolutamente político”, añadió Cerisola cuando se le preguntó sobre la medida solicitada. “No sé más, no puedo decir más, les pido respeto chicos. Como ya está en manos del juez -prosiguió- me pondré a su disposición en cuanto mis abogados armen el escrito, acompañando con los miles de informes que entregando a esta gente”, afirmó. “Nunca me pidieron nada y ahora hacen esta indagatoria, esto ahora sí me permite presentarme ante el juez, cosa que antes no podía hacer; siempre me enteraba por LA GACETA de todas las cosas”, apuntó el rector de la Universidad más grande de la provincia.
“Estoy a disposición de la Justicia, pediré que nos presentemos todos los que trabajamos este tiempo”, dijo y trató de justificar las obras en Filosofía y Letras. “No lo hicimos con inspección pública, sino con licitación privada por motivos de necesidad y urgencia, se habían caído los techos, ¿recuerdan?”, manifestó. “Esto me entristece muchísimo, es una movida política de cierto sector. Esto no empaña el proceso electoral, los empaña a ellos, y es claro quiénes son”, finalizó en la charla con la prensa, en la puerta del Instituto de Música.
El requerimiento de Brito incluye también a otros cuatro funcionarios universitarios: Juan Carlos Reimundín, ex secretario administrativo; Olga Graciela Cudmani, directora de la Dirección General de Construcciones Universitarias; Horacio Alfredo Lobo, arquitecto e inspector de obra, y Osvaldo Venturino, director de Inversiones y Contrataciones. El pedido de indagatoria será definido por Poviña.
El dinero procedente de YMAD -una empresa estatal de la que la UNT es societaria- financió una cantidad inmensa de obras durante la gestión de Cerisola, que accedió al puesto de rector hace ocho años y que entregará el poder el próximo 29 de mayo. El dictamen de Brito llega en un contexto de proceso de renovación total de autoridades.
Cuestionamiento
“Desde el año 2010 miembros de Otra UNT es posible vienen presentando denuncias enfocadas a pedir que fiscales investiguen y procesen a los presuntos delitos de contaminación ambiental y criminalidad económica que viene acumulando la gestión Cerisola- (Alicia) Bardón- (Luis)Sacca y otros funcionarios universitarios implicados”, recordó el candidato a rector de esa organización Eduardo Ruiz Pesce. Apuntó contra la “morosidad” de la Justicia e instó a que condene a los posibles responsables.
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