Por Redacción Política
26 Noviembre 2003
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El ex gobernador Julio Miranda está en problemas. El Ministerio Público Fiscal Federal lo considera el principal responsable de presuntas irregularidades en el manejo de los fondos girados por la Nación para las escuelas transferidas a la Provincia. El senador justicialista ahora será investigado por presunta malversación de caudales públicos y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
La investigación preliminar estuvo a cargo del fiscal general Gustavo Gómez, quien concluyó que hubo demoras injustificables en la circulación administrativa de los aportes de la Nación. Estos, además, llegaban en efectivo y eran convertidos en Bonos de Cancelación de Deudas (Bocade), lo cual perjudicó a escuelas y a docentes. También se constató que hubo atrasos en el aporte de fondos al sistema previsional.
En la causa también está imputado Joaquín Ferre. El actual secretario de Desarrollo Social era secretario de Hacienda cuando se estableció el sistema de la cuenta única, por el cual los aportes nacionales ingresaban a un fondo común independientemente del destino para el cual habían sido girados. También podrían ser citados otros ministros de Economía y de Educación de alguna etapa de la gestión mirandista, que aún no fueron individualizados porque falta precisar el tiempo en que se produjo cada hecho.
Gómez remitió ayer la causa al fiscal federal, Emilio Ferrer, luego de reunirse con padres de alumnos de escuelas transferidas. Ferrer estudia si las voluminosas pruebas reunidas justifican que requiera la apertura de una instrucción penal al juez federal que corresponda; este, a su vez, podría desarrollar la investigación por sí o encargársela al fiscal.
Once años de historia
La ley que reglamenta los privilegios de los legisladores nacionales permite que puedan ser investigados sin necesidad de que sean privados de sus fueros.
La condena prevista para esta clase de delitos se agrava si participaron empleados o funcionarios públicos en la maniobra. También hay penas para quienes facilitaren las irregularidades. Esto incluye inhabilitaciones especiales para el ejercicio de cargos públicos.
El proceso de transferencia se inició en diciembre de 1992 con el traspaso a la provincia de edificios, muebles y personal docente y no docente de escuelas nacionales. También abarcó a las escuelas privadas que recibían subsidios del Gobierno federal.
Desde 1992 y hasta ahora, la Nación aportó los fondos necesarios para atender sueldos, cargas sociales y demás conceptos salariales de los docentes transferidos. Las sumas eran depositadas en pesos, en la cuenta corriente 060 que posee el Banco del Tucumán en el Banco Central. El mismo día en que ingresaban, eran acreditas a nombre de Rentas Generales de la Provincia. Inmediatamente podían ser utilizadas para los fines establecidos en los convenios firmados.
"Sin que se haya podido precisar una fecha, los aportes a los colegios comenzaron a retrasarse. A ello se sumó que en 2000, y sin una ley provincial que lo autorice, los pesos se transformaron en bonos, que tenían una cotización muy inferior. El 20 de junio de 2001, Miranda decidió crear la cuenta única, con la que legalizó lo que ya ocurría", señaló Gómez.
El fiscal general consideró que se habría malversado el dinero que la Nación giraba. "Se estafó, presumiblemente, a docentes y a establecimientos privados, si nos atenemos al valor real de la moneda espuria (los Bocade). La masa salarial sufrió un demérito superior al 16%", concluyó.
No saben qué pasó con $ 6 millones girados para educación
El fiscal federal general, Gustavo Gómez, no pudo determinar qué pasó con más de $ 6 millones transferidos por la Nación a Tucumán para la ejecución de obras vinculadas a la educación.
El titular del Ministerio Público Fiscal afirmó que, de $ 7 millones que fueron girados para obras, menos de $ 1 millón fue rendido a la Dirección de Infraestructura de la Nación. Esto forma parte de las conclusiones de una investigación preliminar sobre presuntos delitos cometidos durante la administración de Julio Miranda.
Además, la falta de tiempo, según Gómez, impidió seguir averiguando qué se hizo con el dinero que muchas escuelas devolvían a la provincia y que tenían como exclusivo fin el pago de sueldos. "El colegio Nuestra Señora de la Merced, según un informe de la hermana Berta Povalej, devolvió en cuatro años más de $70.000. No tuvimos respuesta de los organismos oficiales, pero la cifra total acumulada de las cuentas es muy importante", dijo.
El fiscal general denunció que la Provincia contaba con los fondos expeditos para el pago de sueldos y de las cargas previsionales, para dar operatividad a la Ley Federal de Educación y al convenio de transferencia de escuelas y docentes. "Pero no se pagaba ni en término ni en la moneda de curso legal", afirmó.
Informe lapidario
Entre enero de 2001 y mayo de 2003 hubo 592 días de atrasos en los pagos, sumando las demoras en liquidar cada mes de aportes, según el fiscal general. La información sobre los retrasos fue brindada por la Tesorería General de la provincia.
La repartición confirmó que se retuvo aportes previsionales, que no fueron depositados ante el organismo recaudador. El tesorero, Fernando Solórzano, reconoció que entre mayo de 2001 y agosto de 2002 el incumplimiento con la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente superó el $ 1,5 millón.
Gómez admitió que no queda claro si los aportes por jubilación u obra social deben ser depositados por las autoridades previsionales o nacionales, y si lo hicieron o no. "Pero no se hacen en tiempo y forma", aseveró.
En el expediente que giró al fiscal federal Emilio Ferrer, el funcionario judicial advirtió que se debe determinar si las decisiones de pagar fuera de término y de retener los aportes fueron responsabilidad del ex gobernador, de algunos de sus ministros (de Economía o de Educación) o de secretarios de Estado.
La investigación preliminar estuvo a cargo del fiscal general Gustavo Gómez, quien concluyó que hubo demoras injustificables en la circulación administrativa de los aportes de la Nación. Estos, además, llegaban en efectivo y eran convertidos en Bonos de Cancelación de Deudas (Bocade), lo cual perjudicó a escuelas y a docentes. También se constató que hubo atrasos en el aporte de fondos al sistema previsional.
En la causa también está imputado Joaquín Ferre. El actual secretario de Desarrollo Social era secretario de Hacienda cuando se estableció el sistema de la cuenta única, por el cual los aportes nacionales ingresaban a un fondo común independientemente del destino para el cual habían sido girados. También podrían ser citados otros ministros de Economía y de Educación de alguna etapa de la gestión mirandista, que aún no fueron individualizados porque falta precisar el tiempo en que se produjo cada hecho.
Gómez remitió ayer la causa al fiscal federal, Emilio Ferrer, luego de reunirse con padres de alumnos de escuelas transferidas. Ferrer estudia si las voluminosas pruebas reunidas justifican que requiera la apertura de una instrucción penal al juez federal que corresponda; este, a su vez, podría desarrollar la investigación por sí o encargársela al fiscal.
Once años de historia
La ley que reglamenta los privilegios de los legisladores nacionales permite que puedan ser investigados sin necesidad de que sean privados de sus fueros.
La condena prevista para esta clase de delitos se agrava si participaron empleados o funcionarios públicos en la maniobra. También hay penas para quienes facilitaren las irregularidades. Esto incluye inhabilitaciones especiales para el ejercicio de cargos públicos.
El proceso de transferencia se inició en diciembre de 1992 con el traspaso a la provincia de edificios, muebles y personal docente y no docente de escuelas nacionales. También abarcó a las escuelas privadas que recibían subsidios del Gobierno federal.
Desde 1992 y hasta ahora, la Nación aportó los fondos necesarios para atender sueldos, cargas sociales y demás conceptos salariales de los docentes transferidos. Las sumas eran depositadas en pesos, en la cuenta corriente 060 que posee el Banco del Tucumán en el Banco Central. El mismo día en que ingresaban, eran acreditas a nombre de Rentas Generales de la Provincia. Inmediatamente podían ser utilizadas para los fines establecidos en los convenios firmados.
"Sin que se haya podido precisar una fecha, los aportes a los colegios comenzaron a retrasarse. A ello se sumó que en 2000, y sin una ley provincial que lo autorice, los pesos se transformaron en bonos, que tenían una cotización muy inferior. El 20 de junio de 2001, Miranda decidió crear la cuenta única, con la que legalizó lo que ya ocurría", señaló Gómez.
El fiscal general consideró que se habría malversado el dinero que la Nación giraba. "Se estafó, presumiblemente, a docentes y a establecimientos privados, si nos atenemos al valor real de la moneda espuria (los Bocade). La masa salarial sufrió un demérito superior al 16%", concluyó.
No saben qué pasó con $ 6 millones girados para educación
El fiscal federal general, Gustavo Gómez, no pudo determinar qué pasó con más de $ 6 millones transferidos por la Nación a Tucumán para la ejecución de obras vinculadas a la educación.
El titular del Ministerio Público Fiscal afirmó que, de $ 7 millones que fueron girados para obras, menos de $ 1 millón fue rendido a la Dirección de Infraestructura de la Nación. Esto forma parte de las conclusiones de una investigación preliminar sobre presuntos delitos cometidos durante la administración de Julio Miranda.
Además, la falta de tiempo, según Gómez, impidió seguir averiguando qué se hizo con el dinero que muchas escuelas devolvían a la provincia y que tenían como exclusivo fin el pago de sueldos. "El colegio Nuestra Señora de la Merced, según un informe de la hermana Berta Povalej, devolvió en cuatro años más de $70.000. No tuvimos respuesta de los organismos oficiales, pero la cifra total acumulada de las cuentas es muy importante", dijo.
El fiscal general denunció que la Provincia contaba con los fondos expeditos para el pago de sueldos y de las cargas previsionales, para dar operatividad a la Ley Federal de Educación y al convenio de transferencia de escuelas y docentes. "Pero no se pagaba ni en término ni en la moneda de curso legal", afirmó.
Informe lapidario
Entre enero de 2001 y mayo de 2003 hubo 592 días de atrasos en los pagos, sumando las demoras en liquidar cada mes de aportes, según el fiscal general. La información sobre los retrasos fue brindada por la Tesorería General de la provincia.
La repartición confirmó que se retuvo aportes previsionales, que no fueron depositados ante el organismo recaudador. El tesorero, Fernando Solórzano, reconoció que entre mayo de 2001 y agosto de 2002 el incumplimiento con la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente superó el $ 1,5 millón.
Gómez admitió que no queda claro si los aportes por jubilación u obra social deben ser depositados por las autoridades previsionales o nacionales, y si lo hicieron o no. "Pero no se hacen en tiempo y forma", aseveró.
En el expediente que giró al fiscal federal Emilio Ferrer, el funcionario judicial advirtió que se debe determinar si las decisiones de pagar fuera de término y de retener los aportes fueron responsabilidad del ex gobernador, de algunos de sus ministros (de Economía o de Educación) o de secretarios de Estado.
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