El Poder Ejecutivo provincial quiere que se le dé libertad para poder adquirir bienes o servicios, cuando considere que las condiciones así lo habiliten, sin necesidad de llamar a licitaciones. Ayer ingresó al Poder Legislativo un proyecto de ley refrendado por el gobernador José Alperovich y por el ministro de Economía Jorge Jiménez.
En los considerandos que justifican la iniciativa, se manifiesta que el Gobierno busca a través de esta autorización la adopción de líneas de acción tendientes a consagrar economías en las finanzas de la provincia. Se apunta que, de sancionarse esta propuesta, la Gobernación tendrá mayores posibilidades de negociar términos provechosos para el erario público.
"Dentro de la política de austeridad y disminución de los gastos en la administración, es necesario imprimir agilidad y economía en la gestión de compra del Estado", se afirma en el proyecto, en el cual se asegura que contando con esas ventajas, se podrán conseguir mejores precios y mejor calidad.
Paralelamente, entro en vigencia ayer el decreto acuerdo 10/1, en el cual se fija que toda obligación de pago oficial que sea superior a $ 100.000, deberá contar con la intervención previa de la Secretaría General de la Gobernación. La medida, publicada en el Boletín Oficial de la provincia, rige para los organismos dependientes de la administración centralizada, para los descentralizados y para los autárquicos, con excepción de la Caja Popular de Ahorros.
En los considerandos que justifican la iniciativa, se manifiesta que el Gobierno busca a través de esta autorización la adopción de líneas de acción tendientes a consagrar economías en las finanzas de la provincia. Se apunta que, de sancionarse esta propuesta, la Gobernación tendrá mayores posibilidades de negociar términos provechosos para el erario público.
"Dentro de la política de austeridad y disminución de los gastos en la administración, es necesario imprimir agilidad y economía en la gestión de compra del Estado", se afirma en el proyecto, en el cual se asegura que contando con esas ventajas, se podrán conseguir mejores precios y mejor calidad.
Paralelamente, entro en vigencia ayer el decreto acuerdo 10/1, en el cual se fija que toda obligación de pago oficial que sea superior a $ 100.000, deberá contar con la intervención previa de la Secretaría General de la Gobernación. La medida, publicada en el Boletín Oficial de la provincia, rige para los organismos dependientes de la administración centralizada, para los descentralizados y para los autárquicos, con excepción de la Caja Popular de Ahorros.







