Más de 360 obreros y empleados de las comunas rurales dejaron de prestar tareas, luego de conocerse la decisión del Poder Ejecutivo de dar de baja a todos los trabajadores designados en los últimos seis meses.
La medida fue adoptada mediante el decreto 377/14, en el cual se fija que los nombramientos, las promociones y cualquier cambio de situación de revista del personal dispuesto con posterioridad al 30 de abril es dejado sin efecto.
La situación generó tensión en estas administraciones del interior. Una decena de comisionados concurrió ayer a la Legislatura para plantear su queja al vicegobernador Fernando Juri, y pedirle que interceda ante Casa de Gobierno en este tema. La inquietud fue transmitida por el presidente del Poder Legislativo en la reunión protocolar que mantuvieron los parlamentarios con el ministro de Gobierno, Educación y Justicia, Edmundo Jiménez. El funcionario refrenda el mencionado decreto, junto con el gobernador José Alperovich.
Para zanjar el conflicto y descomprimir tensiones, se acordó estudiar caso por caso en una comisión mixta, ya que se afectó a empleados con una antigüedad superior al semestre, lo que en principio les daría estabilidad laboral y derechos adquiridos, según plantearon los delegados comunales.
Jiménez reconoció que el decreto del Poder Ejecutivo por el que se dispusieron las cesantías deberá ser analizado. "Se declararon inválidas las designaciones efectuadas en los últimos tiempos -consignó-. Pero ocurre que hay casos puntuales de empleados que venían trabajando desde antes, y vamos a definir rápidamente esa situación porque se relaciona con la estabilidad laboral, que siempre genera ansiedad. No queremos ir en contra de nadie ni perseguir a nadie", destacó.
"Las comunas necesitan de una asistencia técnica más adecuada, a la que no pueden recurrir por su envergadura, y que debe estar disponible en la Secretaría del Interior", resaltó el ministro político a la salida del encuentro con los legisladores, en diálogo con la prensa.
El lugar del vagón
El vocero de los comisionados que hablaron con Juri fue el ex legislador José Gutiérrez, quien reclamó que no se disponga la baja de ningún empleado sin antes analizar la situación de revista particular. "El vagón no puede ir adelante del tren", sostuvo el ex presidente de la bancada del Frente Fundacional. Y explicó que hay personal que entró en la planilla de cómputos hace seis meses, pero que se le venía pagando desde antes por fuera de ese listado. "Ellos no tienen la culpa. Se va a conformar una comisión especial con miembros de las comunas, legisladores y PE. Confío en que las tratativas vayan por buen camino. Al Gobierno no le conviene un divorcio con la Legislatura, donde tenemos un gran respaldo. Conocemos la sensibilidad del gobernador y confío en que se va a resolver", señaló el hijo de la actual legisladora Angélica Manzanedo.El comisionado de Garmendia destacó que los trabajadores cesanteados ganan entre $ 200 y $ 250 por mes.
La medida fue adoptada mediante el decreto 377/14, en el cual se fija que los nombramientos, las promociones y cualquier cambio de situación de revista del personal dispuesto con posterioridad al 30 de abril es dejado sin efecto.
La situación generó tensión en estas administraciones del interior. Una decena de comisionados concurrió ayer a la Legislatura para plantear su queja al vicegobernador Fernando Juri, y pedirle que interceda ante Casa de Gobierno en este tema. La inquietud fue transmitida por el presidente del Poder Legislativo en la reunión protocolar que mantuvieron los parlamentarios con el ministro de Gobierno, Educación y Justicia, Edmundo Jiménez. El funcionario refrenda el mencionado decreto, junto con el gobernador José Alperovich.
Para zanjar el conflicto y descomprimir tensiones, se acordó estudiar caso por caso en una comisión mixta, ya que se afectó a empleados con una antigüedad superior al semestre, lo que en principio les daría estabilidad laboral y derechos adquiridos, según plantearon los delegados comunales.
Jiménez reconoció que el decreto del Poder Ejecutivo por el que se dispusieron las cesantías deberá ser analizado. "Se declararon inválidas las designaciones efectuadas en los últimos tiempos -consignó-. Pero ocurre que hay casos puntuales de empleados que venían trabajando desde antes, y vamos a definir rápidamente esa situación porque se relaciona con la estabilidad laboral, que siempre genera ansiedad. No queremos ir en contra de nadie ni perseguir a nadie", destacó.
"Las comunas necesitan de una asistencia técnica más adecuada, a la que no pueden recurrir por su envergadura, y que debe estar disponible en la Secretaría del Interior", resaltó el ministro político a la salida del encuentro con los legisladores, en diálogo con la prensa.
El lugar del vagón
El vocero de los comisionados que hablaron con Juri fue el ex legislador José Gutiérrez, quien reclamó que no se disponga la baja de ningún empleado sin antes analizar la situación de revista particular. "El vagón no puede ir adelante del tren", sostuvo el ex presidente de la bancada del Frente Fundacional. Y explicó que hay personal que entró en la planilla de cómputos hace seis meses, pero que se le venía pagando desde antes por fuera de ese listado. "Ellos no tienen la culpa. Se va a conformar una comisión especial con miembros de las comunas, legisladores y PE. Confío en que las tratativas vayan por buen camino. Al Gobierno no le conviene un divorcio con la Legislatura, donde tenemos un gran respaldo. Conocemos la sensibilidad del gobernador y confío en que se va a resolver", señaló el hijo de la actual legisladora Angélica Manzanedo.El comisionado de Garmendia destacó que los trabajadores cesanteados ganan entre $ 200 y $ 250 por mes.







