La causa se demoró porque no sabían dónde notificarlo

La fiscal de la sala IV de la Cámara Penal, Marta Jerez de Rivadeneira, y los integrantes de ese mismo tribunal, María del Pilar Prieto, Silvia Castellote y Horacio Villalba, aún no lo pueden creer. La causa por la fallida contratación de un albañil (Pedro Robles) para la remodelación del Hospital Padilla, una obra calculada en $ 3 millones, fue elevada a juicio sin su principal protagonista: el ex ministro de Asuntos Sociales, Carlos Octavio Quijano. La causa quedó paralizada de hecho para él cuando se fue a la Capital Federal (allí vive desde hace más de tres años) en tanto siguió avanzando para los otros imputados.
En julio de 2000, el por entonces fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, solicitó la elevación a juicio de la causa, de manera de que fueran juzgados Quijano, Robles, el arquitecto Ricardo Wagner (efectuó el proyecto), y Carlos Augusto Marcotullio, María Eugenia Díaz Puertas y Pedro Antonio Figueredo, quienes se presentaron al cotejo de precios convocado por el ex ministro.
Cuando llegó la hora de notificar a los abogados, Jerez comunicó lo resuelto a quien había sido el abogado de Quijano, José Luis Huici Estrebou. Pero este informó que había dejado de representar al ex funcionario, razón por la que se cumplió la notificación en el domicilio real que figuraba en el expediente: Congreso 944, planta baja, departamento 12. Un persona que vivía en esa dirección contestó que Quijano se había mudado.

Oficio a la Policía
Jerez solicitó a la Justicia Electoral Nacional que le brinde el domicilio del ex ministro, pero desde allí le informaron que tenían anotado el mismo que figuraba en la causa y en el que ya no vivía. A raíz de esto, el ex fiscal ofició a la Policía para que determine el paradero del ex funcionario. Como transcurrió el tiempo y no lo encontraron, decretó que la causa quedara reservada para el caso de Quijano y que siguiera adelante -con el pedido de elevación a juicio- para los otros.
Todos los imputados se opusieron al auto de elevación, pero Marcotullio y Díaz Puertas solicitaron, además, que se anule la declaración indagatoria de ellos. La jueza de Instrucción Emma de Nucci, hizo lugar al pedido de estos y los absolvió por prescripción de la acción penal. No obstante, la magistrada confirmó la elevación a juicio para los otros tres: Wagner, Robles y Figueredo. La sala IV de la Cámara Penal resultó sorteada para llevar adelante el plenario en relación con estos.

Estudian un nuevo planteo de nulidad
El abogado defensor del arquitecto Ricardo Wagner, Agustín Ferrari, está estudiando un planteo de nulidad de la declaración indagatoria de su defendido en la causa en la que se investiga la fallida contratación de un albañil (Pedro Robles) para la remodelación del Hospital Padilla, una obra calculada en $ 3 millones.
"Durante la etapa penal preparatoria existen numerosas situaciones en la que se habrían violado los principios de garantía", aseguró anoche el letrado a una consulta de LA GACETA.
El planteo de Wagner se sumaría al que la semana pasada efectuó otro de los imputados, Pedro Antonio Figueredo.Este, con el asesoramiento del abogado Eduardo Zerda, requirió la nulidad de su declaración como imputado y de la de todos los actos que se dictaron en su consecuencia. Este pedido será resuelto durante la semana por la sala IV de la Cámara Penal.

El albañil busca un abogado que lo defienda
La semana pasada lo notificaron de que podía observar las actuaciones, deducir las nulidades o interponer las recusaciones que considerare necesarias.
Desde entonces, Pedro Robles, el albañil cuya fallida contratación para la remodelación del hospital Padilla derivó en una investigación, anda buscando un abogado que lo defienda. El letrado que tenía, Javier Morof, es concejal de esta capital por Fuerza Republicana (FR), razón por la que le dijo que no podrá asistiéndolo judicialmente. "La semana pasada me buscó y le manifestó que, por mi cargo, no podrá seguir al frente de su defensa. Habrá que derivarlo a otro profesional", aseguró Morof a LA GACETA.
Robles es unos de los tres imputados que el próximo año deberá afrontar un juicio oral y público, cuya plenario será celebrado por la sala IV de la Cámara Penal de la provincia.