Por Redacción Política
23 Noviembre 2003
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Si debiera ajustarse estrictamente el número de representantes nacionales que la provincia debe tener, según su cantidad de habitantes, el lunes pasado deberían haber recibido sus diplomas de diputados electos siete candidatos, en lugar de los cinco que lo hicieron. Según las matemáticas aplicadas a la normativa vigente, Tucumán tendría dos diputados nacionales de menos.
El 12 de julio de 1983, el gobierno de facto promulgó la Ley 22.847. En ella se fijó la proporción entre las bancas de la Cámara Baja y los habitantes de las provincias, a razón de un parlamentario por cada 161.000 habitantes, o fracción no menor de 80.500. Esa legislación fijó, además, que al resultado de cada distrito provincial, había que agregarle tres escaños más.Sobre esta base, Tucumán debería tener 11 representantes en lugar de nueve. Si se multiplican ocho escaños por 161.000 habitantes, el resultado es 1,28 millón de personas. La diferencia entre esa cifra y la de 1,34 millón de habitantes que registra el censo nacional 2001 es de 52.000 tucumanos, lo que no alcanza los 80.500 de la fracción que debe superarse para acceder a una novena plaza. Si a esas ocho bancas que corresponden se agregan las tres que la norma establece que deben adicionarse, la provincia debería tener 11 representantes en la Cámara Baja.
Asimetrías
Actualmente, Tucumán tiene un diputado nacional cada 149.000 habitantes. Ese índice es, en líneas generales, similar al de Santa Fe, Salta, Mendoza, Chaco y Misiones.
Las desigualdades se advierten en provincias como Tierra del Fuego, donde hay un representante cada 20.000 habitantes; y Santa Cruz (la tierra del presidente Néstor Kirchner), que tiene una banca en la Cámara Baja cada menos de 40.000 personas. Esto se debe a que la Ley 22.847 también fijó que cada provincia debía tener, al menos, cinco de esos legisladores nacionales.
En el otro extremo, se encuentra la provincia de Buenos Aires. A la vez que es el Estado con el mayor número de diputados (son 70), es el más desfavorecido si se tiene en cuenta la relación entre esos representantes y los habitantes de la provincia. Prácticamente, hay un parlamentario cada 200.000 bonaerenses.
Esta cuestión no se aplica a la Cámara de Senadores de la Nación, porque su representación es igualitaria para todas las provincias. A partir de la sanción de la Constitución de 1853/60 los senadores eran elegidos indirectamente por las legislaturas provinciales. En cada provincia se elegían 2 senadores, cuyo mandato duraba nueve años. La Constitución sancionada en 1994 incrementó el número de miembros de la cámara, a tres por cada distrito (dos por la mayoría y el restante para la primera minoría), y redujo a seis años el mandato, manteniendo la renovación por tercios.
OPINION
Federalismo y representación
Luis Iriarte
Profesor de Derecho Constitucional
Facultad de Derecho - UNT
Receptamos, desde nuestros orígenes, la forma representativa, republicana y federal, según lo establece nuestra Ley Fundamental en su artículo primero. Desde entonces, fue permanente el proceso jurídico y político tendiente a perfeccionar nuestro régimen político.
La reforma constitucional de 1860 añadió como requisito para ser diputado o senador el de ser natural de la provincia que lo elija, o tener dos años de residencia inmediata en ella. Sarmiento, impulsor del cambio, criticó a los "aventureros políticos" que osaban representar provincias sin que fueran conocidos por nadie. Los calificaba como "funcionarios públicos asalariados por el Presidente de hoy o de mañana". Aunque fueran provincianos, agregaba, "no representan a las provincias, sino al que los hizo elegir". Mitre recordó el despreciativo mote con que eran conocidos: "alquilones".
Transcurrido siglo y medio de vida institucional, la pretensión de que estas adiciones posibilitasen constituir un Poder Legislativo Nacional que fuese "la expresión genuina de la opinión pública, de la voluntad de las partes que componen el todo en el sistema federativo", ha fracasado.
Los partidos nacionales diluyeron la lealtad al terruño, en un proceso centralizador del poder político que avanza. El pueblo, según la Constitución, gobierna sólo a través de sus representantes, que no tienen mandato imperativo alguno, ni pueden ser revocados sus cargos por deslealtad u olvido de promesas electorales. Los presidentes "bendicen" candidaturas en las provincias.
Oxigenación urgente
La Ley Sáenz Peña (1912) terminó con la etapa del llamado "fraude patriótico". Estableció el voto universal, secreto y obligatorio. Antes y después, los golpes de Estado fueron minando las bases de nuestro estado de derecho. Con la reanudación de los ciclos de los gobiernos electivos, proscripciones mediante, comenzó la etapa funesta de los "pactos políticos", que culminan con el "Pacto de Olivos". Muy lejos y olvidados habían quedado el principismo intransigente de Yrigoyen y la soberanía política y la justicia social pregonadas por Perón. El resultado fue un pueblo hambreado en el país de las vacas y el trigo, y, en irritativo contraste, una clase política mayoritariamente próspera. La reforma constitucional del 94 acentuó la dependencia de la democracia a los partidos. Los senadores representan ahora a esas estructuras, que tienen el monopolio de las candidaturas. Y se amplió injustificadamente sus miembros a tres por provincia.
La Ley 22.847, de la dictadura militar que agonizaba, multiplicó las bancas en la Cámara de Diputados, estableciendo que cada distrito tendría no menos de cinco, con lo que se produce una sobrerrepresentación de las provincias menos pobladas. Es cuestionada como inconstitucional por su trato no igualitario. Tucumán, originariamente dotado de tres diputados, hoy tiene nueve. La renovación parcial por mitades en Diputados es cuestionada como "excéntrica". Argentina sería el único país del mundo, según Guillermo Molinelli, cuya Cámara Baja se renueva parcialmente, reduciendo a la mitad los efectos naturales y propios de las elecciones.
El drama de la democracia argentina reside en la crisis generalizada de representatividad y legitimidad que hoy padecen los partidos. El Acuerdo Federal para la Reforma Política, firmado por el ex presidente Eduardo Duhalde y las provincias (excepto San Luis), refrendado luego por el Senado, propiciaba cambios de fondo que hoy parecen olvidados.Urge oxigenar la democracia, cuyas fallas provocan abstenciones masivas y votaciones nulas que deslegitiman peligrosamente la renovación de los cuadros dirigenciales, cuyas caras en Tucumán son las de siempre.
El 12 de julio de 1983, el gobierno de facto promulgó la Ley 22.847. En ella se fijó la proporción entre las bancas de la Cámara Baja y los habitantes de las provincias, a razón de un parlamentario por cada 161.000 habitantes, o fracción no menor de 80.500. Esa legislación fijó, además, que al resultado de cada distrito provincial, había que agregarle tres escaños más.Sobre esta base, Tucumán debería tener 11 representantes en lugar de nueve. Si se multiplican ocho escaños por 161.000 habitantes, el resultado es 1,28 millón de personas. La diferencia entre esa cifra y la de 1,34 millón de habitantes que registra el censo nacional 2001 es de 52.000 tucumanos, lo que no alcanza los 80.500 de la fracción que debe superarse para acceder a una novena plaza. Si a esas ocho bancas que corresponden se agregan las tres que la norma establece que deben adicionarse, la provincia debería tener 11 representantes en la Cámara Baja.
Asimetrías
Actualmente, Tucumán tiene un diputado nacional cada 149.000 habitantes. Ese índice es, en líneas generales, similar al de Santa Fe, Salta, Mendoza, Chaco y Misiones.
Las desigualdades se advierten en provincias como Tierra del Fuego, donde hay un representante cada 20.000 habitantes; y Santa Cruz (la tierra del presidente Néstor Kirchner), que tiene una banca en la Cámara Baja cada menos de 40.000 personas. Esto se debe a que la Ley 22.847 también fijó que cada provincia debía tener, al menos, cinco de esos legisladores nacionales.
En el otro extremo, se encuentra la provincia de Buenos Aires. A la vez que es el Estado con el mayor número de diputados (son 70), es el más desfavorecido si se tiene en cuenta la relación entre esos representantes y los habitantes de la provincia. Prácticamente, hay un parlamentario cada 200.000 bonaerenses.
Esta cuestión no se aplica a la Cámara de Senadores de la Nación, porque su representación es igualitaria para todas las provincias. A partir de la sanción de la Constitución de 1853/60 los senadores eran elegidos indirectamente por las legislaturas provinciales. En cada provincia se elegían 2 senadores, cuyo mandato duraba nueve años. La Constitución sancionada en 1994 incrementó el número de miembros de la cámara, a tres por cada distrito (dos por la mayoría y el restante para la primera minoría), y redujo a seis años el mandato, manteniendo la renovación por tercios.
OPINION
Federalismo y representación
Luis Iriarte
Profesor de Derecho Constitucional
Facultad de Derecho - UNT
Receptamos, desde nuestros orígenes, la forma representativa, republicana y federal, según lo establece nuestra Ley Fundamental en su artículo primero. Desde entonces, fue permanente el proceso jurídico y político tendiente a perfeccionar nuestro régimen político.
La reforma constitucional de 1860 añadió como requisito para ser diputado o senador el de ser natural de la provincia que lo elija, o tener dos años de residencia inmediata en ella. Sarmiento, impulsor del cambio, criticó a los "aventureros políticos" que osaban representar provincias sin que fueran conocidos por nadie. Los calificaba como "funcionarios públicos asalariados por el Presidente de hoy o de mañana". Aunque fueran provincianos, agregaba, "no representan a las provincias, sino al que los hizo elegir". Mitre recordó el despreciativo mote con que eran conocidos: "alquilones".
Transcurrido siglo y medio de vida institucional, la pretensión de que estas adiciones posibilitasen constituir un Poder Legislativo Nacional que fuese "la expresión genuina de la opinión pública, de la voluntad de las partes que componen el todo en el sistema federativo", ha fracasado.
Los partidos nacionales diluyeron la lealtad al terruño, en un proceso centralizador del poder político que avanza. El pueblo, según la Constitución, gobierna sólo a través de sus representantes, que no tienen mandato imperativo alguno, ni pueden ser revocados sus cargos por deslealtad u olvido de promesas electorales. Los presidentes "bendicen" candidaturas en las provincias.
Oxigenación urgente
La Ley Sáenz Peña (1912) terminó con la etapa del llamado "fraude patriótico". Estableció el voto universal, secreto y obligatorio. Antes y después, los golpes de Estado fueron minando las bases de nuestro estado de derecho. Con la reanudación de los ciclos de los gobiernos electivos, proscripciones mediante, comenzó la etapa funesta de los "pactos políticos", que culminan con el "Pacto de Olivos". Muy lejos y olvidados habían quedado el principismo intransigente de Yrigoyen y la soberanía política y la justicia social pregonadas por Perón. El resultado fue un pueblo hambreado en el país de las vacas y el trigo, y, en irritativo contraste, una clase política mayoritariamente próspera. La reforma constitucional del 94 acentuó la dependencia de la democracia a los partidos. Los senadores representan ahora a esas estructuras, que tienen el monopolio de las candidaturas. Y se amplió injustificadamente sus miembros a tres por provincia.
La Ley 22.847, de la dictadura militar que agonizaba, multiplicó las bancas en la Cámara de Diputados, estableciendo que cada distrito tendría no menos de cinco, con lo que se produce una sobrerrepresentación de las provincias menos pobladas. Es cuestionada como inconstitucional por su trato no igualitario. Tucumán, originariamente dotado de tres diputados, hoy tiene nueve. La renovación parcial por mitades en Diputados es cuestionada como "excéntrica". Argentina sería el único país del mundo, según Guillermo Molinelli, cuya Cámara Baja se renueva parcialmente, reduciendo a la mitad los efectos naturales y propios de las elecciones.
El drama de la democracia argentina reside en la crisis generalizada de representatividad y legitimidad que hoy padecen los partidos. El Acuerdo Federal para la Reforma Política, firmado por el ex presidente Eduardo Duhalde y las provincias (excepto San Luis), refrendado luego por el Senado, propiciaba cambios de fondo que hoy parecen olvidados.Urge oxigenar la democracia, cuyas fallas provocan abstenciones masivas y votaciones nulas que deslegitiman peligrosamente la renovación de los cuadros dirigenciales, cuyas caras en Tucumán son las de siempre.
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