Los nombramientos

Durante la campaña proselitista, la clase dirigente aspirante al sillón de Lucas Córdoba siempre amenaza con acabar drásticamente con los excesos, las prebendas, los asesores, los nombramientos innecesarios; en definitiva, con recortar el tan mentado gasto público. Se habla de combatir con rigor los actos de corrupción y de ejercer un severo control en todas las áreas del gobierno. La historia tucumana de los últimos lustros ha demostrado que muy poco de lo que se promete, se cumple; y lo más grave es que se suele hacer todo lo contrario.
Desde hace más de una década, rige en la provincia una ley de Emergencia Económica que impide, entre otras cosas, nuevos nombramientos de personal en la planta del Estado. Sin embargo, a lo largo de los gobiernos y generalmente, antes de concluir el mandato, se designan empleados o se incorporan a la planta permanente a contratados. Esta situación le genera una situación conflictiva al gobernante que le sucede al anterior cuando intenta derogar las designaciones.
Eso le sucedió hace unos días al intendente cuando intentó anular alrededor de 600 nombramientos que se hicieron en la Municipalidad desde noviembre de 2002. Por presión sindical y de los trabajadores, el funcionario tuvo que dejar la situación como estaba, con el consecuente perjuicio que le acarrea al erario. Algo parecido le sucedió al gobernador cuando intentó dar de baja a 800 designaciones que se habían efectuado en la gestión de Miranda. Aunque pudo concretar la medida, tuvo que acceder a la petición gremial de que se revisará cada caso.
Sin embargo, el actual Gobierno ha incorporado nuevas estructuras al Poder Ejecutivo y se estima que ha incrementado en más de un 50% la cantidad de funcionarios, en relación con la administración anterior. Se crearon nuevos organismos, se desdoblaron otros y algunos cambiaron de nombre. Una buena parte de quienes integran el cuerpo de asesores de gabinete han sido incorporados con rango de subsecretarios o de categorías que van entre la 20 y la 23.
Desde el Poder Ejecutivo, en un intento por justificar las designaciones, se ha dicho que no hay que confundir calidad con cantidad. El secretario general de la Gobernación afirmó que no se gasta ni un peso más y que los cambios introducidos en la estructura de gobierno entran en los parámetros establecidos por el presupuesto vigente y del que se aprobará. Otro funcionario afirmó que el objetivo del decreto 11/1 es transparentar los actos de gobierno y señaló que el ciudadano es concebido como un cliente del Estado.
Es necesario recordar que una mayor cantidad de personal no garantiza la calidad. A lo largo de los años la planta del Estado se ha engrosado considerable e innecesariamente, y ello sólo ha traído como consecuencia ineficiencia y mayor quebranto económico a la provincia.
Es un error conceptual serio, por otra parte, considerar al ciudadano como un cliente. El Estado es el pueblo, la sociedad en su conjunto, y sus representantes son sus empleados, no al revés. El Estado no puede ser nunca una empresa privada; no puede venderle a la propia comunidad educación, salud, cultura, etcétera; su misión es brindar en forma gratuita esos servicios esenciales que tienen que ver con el bienestar espiritual y corporal, y el progreso de una sociedad. La eficiencia debe ser su norte.
La empleomanía y el nepotismo han sido un flagelo indomable en la Argentina y en el Tucumán de las últimas décadas que, por cierto, no han redundado en nada positivo. En los 90, comenzó a hablarse de achicar el gasto público, pero ese objetivo nunca se cumplió. No se incrementó precisamente la planta en los sectores donde realmente hacía falta (médicos, maestros, enfermeros, etcétera). El actual Gobierno tiene la gran oportunidad y el desafío de hacer realidad sus promesas y de romper con esta tradición que, a esta altura, ya debería avergonzarnos.