La defensa de Antonio Bussi no baja los brazos en su afán de evitar que este sea sometido a juicio oral el próximo año por los fondos que supuestamente manejó en forma indebida mediante el sistema de compensación de gastos durante su gobernación (1995-1999). El abogado Cergio Morfil presentó ayer un escrito por el recusó a los vocales de la Sala IV de la Cámara Penal, María del Pilar Prieto, Horacio Villalba y Silvia Castellote, que son quienes resultaron sorteados para llevar adelante el plenario contra el ex mandatario.
El letrado argumentó que los camaristas incurrieron en prejuzgamiento y en violencia moral porque, según afirmó, los resultados de las decisiones del tribunal se conocían antes de le fueran notificados. El planteo será resuelto la próxima semana.
La Sala IV rechazó esta semana los cinco pedidos de nulidad de todo o de parte de lo actuado que plantearon Bussi (este presentó dos escritos) y los otros imputados, los ex ministros Alberto Germanó (Gobierno), Ramón Nereo Arnedo (Hacienda) y Franco Fogliata (Producción).
Tal como lo hicieron días pasados el legislador Ernesto Padilla (Fuerza Republicana) y el ex concejal Pablo Calvetti, Morfil afirmó que su cliente es víctima de una persecución política.
"Es raro que, desde Ramón Ortega en adelante, un sinnúmero de funcionarios y legisladores haya utilizado este sistema de compensación de gastos y que sólo se pretenda sentar a cuatro personas en el banquillo de los acusados", manifestó el letrado.
El abogado está convencido de que los jueces deberían citar a cada uno de los legisladores o funcionarios que percibieron fondos mediante este sistema que, según destacó, estaba previsto por las leyes vigentes. "La otra alternativa sería celebrar un gran juicio en un amplio teatro para que quepan todas las personas que deberían ser imputadas, y no limitarse sólo a cuatro personas", aseveró.
Hora de ofrecer pruebas
Antes del planteo de Morfil, Prieto, en su carácter de titular del tribunal, había notificado a las partes y a la fiscal de la sala IV de la Cámara Penal, Marta Jerez de Rivadeneira, para que ofrezcan las pruebas que se proponen producir y para que presenten la lista de testigos para el plenario. Este se concretaría entre febrero y marzo de 2004. No hay tiempo material para celebrarlo antes de fin de año.
El ex ministro Quijano dice que está a disposición de la Justicia
"Declaré en dos ocasiones, en las cuales dije todo lo que sabía: que no se cometió ningún delito. Después no volví a tener noticias de la causa. El lunes averiguaré cuál es la situación. Siempre estuve a disposición de la Justicia". Esto aseguró a LA GACETA por teléfono, desde Buenos Aires, el ex ministro de Asuntos Sociales del ex gobernador Antonio Bussi, Carlos Octavio Quijano.
Quijano fue imputado en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la fallida contratación del albañil Pedro Robles para la remodelación del Hospital Padilla, una obra calculada en $ 3 millones.
La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de queja por casación denegada, por lo que se celebrará un juicio oral contra Robles y los otros imputados, Pedro Antonio Figueredo y Ricardo Wagner (efectuó el proyecto).
El letrado argumentó que los camaristas incurrieron en prejuzgamiento y en violencia moral porque, según afirmó, los resultados de las decisiones del tribunal se conocían antes de le fueran notificados. El planteo será resuelto la próxima semana.
La Sala IV rechazó esta semana los cinco pedidos de nulidad de todo o de parte de lo actuado que plantearon Bussi (este presentó dos escritos) y los otros imputados, los ex ministros Alberto Germanó (Gobierno), Ramón Nereo Arnedo (Hacienda) y Franco Fogliata (Producción).
Tal como lo hicieron días pasados el legislador Ernesto Padilla (Fuerza Republicana) y el ex concejal Pablo Calvetti, Morfil afirmó que su cliente es víctima de una persecución política.
"Es raro que, desde Ramón Ortega en adelante, un sinnúmero de funcionarios y legisladores haya utilizado este sistema de compensación de gastos y que sólo se pretenda sentar a cuatro personas en el banquillo de los acusados", manifestó el letrado.
El abogado está convencido de que los jueces deberían citar a cada uno de los legisladores o funcionarios que percibieron fondos mediante este sistema que, según destacó, estaba previsto por las leyes vigentes. "La otra alternativa sería celebrar un gran juicio en un amplio teatro para que quepan todas las personas que deberían ser imputadas, y no limitarse sólo a cuatro personas", aseveró.
Hora de ofrecer pruebas
Antes del planteo de Morfil, Prieto, en su carácter de titular del tribunal, había notificado a las partes y a la fiscal de la sala IV de la Cámara Penal, Marta Jerez de Rivadeneira, para que ofrezcan las pruebas que se proponen producir y para que presenten la lista de testigos para el plenario. Este se concretaría entre febrero y marzo de 2004. No hay tiempo material para celebrarlo antes de fin de año.
"Declaré en dos ocasiones, en las cuales dije todo lo que sabía: que no se cometió ningún delito. Después no volví a tener noticias de la causa. El lunes averiguaré cuál es la situación. Siempre estuve a disposición de la Justicia". Esto aseguró a LA GACETA por teléfono, desde Buenos Aires, el ex ministro de Asuntos Sociales del ex gobernador Antonio Bussi, Carlos Octavio Quijano.
Quijano fue imputado en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la fallida contratación del albañil Pedro Robles para la remodelación del Hospital Padilla, una obra calculada en $ 3 millones.
La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de queja por casación denegada, por lo que se celebrará un juicio oral contra Robles y los otros imputados, Pedro Antonio Figueredo y Ricardo Wagner (efectuó el proyecto).







