Reprobable estilo público

Declaraciones contradictorias, versiones opuestas y no desautorizadas, y otros hechos están demostrando frecuentemente las dificultades que algunos integrantes del Gobierno nacional enfrentan para exponer una imagen homogénea de su gestión. No se trata, por cierto, de una circunstancia nueva de nuestra vida pública, sino que es un rasgo notorio desde que comenzó a insinuarse la crisis, como consecuencia de la pérdida de estabilidad institucional. El Estado no sólo debe dar seguridad y certeza con sus decisiones, sino mantener un estilo de manifestaciones y comportamientos adecuado a las mismas, evitando equívocos que pueden ser graves y confundir a la sociedad.
En ese sentido, la situación de nuestro país es muy compleja, pues un largo proceso de irregularidades -donde la corrupción política y en las costumbres públicas han causado perjuicios con muy costosa reparación moral- está obligando a las autoridades de la Nación a desplazarse en una compleja realidad de dificultades. No es la menos grave, en verdad, la necesidad de hacer frente a situaciones y residuos estructurales de la crisis y sus causas, sin provocar reacciones en grupos y hasta sectores beneficiarios de aquellas. Ello requiere no sólo convicción y firmeza, sino un insobornable respeto al orden jurídico, cuya fragilidad ha sido elemento esencial de la decadencia del país.
Un equipo de gobierno democrático está lejos de ser un conjunto de funcionarios con voz uniforme que se limita a cumplir órdenes del Presidente y a repetir sus mensajes. Si bien el poder presidencial es decisivo en las determinaciones, los ministros desempeñan la autoridad que establece el artículo 100 de la Constitución Nacional, refrendando y legalizando los actos del Presidente, "sin cuyo requisito carecen de eficacia". La unidad del gobierno republicano ha de tener un sentido de solidaridad antes que autoritario. Sin embargo, ello no debe exceder la condición de homogeneidad requerida por la gestión, tanto en las decisiones como en las exposiciones públicas sobre las mismas y otras actividades relacionadas con la acción del Gobierno. En las actuales circunstancias del país, esas reglas no escritas de comportamientos públicos adquieren un significado muy especial, pues contribuyen a la transparencia de la gestión oficial y ayudan a restaurar ante la sociedad la deteriorada autoridad del Estado.
En los recientes días, con motivo del viaje presidencial a la XIII Cumbre Iberoamericana de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, una serie de enojosas situaciones y versiones, y hasta declaraciones contradictorias de funcionarios, dio lugar a equívocos que afectaron la seriedad del Presidente y su Gobierno y, consecuentemente, del país. No ha sido único ese infortunado episodio, pero sí suficientemente llamativo para señalar la necesidad de extremar el cuidado sobre los comentarios y anuncios de funcionarios acerca de hechos oficiales. Haciéndose eco de esa realidad y apelando a una diplomática metáfora, el canciller Rafael Bielsa trató de explicar la situación como el caso de la oruga china, donde hay bajos y altos -dijo- cubiertos por un manto de seda y por naturaleza dispares, que funcionan desigualmente. Esa diversidad de "voces autorizadas" -a las que no pocas veces desautoriza con hechos o declaraciones el Presidente- no siempre es consecuencia de errores, sino que puede advertirse en mensajes y apreciaciones sobre circunstancias o hechos en el propio Gobierno que no son compartidos. Tales comportamientos parecen por momentos configurar un estilo de comunicación a la sociedad que genera equívocos en lugar de la transparencia requerida a la gestión oficial, y afecta a la seriedad del país al transmitir imágenes dispares y hasta contradictorias de su Gobierno.