Por Redacción Política
21 Noviembre 2003
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Carlos Octavio Quijano se convirtió en el cuarto ex ministro del ex gobernador Antonio Bussi, que deberá afrontar un juicio oral y público el próximo año. El ex titular de Asuntos Sociales es uno de los imputados en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la fallida contratación del albañil Pedro Robles para la remodelación del Hospital Padilla, una obra calculada en $ 3 millones.
La Corte Suprema de Justicia de la provincia rechazó el recurso de queja por casación denegada que dedujeron los imputados en su afán por evitar que los sienten en el banquillo de los acusados. La sala IV de la Cámara Penal, que integran María del Pilar Prieto, Silvia Castellote y Horacio Villalba, resultó sorteada para llevar adelante el plenario.
Prieto ya notificó a las partes y a la fiscal de Cámara, Marta Jerez de Rivadeneira, para que examinen las actuaciones y documentaciones, y para que interpongan las recusaciones o planteos que consideren convenientes. La funcionaria judicial no efectuó ninguna observación, pero sí lo hizo Antonio Figueredo, uno de los imputados. Con el asesoramiento del abogado Eduardo Zerda, requirió ayer la nulidad de su declaración como imputado -y de todos los actos que se dictaron en su consecuencia- por considerar que no se le permitió ejercer el derecho de defensa.
Además de Quijano, Robles y Figueredo, también está imputado el arquitecto Ricardo Wagner, que efectuó el proyecto de remodelación del hospital. Mientras tanto, Carlos Augusto Marcotullio y María Eugenia Díaz Puertas fueron sobreseídos.
Cuando se conoció que la obra había sido otorgada a una persona que no contaba con la capacidad técnico-financiera para hacerla y que además no era contratista del Estado, Quijano fue sometido a un juicio político entre 1997 y 1998. Pero la oposición no consiguió los votos necesarios para lograr la remoción del ex ministro.
Bussi y sus ex ministros Alberto Germanó (Gobierno), Ramón Arnedo (Hacienda) y Franco Fogliata (Producción) también serán juzgados por la sala IV de la Cámara Penal, pero por el sistema de compensación de gastos que estuvo vigente entre 1995 y 1999.
La Corte Suprema de Justicia de la provincia rechazó el recurso de queja por casación denegada que dedujeron los imputados en su afán por evitar que los sienten en el banquillo de los acusados. La sala IV de la Cámara Penal, que integran María del Pilar Prieto, Silvia Castellote y Horacio Villalba, resultó sorteada para llevar adelante el plenario.
Prieto ya notificó a las partes y a la fiscal de Cámara, Marta Jerez de Rivadeneira, para que examinen las actuaciones y documentaciones, y para que interpongan las recusaciones o planteos que consideren convenientes. La funcionaria judicial no efectuó ninguna observación, pero sí lo hizo Antonio Figueredo, uno de los imputados. Con el asesoramiento del abogado Eduardo Zerda, requirió ayer la nulidad de su declaración como imputado -y de todos los actos que se dictaron en su consecuencia- por considerar que no se le permitió ejercer el derecho de defensa.
Además de Quijano, Robles y Figueredo, también está imputado el arquitecto Ricardo Wagner, que efectuó el proyecto de remodelación del hospital. Mientras tanto, Carlos Augusto Marcotullio y María Eugenia Díaz Puertas fueron sobreseídos.
Cuando se conoció que la obra había sido otorgada a una persona que no contaba con la capacidad técnico-financiera para hacerla y que además no era contratista del Estado, Quijano fue sometido a un juicio político entre 1997 y 1998. Pero la oposición no consiguió los votos necesarios para lograr la remoción del ex ministro.
Bussi y sus ex ministros Alberto Germanó (Gobierno), Ramón Arnedo (Hacienda) y Franco Fogliata (Producción) también serán juzgados por la sala IV de la Cámara Penal, pero por el sistema de compensación de gastos que estuvo vigente entre 1995 y 1999.
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