Por Redacción Política
21 Noviembre 2003
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La Legislatura aprobó ayer, sorpresivamente, la jerarquización de la Secretaría de Educación, al conferirle rango ministerial. La medida se adoptó al ser sancionada la ley que modifica la estructura del gabinete provincial. La norma sustituyó al decreto de necesidad y urgencia 1/1, que creó los ministerios de Desarrollo Productivo y de Seguridad Ciudadana, y la Secretaría General de Política Social, también con rango ministerial. Con estas estructuras fue equiparada la cartera que está a cargo de Ester Susana Montaldo.
Para que entre en vigencia, esta decisión parlamentaria debe ser promulgada por el gobernador José Alperovich quien, de hacerlo, enfrentará un cambio sensible en su gabinete. La ley sancionada recorta las facultades del ahora ministro de Gobierno, Educación y Justicia, Edmundo Jiménez. Este funcionario dejaría de tener bajo su órbita la Educación, que pasaría a depender directamente del titular del Poder Ejecutivo.
La sanción de esta ley coincide con la segunda jornada de paro de ATEP y de otros gremios docentes, con alto acatamiento, en reclamo de la definición de una política educativa, y por reivindicaciones sindicales. Montaldo es resistida por la conducción de los gremios del sector.
Dinámica propia
La idea fue impulsada por Alejandro Sangenis (Movimiento Popular y Progresista), quien logró el rápido respaldo del resto de la Cámara. Incluso, el bloque del PJ votó la propuesta.
El legislador reclamó "que se jerarquice la educación, la que debe estar asegurada en un 100% y atendida como corresponde". Afirmó que se debe sancionar una ley provincial en la materia y que hay fallos judiciales que imponen nuevas políticas. "Esta Cámara tiene dinámica propia. El gobernador está muy inseguro, pero debe entender que todos queremos que le vaya bien al Gobierno. Hay un Ministerio de Seguridad y la educación no puede ser menos, porque todos los programas contra los delitos hablan de educar", señaló. (Ver "El gobernador...")
La moción entusiasmó al ex vicegobernador Sisto Terán y al ex ministro de Economía, José Cúneo Vergés. Este indicó que la jerarquización permitiría a la secretaria participar de las reuniones de gabinete y tener un mayor poder interno.
Respeto a los empleados
Los legisladores también aprobaron la ley que faculta al Poder Ejecutivo a modificar las estructuras orgánico-funcionales atento al nuevo gabinete. Por esta norma, se habilitó al Gobierno a crear, transferir y suprimir organismos y dependencias, y asimismo cargos y categorías presupuestarias. Pero estas modificaciones no podrán afectar la remuneración ni la estabilidad de los empleados estatales.
El legislador radical Juan Roberto Robles advirtió que las reformas no deben transformarse en despidos encubiertos, y reclamó que la Cámara se convierta en un organismo de contralor y seguimiento de los cambios por hacer.
La autorización al PE está limitada hasta tanto se terminen las adecuaciones estructurales o hasta la promulgación del Presupuesto general para 2004.
El gobernador está de acuerdo
En su artículo 88, la Constitución de la provincia establece que el Poder Ejecutivo puede tener un mínimo de tres ministros y un máximo de cinco. La gestión de José Alperovich ya tiene creadas esas cinco carteras, que son las de Gobierno, Educación y Justicia; Economía; Desarrollo Productivo; Salud Pública y Seguridad Ciudadana.
Como ni el gobernador ni la Legislatura pueden crear otro ministerio, la vía que queda es la jerarquización de las secretarías, a las que se les otorgaría rango ministerial; como se hizo ayer con Educación. Pero esto implica que, necesariamente, esa área debe pasar a depender directamente del mandatario provincial. Ese es el caso de la Secretaría General de Políticas Sociales y el que deberá regir para la Secretaría de Educación, si se promulga la norma aprobada ayer.
Al parecer, el gobernador no vetará la medida. "Hoy le agradecí a mi vicegobernador Fernando Juri y a los legisladores por su comportamiento y por cómo se votaron las leyes", señaló en la tarde de ayer a la prensa. "Que se cambiaran algunos decretos porque ellos veían que estaban mal, me encanta -ratificó-. Es lo que digo acerca de que hay que trabajar en conjunto".
Alperovich insistió en que se necesita que la Legislatura pueda modificar y que no se traben las cosas. "Se está trabajando con mucha seriedad, cambiando lo que el Ejecutivo hace mal, en sintonía. Ya no hay tiempo para que cada uno haga la individual, porque se perjudica a la gente", dijo.
En cambio, el ministro de Gobierno Edmundo Jiménez fue más cauto e insinuó que no estaba de acuerdo con lo dispuesto por el Parlamento. "Aún no he revisado la norma, pero a primera vista no me parece posible que pueda concretarse lo que se plantea. La Secretaría de Educación ya depende de un ministerio, de modo que no parece coherente que se le dé rango ministerial", concluyó.
Prorrogan ejecuciones en contra de morosos
Por otros seis meses, la empresa Aguas del Aconquija no podrá ejecutar los juicios que ganó contra deudores del servicio, ya que la Cámara aprobó la prórroga de la suspensión de las sentencias.
La propuesta derivó en discusiones acerca de la necesidad de imponer una cultura de pago; en acusaciones a los responsables de la privatización y encendidas defensas de los usuarios.
El peronista José Teri, justificó la norma en "la grave situación socioeconómica del país".
El radical Juan Robles calificó a la privatización fallida como "el monumento a la corrupción del changuito cañero de Ramón Ortega". El ex vicegobernador Sisto Terán le contestó que la concesión fue investigada por el entonces fiscal Esteban Jerez, quien concluyó que no había delito.
Pedro Stordeur (Frente Anticorrupción) fue el único que se manifestó en contra de la suspensión, y reclamó que se haga primar la seguridad jurídica por encima de los casos particulares. El bussista Ernesto Padilla reclamó: "que estos 180 días sirvan para que se activen las neuronas del PE y surja una solución".
El Ministerio de Salud ya no maneja el Posoco
El Poder Ejecutivo sólo logró que la Legislatura le ratificara uno de los cuatro decretos de necesidad y urgencia que estuvieron ayer en debate. La iniciativa aprobada sin cambios traspasó la administración del plan Posoco de la órbita del Ministerio de Salud a la Secretaría General de Políticas Sociales.
Las otras normas de excepción fueron transformadas en leyes ordinarias, que ahora deberán ser promulgadas por el PE. El decreto aprobado aumentó además en $600.000 hasta fin de año el presupuesto del área que gestiona el ministro de Salud, Juan Manzur, y habilitó que todas las compras en el sector se realicen a través de contrataciones directas. La multiplicación de los decretos especiales fue cuestionada desde Fuerza Republicana.
La Cámara también aprobó por unanimidad el uso de los vales alimentarios hasta enero de 2005, para el pago del 20% de los sueldos estatales. La norma fue respaldada sin distingos políticos, luego de que el ex ministro de Economía, José Alberto Cúneo Vergés, explicó que el ahorro anual es de $ 24 millones.
Elogian a Miranda por el plan Copa de Leche
El programa Copa de Leche seguirá aplicándose en la provincia, pero ahora como parte de un plan alimentario integral que será implementado desde la Secretaría General de Políticas Sociales, que conduce Beatriz Mirkin.
La Cámara sancionó ayer la continuidad de la Copa de Leche, y rechazó el decreto de necesidad y urgencia del Gobierno que derogaba el sistema. Cada litro le cuesta al Estado $ 1,13, pero actualmente se compra muy poca leche fluida porque la mayoría es vendida fuera de la provincia. Por ese motivo, se autorizó a Mirkin a efectuar compras directas de leche en polvo, previo cotejo de precios con cinco firmas.
"Es un reconocimiento a Julio Miranda, quien creó el plan en 2000, cuando la cuenca lechera de Trancas estaba en riesgo de quebranto. Todos los fondos aportados por la Caja Popular serán ahora remitidos a Secretaría, y dejará de funcionar la unidad ejecutora especial, para uso más eficiente de los fondos y la elaboración de un registro único de los beneficiarios", afirmó el presidente subrogante de la Legislatura, Fernando Juri Debo.
Para que entre en vigencia, esta decisión parlamentaria debe ser promulgada por el gobernador José Alperovich quien, de hacerlo, enfrentará un cambio sensible en su gabinete. La ley sancionada recorta las facultades del ahora ministro de Gobierno, Educación y Justicia, Edmundo Jiménez. Este funcionario dejaría de tener bajo su órbita la Educación, que pasaría a depender directamente del titular del Poder Ejecutivo.
La sanción de esta ley coincide con la segunda jornada de paro de ATEP y de otros gremios docentes, con alto acatamiento, en reclamo de la definición de una política educativa, y por reivindicaciones sindicales. Montaldo es resistida por la conducción de los gremios del sector.
Dinámica propia
La idea fue impulsada por Alejandro Sangenis (Movimiento Popular y Progresista), quien logró el rápido respaldo del resto de la Cámara. Incluso, el bloque del PJ votó la propuesta.
El legislador reclamó "que se jerarquice la educación, la que debe estar asegurada en un 100% y atendida como corresponde". Afirmó que se debe sancionar una ley provincial en la materia y que hay fallos judiciales que imponen nuevas políticas. "Esta Cámara tiene dinámica propia. El gobernador está muy inseguro, pero debe entender que todos queremos que le vaya bien al Gobierno. Hay un Ministerio de Seguridad y la educación no puede ser menos, porque todos los programas contra los delitos hablan de educar", señaló. (Ver "El gobernador...")
La moción entusiasmó al ex vicegobernador Sisto Terán y al ex ministro de Economía, José Cúneo Vergés. Este indicó que la jerarquización permitiría a la secretaria participar de las reuniones de gabinete y tener un mayor poder interno.
Respeto a los empleados
Los legisladores también aprobaron la ley que faculta al Poder Ejecutivo a modificar las estructuras orgánico-funcionales atento al nuevo gabinete. Por esta norma, se habilitó al Gobierno a crear, transferir y suprimir organismos y dependencias, y asimismo cargos y categorías presupuestarias. Pero estas modificaciones no podrán afectar la remuneración ni la estabilidad de los empleados estatales.
El legislador radical Juan Roberto Robles advirtió que las reformas no deben transformarse en despidos encubiertos, y reclamó que la Cámara se convierta en un organismo de contralor y seguimiento de los cambios por hacer.
La autorización al PE está limitada hasta tanto se terminen las adecuaciones estructurales o hasta la promulgación del Presupuesto general para 2004.
En su artículo 88, la Constitución de la provincia establece que el Poder Ejecutivo puede tener un mínimo de tres ministros y un máximo de cinco. La gestión de José Alperovich ya tiene creadas esas cinco carteras, que son las de Gobierno, Educación y Justicia; Economía; Desarrollo Productivo; Salud Pública y Seguridad Ciudadana.
Como ni el gobernador ni la Legislatura pueden crear otro ministerio, la vía que queda es la jerarquización de las secretarías, a las que se les otorgaría rango ministerial; como se hizo ayer con Educación. Pero esto implica que, necesariamente, esa área debe pasar a depender directamente del mandatario provincial. Ese es el caso de la Secretaría General de Políticas Sociales y el que deberá regir para la Secretaría de Educación, si se promulga la norma aprobada ayer.
Al parecer, el gobernador no vetará la medida. "Hoy le agradecí a mi vicegobernador Fernando Juri y a los legisladores por su comportamiento y por cómo se votaron las leyes", señaló en la tarde de ayer a la prensa. "Que se cambiaran algunos decretos porque ellos veían que estaban mal, me encanta -ratificó-. Es lo que digo acerca de que hay que trabajar en conjunto".
Alperovich insistió en que se necesita que la Legislatura pueda modificar y que no se traben las cosas. "Se está trabajando con mucha seriedad, cambiando lo que el Ejecutivo hace mal, en sintonía. Ya no hay tiempo para que cada uno haga la individual, porque se perjudica a la gente", dijo.
En cambio, el ministro de Gobierno Edmundo Jiménez fue más cauto e insinuó que no estaba de acuerdo con lo dispuesto por el Parlamento. "Aún no he revisado la norma, pero a primera vista no me parece posible que pueda concretarse lo que se plantea. La Secretaría de Educación ya depende de un ministerio, de modo que no parece coherente que se le dé rango ministerial", concluyó.
Por otros seis meses, la empresa Aguas del Aconquija no podrá ejecutar los juicios que ganó contra deudores del servicio, ya que la Cámara aprobó la prórroga de la suspensión de las sentencias.
La propuesta derivó en discusiones acerca de la necesidad de imponer una cultura de pago; en acusaciones a los responsables de la privatización y encendidas defensas de los usuarios.
El peronista José Teri, justificó la norma en "la grave situación socioeconómica del país".
El radical Juan Robles calificó a la privatización fallida como "el monumento a la corrupción del changuito cañero de Ramón Ortega". El ex vicegobernador Sisto Terán le contestó que la concesión fue investigada por el entonces fiscal Esteban Jerez, quien concluyó que no había delito.
Pedro Stordeur (Frente Anticorrupción) fue el único que se manifestó en contra de la suspensión, y reclamó que se haga primar la seguridad jurídica por encima de los casos particulares. El bussista Ernesto Padilla reclamó: "que estos 180 días sirvan para que se activen las neuronas del PE y surja una solución".
El Poder Ejecutivo sólo logró que la Legislatura le ratificara uno de los cuatro decretos de necesidad y urgencia que estuvieron ayer en debate. La iniciativa aprobada sin cambios traspasó la administración del plan Posoco de la órbita del Ministerio de Salud a la Secretaría General de Políticas Sociales.
Las otras normas de excepción fueron transformadas en leyes ordinarias, que ahora deberán ser promulgadas por el PE. El decreto aprobado aumentó además en $600.000 hasta fin de año el presupuesto del área que gestiona el ministro de Salud, Juan Manzur, y habilitó que todas las compras en el sector se realicen a través de contrataciones directas. La multiplicación de los decretos especiales fue cuestionada desde Fuerza Republicana.
La Cámara también aprobó por unanimidad el uso de los vales alimentarios hasta enero de 2005, para el pago del 20% de los sueldos estatales. La norma fue respaldada sin distingos políticos, luego de que el ex ministro de Economía, José Alberto Cúneo Vergés, explicó que el ahorro anual es de $ 24 millones.
Elogian a Miranda por el plan Copa de Leche
El programa Copa de Leche seguirá aplicándose en la provincia, pero ahora como parte de un plan alimentario integral que será implementado desde la Secretaría General de Políticas Sociales, que conduce Beatriz Mirkin.
La Cámara sancionó ayer la continuidad de la Copa de Leche, y rechazó el decreto de necesidad y urgencia del Gobierno que derogaba el sistema. Cada litro le cuesta al Estado $ 1,13, pero actualmente se compra muy poca leche fluida porque la mayoría es vendida fuera de la provincia. Por ese motivo, se autorizó a Mirkin a efectuar compras directas de leche en polvo, previo cotejo de precios con cinco firmas.
"Es un reconocimiento a Julio Miranda, quien creó el plan en 2000, cuando la cuenca lechera de Trancas estaba en riesgo de quebranto. Todos los fondos aportados por la Caja Popular serán ahora remitidos a Secretaría, y dejará de funcionar la unidad ejecutora especial, para uso más eficiente de los fondos y la elaboración de un registro único de los beneficiarios", afirmó el presidente subrogante de la Legislatura, Fernando Juri Debo.
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