Municipales resisten la designación de la nueva subdirectora de Tránsito

El intendente provisorio Domingo Amaya fue, habló y se fue. A las 8, el jefe municipal de San Miguel de Tucumán pidió el apoyo para su gestión al personal de la Dirección de Policía de Tránsito. Pero cuando los delegados de esa dependencia quisieron hacer sus planteos, el funcionario se retiró. Su subsecretario de Gobierno, Jorge Billone, se quedó para ratificar la decisión de un nuevo nombramiento. Es el de Rosa Arias como subdirectora del área. El anuncio causó gran malestar en el personal.
"No permitiremos esta decisión en la repartición, porque está fuera de la carrera administrativa. Que se lo designe a Carlos Almirón está bien porque es de carrera, pero ahora, como subdirectora quiere designar a una funcionaria de Córdoba, y no lo vamos permitir", le dijeron a LA GACETA los delegados Roberto López Ortiz, Mirta Gallardo, Silvia Serpa, Liliana Torres y Fabio González. Además, denunciaron que Amaya no escuchó las demandas de provisión de insumos de la repartición.
"La mitad del parque automotor está parada por la falta de reparaciones, y nos dan combustible que sólo alcanza para un turno de los cuatro que hacemos", puntualizaron los representantes del personal.

Contrapunto
Por su parte, Amaya explicó que debió retirarse porque tenía otra reunión en Casa de Gobierno. "Les tracé un cuadro sobre el estado del municipio, ese fue mi compromiso", explicó el intendente en respuesta a la consulta de LA GACETA.
Respecto de la designación de Arias como subdirectora operativa, el titular del Departamento Ejecutivo Municipal respondió que las decisiones las toma el Ejecutivo. "Nos pareció importante que esta persona que fue directora de Tránsito en Córdoba, vuelque su experiencia aquí. Nosotros estamos para producir cambios, y todo el tema relacionado con el tránsito es una vidriera; queremos dar mejor servicio a los vecinos", sostuvo.
Los delegados aclararon que se están prestando todos los servicios, pero ratificaron su rechazo. "Si la cordobesa asume, no entrará al edificio", dijeron.

Autorizan a que se reestructuren las cuentas bancarias de la Municipalidad
El Concejo Deliberante de la capital autorizó ayer al intendente Domingo Amaya a reestructurar las cuentas bancarias de la Municipalidad que operan en el Banco del Tucumán.
La sesión tuvo un duelo particular protagonizado por los republicanos. Miguel Brito planteó un firme cuestionamiento en contra del despacho que habían firmado Claudio Viña y Javier Morof. Incluso, Brito pidió que el proyecto vuelva a comisión, pero el cuerpo no apoyó esa moción. Finalmente el edil bussista votó por la negativa. "Es un atropello porque se quieren cerrar las cuentas que les permiten funcionar a varias reparticiones, para crear la caja única que fue tan nefasta en la órbita provincial", dijo Brito.
"Por la aplicación de ese sistema, luego tuvimos que lamentar la muerte de chicos por desnutrición, porque la plata no llegaba a sus destinatarios", remarcó.
El edil peronista Ramón Cano salió al cruce de las afirmaciones de Brito. "No comparto sus dichos; sólo quiere hacer política, porque la comisión emitió un dictamen a la altura de las circunstancias", expresó en la réplica.
El concejal José Luis Avignone planteó la necesidad de pedir al Departamento Ejecutivo Municipal que la reestructuración no implique el cierre definitivo de las cuentas bancarias de las reparticiones. La postura del edil radical fue aceptada por el resto del cuerpo.
Además se aprobó el proyecto de consolidación en el Estado municipal de las obligaciones vencidas de causa o título operados al 31 de octubre pasado.
Se sancionó un proyecto de resolución que solicita al Gobierno provincial un adelanto de coparticipación por $ 3 millones. La iniciativa apunta a saldar las deudas salariales del personal de las categorías altas (20 a fuera de escala) y del cuerpo de taquígrafos.
Los concejales Hugo Danesi (Ciudadanos Independientes) y el radical Raúl Pellegrini lograron que se sancione una ordenanza que exige la remisión de los decretos y resoluciones del Departamento Ejecutivo municipal dentro de los cinco días hábiles de su emisión.