Entrarán a la cárcel nuevos guardias

Antes de dejar sus cargos, funcionarios del gobierno de Julio Miranda firmaron 120 contratos para robustecer la planta de personal de la Dirección de Institutos Penales. Al asumir, las nuevas autoridades dejaron sin efecto la medida, lo que generó protestas de los despedidos y una acción judicial para retrotraer la situación.
El 23 de octubre (seis días antes del cambio de mando), el ex director de la cárcel, comisario general (r) Raúl Pereyra, firmó los contratos de locación de servicios con los nuevos guardias. Pero estos no habían realizado cursos ni habían pasado filtros, porque no se hicieron en los últimos años. El nuevo director, Ernesto Salas, convocó a interesados a realizar un curso selectivo para cubrir las vacantes (serían también 120).
Luis Marcelino Ibarra, uno de los 14 contratados que se presentaron ante la Justicia con un recurso de reconsideración, se quejó porque además de que no se brindan garantías de continuidad a quienes fueron despedidos, las nuevas autoridades pusieron una nueva cláusula, que lo deja afuera definitivamente al igual que a los demás denunciantes: el tope de edad es de 30 años, mientras que cuando se firmaron los contratos no existían límites. "Hicimos un trato con la empresa que hace los uniformes para que nos hagan los descuentos por planilla; ahora no sé cómo vamos a pagar", dijo Ibarra. Desde el Ministerio de Seguridad Ciudadana, del que depende Institutos Penales, se sospecha que al igual que lo ocurrido con los ingresos a la Policía, hubo mucho favoritismo hacia los recomendados por punteros políticos.