20 Noviembre 2003 Seguir en 
Las 17 causas judiciales que hay en la Justicia tucumana en contra del empresario detenido Pedro José Tomas están ya en poder del juez federal Felipe Terán, quien lo acusa de ser el supuesto organizador de una red de "blanqueo" de vehículos robados por medio de documentos falsos y oficios judiciales.
La semana pasada, el juez federal solicitó que se le remitan copias de los expedientes de esas causas, y también un informe sobre los vehículos que estacionan frente a Tribunales, en el pasaje Vélez Sarsfield al 400.
La Corte dispuso la remisión de las copias. Son 16 las causas judiciales -en su mayoría por estafas relacionadas con la venta de vehículos o robo de automotor- que están en trámite, porque sólo una de ellas concluyó en juicio oral. Tomas fue condenado el 7 de agosto del año pasado a ocho meses de prisión condicional por libramiento de cheques sin fondos.
Lo que más le habría llamado la atención a Terán, según se supo, es que cuatro de esas causas están en la Fiscalía IV, a cargo de Héctor Abraham Musi y donde prestaba servicios el prosecretario Hugo Tarifa, quien se encuentra detenido. Ninguna de ellas avanzó en los últimos años.
Buenos contactos
Tomas empezó a acumular causas en su contra en 1994, y a partir de allí su carrera no se detuvo hasta que chocó con la Justicia Federal. Terán piensa Tomas que contaba con mejores contactos que los que se sospechaban hasta ahora, que le garantizaban impunidad, y las copias de los expedientes de las causas (en su mayoría de unas pocas hojas) confirmarían su hipótesis.
Mientras tanto, el defensor del cuestionado fiscal Musi, Gustavo Morales, le envió el martes una carta documento al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Ernesto Clemente Wayar, informándole que no se está cumpliendo la acordada emitida por ese tribunal para que se remitan las denuncias que hizo en contra de Terán y del secretario Horacio Argüello.
Morales los acusó de enriquecimiento ilícito y de presuntas irregularidades en el otorgamiento de fondos que habían quedado en el "corralito".
Los reclamos
Según la carta documento, no se remitieron las actuaciones al Consejo de la Magistratura de la Nación ni al Juzgado Federal I para que estos investiguen las denuncias.
En tanto, el pedido de informes interpuesto por Terán sobre los autos estacionados no fue respondido de acuerdo con lo solicitado, puesto que el control no es ejercido por la Corte. Ese estacionamiento es usado en función de un acuerdo entre el Círculo de Magistrados y la Asociación de Funcionarios y la Municipalidad.
Por otra parte, Morales solicitó la inhibición del vocal del tribunal Ricardo Mario Sanjuán. El abogado se basó en una publicación periodística que da cuenta de que el magistrado fue visto junto con el ex ministro de Salud Enrique Zamudio y con Terán cenando en un restaurante de Yerba Buena cuando el investigador de las 4x4 estaba de licencia por razones de salud.
Sucede que la Cámara debe resolver en los próximos días las apelaciones planteadas por los abogados en contra de la imputación que pesa sobre los sospechosos de lavado de activos provenientes de delitos.
Los defensores de los más de 10 procesados que tiene el caso solicitan que se los acuse sólo de falsificación de instrumento público y delitos menores. La causa está actualmente calificada como enriquecimiento ilícito por lavado de activos.
El empresario de Córdoba ya declaró
El martes pasado declaró el empresario cordobés detenido la semana pasada por Gendarmería Nacional. El hombre, identificado como José Palacio, oriundo de Villa María, le habría entregado a Pedro Tomas tres automóviles, una camioneta y un cuatriciclo que formarían parte de los secuestros que hay en la causa.
Todos esos vehículos, según había dicho Tomas en su declaración, le habían sido entregados como parte de pago de un camión, en una operación en la que habría participado un gitano conocido sólo como Miguel.
Tomas dijo que conoció a Palacios a mediados del año pasado a través de Pedro Bobba, el ex empleado del empresario que murió en un confuso hecho cuando comenzaba la investigación por el caso de las 4x4. Tomas, en su declaración, aseguró que Bobba era su socio y lo responsabilizó por las operaciones con vehículos "mellizos". Aún hoy uno de los principales acusados del escandaloso caso mantiene esa hipótesis. Los rodados en cuestión son un Ford Escort Cabriolet, un Rover 420, un Renault Mégane Scenic, una camioneta F-100 y un cuatriciclo Polaris Trail Boss 250.
En libertad
Palacio, según trascendió, habría negado que sabía que se trataba de vehículos robados. En tanto, en las próximas horas podría resolverse la situación de Ana Lucía Govetto, una amiga de Tomas en cuyo comercio se habría encontrado documentación del caso. Ella saldría en libertad.
La semana pasada, el juez federal solicitó que se le remitan copias de los expedientes de esas causas, y también un informe sobre los vehículos que estacionan frente a Tribunales, en el pasaje Vélez Sarsfield al 400.
La Corte dispuso la remisión de las copias. Son 16 las causas judiciales -en su mayoría por estafas relacionadas con la venta de vehículos o robo de automotor- que están en trámite, porque sólo una de ellas concluyó en juicio oral. Tomas fue condenado el 7 de agosto del año pasado a ocho meses de prisión condicional por libramiento de cheques sin fondos.
Lo que más le habría llamado la atención a Terán, según se supo, es que cuatro de esas causas están en la Fiscalía IV, a cargo de Héctor Abraham Musi y donde prestaba servicios el prosecretario Hugo Tarifa, quien se encuentra detenido. Ninguna de ellas avanzó en los últimos años.
Buenos contactos
Tomas empezó a acumular causas en su contra en 1994, y a partir de allí su carrera no se detuvo hasta que chocó con la Justicia Federal. Terán piensa Tomas que contaba con mejores contactos que los que se sospechaban hasta ahora, que le garantizaban impunidad, y las copias de los expedientes de las causas (en su mayoría de unas pocas hojas) confirmarían su hipótesis.
Mientras tanto, el defensor del cuestionado fiscal Musi, Gustavo Morales, le envió el martes una carta documento al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Ernesto Clemente Wayar, informándole que no se está cumpliendo la acordada emitida por ese tribunal para que se remitan las denuncias que hizo en contra de Terán y del secretario Horacio Argüello.
Morales los acusó de enriquecimiento ilícito y de presuntas irregularidades en el otorgamiento de fondos que habían quedado en el "corralito".
Los reclamos
Según la carta documento, no se remitieron las actuaciones al Consejo de la Magistratura de la Nación ni al Juzgado Federal I para que estos investiguen las denuncias.
En tanto, el pedido de informes interpuesto por Terán sobre los autos estacionados no fue respondido de acuerdo con lo solicitado, puesto que el control no es ejercido por la Corte. Ese estacionamiento es usado en función de un acuerdo entre el Círculo de Magistrados y la Asociación de Funcionarios y la Municipalidad.
Por otra parte, Morales solicitó la inhibición del vocal del tribunal Ricardo Mario Sanjuán. El abogado se basó en una publicación periodística que da cuenta de que el magistrado fue visto junto con el ex ministro de Salud Enrique Zamudio y con Terán cenando en un restaurante de Yerba Buena cuando el investigador de las 4x4 estaba de licencia por razones de salud.
Sucede que la Cámara debe resolver en los próximos días las apelaciones planteadas por los abogados en contra de la imputación que pesa sobre los sospechosos de lavado de activos provenientes de delitos.
Los defensores de los más de 10 procesados que tiene el caso solicitan que se los acuse sólo de falsificación de instrumento público y delitos menores. La causa está actualmente calificada como enriquecimiento ilícito por lavado de activos.
El empresario de Córdoba ya declaró
El martes pasado declaró el empresario cordobés detenido la semana pasada por Gendarmería Nacional. El hombre, identificado como José Palacio, oriundo de Villa María, le habría entregado a Pedro Tomas tres automóviles, una camioneta y un cuatriciclo que formarían parte de los secuestros que hay en la causa.
Todos esos vehículos, según había dicho Tomas en su declaración, le habían sido entregados como parte de pago de un camión, en una operación en la que habría participado un gitano conocido sólo como Miguel.
Tomas dijo que conoció a Palacios a mediados del año pasado a través de Pedro Bobba, el ex empleado del empresario que murió en un confuso hecho cuando comenzaba la investigación por el caso de las 4x4. Tomas, en su declaración, aseguró que Bobba era su socio y lo responsabilizó por las operaciones con vehículos "mellizos". Aún hoy uno de los principales acusados del escandaloso caso mantiene esa hipótesis. Los rodados en cuestión son un Ford Escort Cabriolet, un Rover 420, un Renault Mégane Scenic, una camioneta F-100 y un cuatriciclo Polaris Trail Boss 250.
En libertad
Palacio, según trascendió, habría negado que sabía que se trataba de vehículos robados. En tanto, en las próximas horas podría resolverse la situación de Ana Lucía Govetto, una amiga de Tomas en cuyo comercio se habría encontrado documentación del caso. Ella saldría en libertad.
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