14 Marzo 2014
Sólo hubo consenso en que la droga avanza
Tras más de cuatro horas de debate, la bancada alperovichista logró la sanción de la adhesión a la Ley Nacional de Estupefacientes, por lo que la Justicia provincial podrá investigar a “dealers” barriales desde 2015. El fiscal federal general Gómez fue invitado por un opositor al recinto, pero la bancada oficialista no aceptó escucharlo. La iniciativa provino del PE.
¿EN DEBATE? Pasadas las 14, tras dos horas de discusión del proyecto de adhesión a la ley de Estupefacientes, sólo una quincena de bancas estaba ocupada. la gaceta fotos de antonio ferroni
Los legisladores alineados a la Casa de Gobierno afirmaron que si la Justicia provincial comienza a perseguir dealers, los tucumanos tendrán una nueva herramienta para combatir el avance la venta de drogas al “menudeo”. Los parlamentarios de la oposición aseguraron que el plan oficialista carece de estadísticas y de consenso político, y que sólo profundizará la gravedad del problema.
La mayoría de la bancada alperovichista se impuso en la votación por 35 a 8. Pero en el recinto hubo un denominador común: las más de cuarenta voces que resonaron ayer en la Cámara admitieron su preocupación por el crecimiento del narcotráfico a menor escala y del consumo de sustancias ilegales, y expresaron la necesidad de que el Estado adopte políticas para detener a los “transas”.
Los legisladores discutieron durante cerca de cuatro horas y media el proyecto del Poder Ejecutivo (PE), que preveía la adhesión a la Ley Nacional de Estupefacientes (23.737 y 26.052) en el párrafo que habilita la competencia de la Justicia provincial para entender en la venta al “menudeo” y la tenencia para consumo de sustancias ilegales, investigaciones que hasta ahora permanecieron en la esfera de la Justicia Federal.
Desde los palcos, el fiscal federal general de Tucumán, Gustavo Gómez, siguió las alocuciones prácticamente hasta el final. El legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO) lo había invitado para que repitiera su crítica postura en el recinto, y solicitó que el cuerpo colegiado pasara “a comisión”, estado que permite la participación de quienes no integran el parlamento.
La bancada alperovichista rechazó la propuesta. “¿Para qué vamos a mentir? No seamos hipócritas, cada uno viene con una posición tomada y ya sabe si va a votar a favor o en contra”, argumentó Roque Álvarez, presidente del “Tucumán Crece”. El peronista afirmó que había otras instancias en que el fiscal federal general podía haber sido invitado, como la comisión de Labor Parlamentaria. “No se me ocurre cosa más institucional que el cumplimiento del reglamento interno de la Legislatura. Lo que propuse forma parte del mecanismo para escuchar una persona ajena al cuerpo”, retrucó Colombres Garmendia. El macrista se retiró antes de la votación porque debía viajar por un encuentro del PRO, y pidió que se dejara constancia de su voto negativo, pero fuentes de la Cámara relataron que no se computó su postura.
Ricardo Bussi (FR), autor de un dictamen de minoría, lamentó que el PJ “decida encerrarse y no escuchar la voz de un letrado de la experiencia” del fiscal federal Gómez. José Páez (DC) y Ariel García (UCR), entre otros, también protestaron.
Desde la Casa de Gobierno
El proyecto de adhesión a la Ley Nacional de Estupefacientes fue elaborado por el PE, y llegó a mesa de entradas de la Legislatura la semana pasada, con las firmas del gobernador, José Alperovich, y del ministro de Seguridad, Jorge Gassenbauer. Los alperovichistas José León, presidente de la comisión de Seguridad y Justicia, y Graciela Suárez, encargada de Acciones Preventivas y Asistencia de las Adicciones, presentaron ayer la iniciativa. “Nuestra provincia cuenta sólo con dos juzgados federales con competencia en todas las causas. (...) Muchas veces se ven desbordadas, y las medidas judiciales no llegan a tiempo”, advirtió León, quien fue fiscal de Instrucción del fuero penal en 1991. Agregó que el nuevo sistema “no es para un cambio total”. “Significa ampliar la capacidad del Estado”, agregó.
Suárez dijo que la norma nacional permite a las provincias recibir recursos para organizar sus estructuras contra los dealers. “Este proyecto no pretende ser la solución total para el narcotráfico, pero es una contribución”, aseveró.
El alperovichista Marcelo Caponio leyó en el recinto una entrevista que el vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Ricardo Sanjuán, concedió a este diario, publicada el 16 de febrero pasado. Remarcó que el magistrado había dicho: “estamos colapsados: tenemos dos juzgados y necesitamos cuatro”. Señaló que Sanjuán destacó la capacidad de los jueces para saber “cuándo un caso forma parte de una red conectada al narcotráfico y cuándo es una causa menor”; y que “aquí lo importante es la atención inmediata de personas detenidas con pequeñas cantidades de drogas”.
Federico Romano Norri, quien además había elaborado un dictamen de minoría en la comisión de Asistencia a las Adicciones, dio lectura a otras frases que había expresado Sanjuán. “(El camarista) también remarcó que ‘a la Provincia nunca le importó el tema de la droga’”, señaló el radical.
Pasadas las 16.30 se consumó la votación. La nueva norma contra los dealers comenzará a regir desde 1 de marzo de 2015, aunque el Poder Ejecutivo (PE) tiene la potestad de aplazar esa fecha. Si bien el texto sancionado por la Legislatura no establece qué cantidad de droga ni qué circunstancias determinan si el caso pasará a la Justicia provincial (tenencia para consumo personal o para venta al “menudeo”) o al fuero federal (casos de narcotráfico de mayor volumen), se conformará una comisión interpoderes para analizar estos puntos. Por propuesta de Álvarez, ese grupo estará integrado por dos integrantes del PE, dos del Poder Judicial y tres de la Legislatura. Este equipo, además, analizará las inversiones necesarias y otras medidas para acondicionar los Tribunales locales. “Hemos decido ser protagonistas a partir de la adhesión a esta ley”, avisó el referente peronista.
La mayoría de la bancada alperovichista se impuso en la votación por 35 a 8. Pero en el recinto hubo un denominador común: las más de cuarenta voces que resonaron ayer en la Cámara admitieron su preocupación por el crecimiento del narcotráfico a menor escala y del consumo de sustancias ilegales, y expresaron la necesidad de que el Estado adopte políticas para detener a los “transas”.
Los legisladores discutieron durante cerca de cuatro horas y media el proyecto del Poder Ejecutivo (PE), que preveía la adhesión a la Ley Nacional de Estupefacientes (23.737 y 26.052) en el párrafo que habilita la competencia de la Justicia provincial para entender en la venta al “menudeo” y la tenencia para consumo de sustancias ilegales, investigaciones que hasta ahora permanecieron en la esfera de la Justicia Federal.
Desde los palcos, el fiscal federal general de Tucumán, Gustavo Gómez, siguió las alocuciones prácticamente hasta el final. El legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO) lo había invitado para que repitiera su crítica postura en el recinto, y solicitó que el cuerpo colegiado pasara “a comisión”, estado que permite la participación de quienes no integran el parlamento.
La bancada alperovichista rechazó la propuesta. “¿Para qué vamos a mentir? No seamos hipócritas, cada uno viene con una posición tomada y ya sabe si va a votar a favor o en contra”, argumentó Roque Álvarez, presidente del “Tucumán Crece”. El peronista afirmó que había otras instancias en que el fiscal federal general podía haber sido invitado, como la comisión de Labor Parlamentaria. “No se me ocurre cosa más institucional que el cumplimiento del reglamento interno de la Legislatura. Lo que propuse forma parte del mecanismo para escuchar una persona ajena al cuerpo”, retrucó Colombres Garmendia. El macrista se retiró antes de la votación porque debía viajar por un encuentro del PRO, y pidió que se dejara constancia de su voto negativo, pero fuentes de la Cámara relataron que no se computó su postura.
Ricardo Bussi (FR), autor de un dictamen de minoría, lamentó que el PJ “decida encerrarse y no escuchar la voz de un letrado de la experiencia” del fiscal federal Gómez. José Páez (DC) y Ariel García (UCR), entre otros, también protestaron.
Desde la Casa de Gobierno
El proyecto de adhesión a la Ley Nacional de Estupefacientes fue elaborado por el PE, y llegó a mesa de entradas de la Legislatura la semana pasada, con las firmas del gobernador, José Alperovich, y del ministro de Seguridad, Jorge Gassenbauer. Los alperovichistas José León, presidente de la comisión de Seguridad y Justicia, y Graciela Suárez, encargada de Acciones Preventivas y Asistencia de las Adicciones, presentaron ayer la iniciativa. “Nuestra provincia cuenta sólo con dos juzgados federales con competencia en todas las causas. (...) Muchas veces se ven desbordadas, y las medidas judiciales no llegan a tiempo”, advirtió León, quien fue fiscal de Instrucción del fuero penal en 1991. Agregó que el nuevo sistema “no es para un cambio total”. “Significa ampliar la capacidad del Estado”, agregó.
Suárez dijo que la norma nacional permite a las provincias recibir recursos para organizar sus estructuras contra los dealers. “Este proyecto no pretende ser la solución total para el narcotráfico, pero es una contribución”, aseveró.
El alperovichista Marcelo Caponio leyó en el recinto una entrevista que el vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Ricardo Sanjuán, concedió a este diario, publicada el 16 de febrero pasado. Remarcó que el magistrado había dicho: “estamos colapsados: tenemos dos juzgados y necesitamos cuatro”. Señaló que Sanjuán destacó la capacidad de los jueces para saber “cuándo un caso forma parte de una red conectada al narcotráfico y cuándo es una causa menor”; y que “aquí lo importante es la atención inmediata de personas detenidas con pequeñas cantidades de drogas”.
Federico Romano Norri, quien además había elaborado un dictamen de minoría en la comisión de Asistencia a las Adicciones, dio lectura a otras frases que había expresado Sanjuán. “(El camarista) también remarcó que ‘a la Provincia nunca le importó el tema de la droga’”, señaló el radical.
Pasadas las 16.30 se consumó la votación. La nueva norma contra los dealers comenzará a regir desde 1 de marzo de 2015, aunque el Poder Ejecutivo (PE) tiene la potestad de aplazar esa fecha. Si bien el texto sancionado por la Legislatura no establece qué cantidad de droga ni qué circunstancias determinan si el caso pasará a la Justicia provincial (tenencia para consumo personal o para venta al “menudeo”) o al fuero federal (casos de narcotráfico de mayor volumen), se conformará una comisión interpoderes para analizar estos puntos. Por propuesta de Álvarez, ese grupo estará integrado por dos integrantes del PE, dos del Poder Judicial y tres de la Legislatura. Este equipo, además, analizará las inversiones necesarias y otras medidas para acondicionar los Tribunales locales. “Hemos decido ser protagonistas a partir de la adhesión a esta ley”, avisó el referente peronista.
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