El gobernador José Alperovich se involucró, en forma directa, en el problema político de la capital, al que el peronismo no le encuentra la vuelta desde octubre de 1983. Radicales y republicanos se alternaron, desde entonces, en el poder municipal hasta el último traspaso del mando.
Antonio Bussi no asumió el 29 de octubre pasado y cada vez resulta más difícil que pueda hacerse cargo de la intendencia de San Miguel de Tucumán. Su salud quebrantada y los enredos judiciales -por denuncias de violaciones a derechos humanos y por el cobro de gastos reservados- no dan lugar a suponer que gobernará la ciudad.
La salida que impuso Alperovich desalojó a Carolina Vargas Aignasse de la jefatura del aparato municipal. La dirigente peronista se replegó a su función de presidenta del Concejo Deliberante, y el gobernador se dio con el gusto de que se designara a Domingo Amaya, intendente provisorio.
Los ediles cedieron a la coerción gubernamental para evitar la intervención a la Municipalidad. Empezó así una extraña experiencia de cohabitación entre un delegado personal del gobernador y los representantes votados por el vecindario. La interacción entre ambos polos de poder genera presiones múltiples. La Casa de Gobierno entiende que Amaya es un interventor de pleno derecho. Por eso, se preparan proyectos de ordenanzas que chocan con la propia Constitución de 1990.
La confusión institucional se hizo evidente cuando los colaboradores de Amaya propusieron a los ediles que se creara una caja única municipal a nombre del Gobierno provincial. Con esa figura legal se pretendía asignar a Alperovich el manejo de los fondos captados por la administración comunal.
La idea colisiona con el artículo 115 de la Constitución, que en su primer párrafo prescribe: "Los fondos municipales no serán administrados por otra autoridad que los funcionarios del municipio". Sorprendió al equipo de Amaya que se le observara esa contradicción. "Las sutilezas jurídicas sí cuentan", argumentó uno de los ediles que debatió con los técnicos de Amaya.
Finalmente, se revisó la redacción del texto, habiéndose acordado uno que respeta el encuadre constitucional.La reestructuración de la deuda pública municipal y la unificación de las 32 cuentas en una a nombre de Rentas son metas compartidas por el Concejo.
Esas idas y vueltas confirman que Alperovich tiene una fuerte predisposición a concentrar el poder. "Estamos en contra de eso", afirma el radical José Luis Avignone. Vargas Aignasse asegura que el Concejo no aprobará nada que esté reñido con el estado de derecho. El independiente Hugo Danesi también comparte ese estado de ánimo.
La discusión que suscitó la ordenanza que transformaba al gobernador en el dueño de los ingresos comunales puso de relieve la cuestión del control político del gobernante. Los ediles se aferraron a sus bancas, ante el temor de que se cayera toda la estantería. La vuelta al llano suele ser dolorosa para el político profesional, sobre todo cuando comenzaba su mandato. Esa circunstancia habla de la debilidad de los ediles.
El otro lado de la cuestión pasa por la fiscalización política de los actos del intendente apadrinado por el oficialismo que administra la provincia. Al Concejo le cabe desempeñar ese papel, que adquiere mayor significación en una etapa de reordenamiento administrativo y financiero profundo. La impericia política de Amaya vuelve aún más indispensable que los filtros institucionales sean muy estrictos. El mejoramiento de la calidad de la vida democrática exige que el elemento ejecutivo y su contrapeso natural funcionen sin interferencias de ninguna especie. Aparentemente, Amaya y los jefes de los bloques de concejales coincidieron en que el diálogo y el acuerdo ayudarán a salir de la crisis. Llegó la hora de la verdad.
