Una huelga docente que daña

La educación debe recibir un trato diferente por parte de todos los actores sociales.

20 Noviembre 2003
En la Argentina, suele ocurrir que la lucha por los espacios de poder lleva habitualmente a los dirigentes de una comunidad a olvidarse de las necesidades esenciales de una sociedad. La educación constituye la base del progreso de todo pueblo. Sin embargo, en Tucumán, las últimas gestiones de gobierno, así como el gremio mayoritario de los docentes, parecieron haber olvidado esta máxima inobjetable y tan fácil de entender. Pero en esta tierra, da la impresión de que cada vez que milagrosamente se da un paso, al día siguiente se retroceden dos. Lo más grave es que en el terreno de la educación las principales víctimas de tal desbarajuste son los niños.
El actual Gobierno no lleva más de tres semanas de gestión y ya debe soportar una huelga docente de 48 horas, impulsada por ATEP, a pocos días de la finalización de las clases. La reinstalación de la EGB 3 en la escuela pública por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -para estar en concordancia con la Ley Federal de Educación- ha puesto en un gran aprieto al Poder Ejecutivo.
Como se recordará, durante el mandato de Julio Miranda se consensuó con ATEP el decreto 390, por el cual desaparecía el tercer ciclo de la EGB de la escuela pública, mientras que la educación privada proseguía con los lineamientos de la Ley Federal. Esta situación generó una desigualdad educativa cuyas consecuencias están a la vista.
En diez años de transformación educativa, los alumnos tucumanos perdieron casi dos períodos lectivos completos a causa de las huelgas docentes. Pero también en esta penosa realidad influye la falta de infraestructura -desde hace casi 12 años no se construyen escuelas medias- y también tiene que ver que en los últimos tres años hubo cuatro cambios de estructuras curriculares, algo que, sin duda, roza lo surrealista.
Una demostración de esa incoherencia educativa son los resultados de la autoevaluación institucional y de calidad educativa en el nivel medio, que difundió el Gobierno hace pocas semanas. En la prueba que evaluó a 5.399 alumnos desde 8º año de la EGB a 2º año del polimodal, de 197 escuelas estatales y colegios privados, el 87% quedó desaprobado.
Si en 1995 Tucumán tenía 400.000 analfabetos, la cifra debe haberse incrementado notablemente en ocho años. En la actualidad, el 52% de los niños no asiste a la escuela, a causa de la pobreza.
Cuando se le consultó al ministro de Educación de la Nación sobre la reinstalación de la EGB 3 en la provincia, aconsejó que esta se hiciera gradualmente y aseveró que lo importante no son los nombres o rótulos, sino que la formación que se brinde tanto a un chico de Tucumán como a uno de Buenos Aires sea la misma.
Tal vez la excesiva cautela de la actual cartera educativa en difundir cuáles son sus planes concretos para resolver los complejos problemas de su área, ha generado incertidumbre y ha mostrado quizás la imagen de desorientación o de desconocimiento de la realidad.
Pero no es menos cierto que declarar una huelga por 48 horas cuando está a punto de concluir un año lectivo conflictivo es un despropósito y una mala señal de que algunos gremios, en defensa de sus intereses, que no son precisamente los de la comunidad, insisten en medidas de fuerza que sólo han conseguido hasta ahora dañar a los niños y a los jóvenes. No se entiende la impaciencia en demandar soluciones inmediatas a los problemas de esta anarquía que lleva casi una década, cuando lo razonable es trabajar con el Gobierno para diseñar un sistema que tenga como eje la formación de los chicos y la excelencia de la enseñanza, y no, los eternos intereses sectoriales. Si no se lo entiende así, seguiremos dando un paso adelante y dos atrás.

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