"No gastamos ni un peso más". Lo expresó el secretario general de la Gobernación, Antonio Jalil, al justificar el nuevo organigrama de funciones del Poder Ejecutivo. La estructura que ha dispuesto el actual Gobierno necesita casi un 50% más de funcionarios que durante la gestión de Julio Miranda. "No hay que confundir calidad con cantidad", arguyó en defensa del esquema.
Jalil remarcó que en el decreto 11/1 del PE se establecen las funciones de cada integrante del gobierno, "para que cualquier ciudadano sepa a quién acudir en caso de necesidad". El organigrama determina a cada responsable de área. "No es un tema menor, era una necesidad imperiosa que se conozca el manual de misiones de cada funcionario", acotó. "¿Quién no puede justificar la existencia de un Ministerio de Seguridad, de la Secretaría de Capacidades Especiales o del área de informatización del Estado?", se preguntó.
Según el secretario general de la Gobernación, los cambios introducidos a la estructura del Gobierno entran en los parámetros establecidos por el Presupuesto vigente y del que se vaya a aprobar. "Es decir que no gastamos ni un peso más", enfatizó.
Jalil indicó que la pretensión del PE es que el Estado sirva a los ciudadanos y que se sepa qué tiene que hacer cada funcionario.
El subsecretario general de la Gobernación, Ramiro González Navarro, añadió que el objetivo que persigue el decreto 11/1 (cuyo texto es desarrollado en 172 páginas) es transparentar los actos del gobierno". "El ciudadano es concebido como un cliente del Estado", agregó. Recalcó que la norma y la misión de cada integrante del PE serán ampliamente difundidas "para que todos sepan a qué repartición y a qué funcionario recurrir".
Retiro voluntario
Por otro lado, Jalil se refirió al Retiro Voluntario Programado, que comenzaría a aplicar la semana entrante, una vez que se reglamente la Ley 7.311. "Queremos darle al empleado público la posibilidad de que se realice en el sector privado", señaló al aludir a la norma. El retiro no es definitivo sino por cuatro años -renovable por una vez- con el pago del 70% móvil del sueldo. Según Jalil, en caso de que haya aumento de salario, el porcentaje será trasladado a los que se adhieran al beneficio, los que no perderán la estabilidad ni la categoría en la que se encuentren.
No puede acogerse a este retiro el personal docente al frente de grados, policías, empleados de bloques políticos de la Cámara y los que se encuentren de licencia por largo tratamiento. La ley alcanza a los trabajadores de los tres poderes del Estado.
"Se quiere reducir el gasto del Estado y ayudar a los que quieran acceder a la actividad privada", destacó González Navarro. Indicó que el PE se reservará el derecho de concederlo para no afectar la calidad del servicio.
Jalil remarcó que en el decreto 11/1 del PE se establecen las funciones de cada integrante del gobierno, "para que cualquier ciudadano sepa a quién acudir en caso de necesidad". El organigrama determina a cada responsable de área. "No es un tema menor, era una necesidad imperiosa que se conozca el manual de misiones de cada funcionario", acotó. "¿Quién no puede justificar la existencia de un Ministerio de Seguridad, de la Secretaría de Capacidades Especiales o del área de informatización del Estado?", se preguntó.
Según el secretario general de la Gobernación, los cambios introducidos a la estructura del Gobierno entran en los parámetros establecidos por el Presupuesto vigente y del que se vaya a aprobar. "Es decir que no gastamos ni un peso más", enfatizó.
Jalil indicó que la pretensión del PE es que el Estado sirva a los ciudadanos y que se sepa qué tiene que hacer cada funcionario.
El subsecretario general de la Gobernación, Ramiro González Navarro, añadió que el objetivo que persigue el decreto 11/1 (cuyo texto es desarrollado en 172 páginas) es transparentar los actos del gobierno". "El ciudadano es concebido como un cliente del Estado", agregó. Recalcó que la norma y la misión de cada integrante del PE serán ampliamente difundidas "para que todos sepan a qué repartición y a qué funcionario recurrir".
Retiro voluntario
Por otro lado, Jalil se refirió al Retiro Voluntario Programado, que comenzaría a aplicar la semana entrante, una vez que se reglamente la Ley 7.311. "Queremos darle al empleado público la posibilidad de que se realice en el sector privado", señaló al aludir a la norma. El retiro no es definitivo sino por cuatro años -renovable por una vez- con el pago del 70% móvil del sueldo. Según Jalil, en caso de que haya aumento de salario, el porcentaje será trasladado a los que se adhieran al beneficio, los que no perderán la estabilidad ni la categoría en la que se encuentren.
No puede acogerse a este retiro el personal docente al frente de grados, policías, empleados de bloques políticos de la Cámara y los que se encuentren de licencia por largo tratamiento. La ley alcanza a los trabajadores de los tres poderes del Estado.
"Se quiere reducir el gasto del Estado y ayudar a los que quieran acceder a la actividad privada", destacó González Navarro. Indicó que el PE se reservará el derecho de concederlo para no afectar la calidad del servicio.







