Amaya denunció por estafa a De Ezcurra

"Es una estafa". Así se expresó ayer el fiscal municipal, Leonardo Szachniuk, al referirse al contrato que suscribió la ex intendenta Marta de Ezcurra con Facundo Agustín Prado por el que le delegó la facultad de refinanciar la deuda municipal a cambio de un pago de $ 2,3 millones. Por esta causa, el intendente Domingo Amaya se presentó ayer ante el fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, para acusar a De Ezcurra por supuesta corrupción administrativa. Tras la presentación en los Tribunales, Amaya habló con la prensa en la Casa de Gobierno, acompañado por el gobernador José Alperovich y por Szachniuk.
En la denuncia realizada a Gallo se indica que el acuerdo entre la ex intendenta y Prado -que aparece como locador de servicio- se firmó el 13 de agosto ante la escribana Marina Ferreira de Olivieri. Por el acuerdo, se convino pagar el 4% del total de la deuda refinanciada a Prado. La denuncia menciona, además, que el 6 de octubre, De Ezcurra y el locador de servicio firman un nuevo acuerdo por el que el municipio cede y transfiere en favor de Prado pagos por los créditos que tiene la Municipalidad en el Banco del Tucumán, provenientes de la recaudación de tasas municipales, por la suma de $ 2,3 millones.
En dicho trámite se menciona que el locador cumplió con su obligación, obteniendo como resultado la suspensión del pago de la deuda. Por lo tanto, se obliga a la Municipalidad a instruir al Banco del Tucumán a depositar los fondos en favor de Prado en la cuenta que este indique.

Anomalías
"La observación de estos contratos permite advertir la posible comisión de diversas anomalías administrativas e incluso de delitos de acción pública, por el modo en que se comprometió el patrimonio municipal y la modalidad bajo la cual han sido perpetrados", señala la denuncia. Destaca que no se encuentran las calidades que convertirían a Prado en un profesional idóneo para tamaña responsabilidad y que ningún organismo municipal competente intervino en el proceso.
Se remarca especialmente que antes del 13 de agosto la deuda del municipio con el Banco Nación y la deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de las Provincias habían tenido tratamiento, con la suspensión de retenciones de la coparticipación por parte del Banco de la Nación y por medio del ingreso al mecanismo de canje por parte de la Provincia. "Esto significa que el pretendido gestor no tenía ni tuvo posibilidad de actuación alguna, por cuanto el sistema de recomposición de deuda se originó en una política del Gobierno nacional al que se integró la Provincia y, a través de ella, el municipio", dijo.
Subraya que queda explícita la intención dolosa en las condiciones contractuales. "Se habría actuado con la manifiesta voluntad de defraudar al erario municipal", sostiene.

Quieren una "Caja Unica" municipal
La Caja Unica que creó José Alperovich cuando fue ministro de Economía de la provincia ahora intenta ser reflotada, pero en la órbita de la Municipalidad de la capital.
El intendente Domingo Amaya envió un proyecto que ordena cerrar todas las cuentas municipales para abrir una sola, a nombre del Superior Gobierno de la Provincia. Es decir que el manejo de los fondos de esa cuenta quedaría en manos de Alperovich.
El secretario de Hacienda municipal, Luis Sollazzi y el fiscal municipal, Leonardo Szachniuk, intentaron convencer ayer a la mañana a los concejales sobre la necesidad de aprobar la medida. Sin embargo, la reacción contraria de los ediles hizo fracasar la gestión de ambos funcionarios, en una tensa reunión que duró más de tres horas en el Concejo Deliberante.
Por la tarde, los ediles de las comisiones de Hacienda y de Peticiones y Poderes analizaron el proyecto de Amaya. "Sería un golpe de gracia a la autonomía municipal", afirmó el edil republicano Claudio Viña.
"Queremos la Caja Unica para frenar los embargos, pero bajo ningún aspecto aceptamos que el manejo del dinero quede a disposición del gobernador; debe estar a cargo la propia Municipalidad", agregó.
Los ediles se preparan para sesionar entre hoy y mañana.