Finalmente, los polémicos dichos de la ex mujer del ex legislador Mariano Poliche (Vanguardia Provincial), Alejandra Ducca, sobre el presunto pago de $ 2 millones en coimas a los parlamentarios que en 2002 votaron por la reforma de la Constitución provincial, no podrán ser utilizados como prueba en un juicio.
La Corte Suprema de Justicia no hizo lugar al recurso de casación deducido por la fiscal III de la Cámara Penal, Juana Prieto de Solimo, contra la sentencia de la sala III de la Cámara Penal. Esta, en un fallo dividido, excluyó la denominada "nueva denuncia de Ducca" (la primera había sido declarada nula por el juez de Instrucción de la I Nominación, Alfonso Zottoli) de la causa que sustancia el juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Pérez. Este investiga a los 27 ex legisladores que votaron por la ley que declaró la necesidad de la reformar, como quería el ex gobernador Julio Miranda.
Ducca declaró ante el ex fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, el 25 de junio de 2002 y, según el ex secretario de aquel, Carlos López, después de ratificar todo lo dicho, solicitó los originales para discutir una división de bienes con Poliche. El 6 de setiembre, Jerez giró a Pérez lo que, según él, era el juego original que le entregó la ex abogada de la mujer, Amelia Paz de Bulacio.
Pérez tomó como nueva denuncia lo que le envió Jerez, porque difería en dos párrafos de la del 25 de junio. La sala III de la Cámara Penal, a raíz de un planteo de Nicolás Brito, abogado de la ex legisladora peronista Rosa Augier de Rosa, rechazó la posibilidad de que la nueva denuncia sea tomada como prueba en la causa.
Tirón de orejas para Jerez
La Corte (Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Area Maidana) concluyó que hubo reiteradas violaciones al debido proceso legal al admitirse un escrito presentado por quien había asistido profesionalmente a Ducca (Paz de Bulacio). "Fue un documento confiado en razón de la función desempeñada y no consta en autos que haya habido autorización de Ducca (para que fuera presentado)", dijeron. Y agregaron que, sean auténticos o falsos, los papeles privados no pueden servir de base a un procedimiento ni de fundamento a un juicio.
También se cuestionó a Jerez por haber recibido y producido pruebas (ordenó una pericial sobre firmas atribuidas a Ducca) por considerar que, por estar imputados legisladores con fueros, esa tarea le correspondía al juez Pérez.
Gandur marcó la contradicción de que el fiscal de Cámara, Carlos Castellano, se haya pronunciado por la exclusión probatoria de la declaración de Ducca y que Prieto de Solimo se haya manifestado en sentido contrario. Aclaró que la posición asumida por Castellano le quitaba legitimidad para impugnar a su colega, Prieto de Solimo.
La Corte Suprema de Justicia no hizo lugar al recurso de casación deducido por la fiscal III de la Cámara Penal, Juana Prieto de Solimo, contra la sentencia de la sala III de la Cámara Penal. Esta, en un fallo dividido, excluyó la denominada "nueva denuncia de Ducca" (la primera había sido declarada nula por el juez de Instrucción de la I Nominación, Alfonso Zottoli) de la causa que sustancia el juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Pérez. Este investiga a los 27 ex legisladores que votaron por la ley que declaró la necesidad de la reformar, como quería el ex gobernador Julio Miranda.
Ducca declaró ante el ex fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, el 25 de junio de 2002 y, según el ex secretario de aquel, Carlos López, después de ratificar todo lo dicho, solicitó los originales para discutir una división de bienes con Poliche. El 6 de setiembre, Jerez giró a Pérez lo que, según él, era el juego original que le entregó la ex abogada de la mujer, Amelia Paz de Bulacio.
Pérez tomó como nueva denuncia lo que le envió Jerez, porque difería en dos párrafos de la del 25 de junio. La sala III de la Cámara Penal, a raíz de un planteo de Nicolás Brito, abogado de la ex legisladora peronista Rosa Augier de Rosa, rechazó la posibilidad de que la nueva denuncia sea tomada como prueba en la causa.
Tirón de orejas para Jerez
La Corte (Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Area Maidana) concluyó que hubo reiteradas violaciones al debido proceso legal al admitirse un escrito presentado por quien había asistido profesionalmente a Ducca (Paz de Bulacio). "Fue un documento confiado en razón de la función desempeñada y no consta en autos que haya habido autorización de Ducca (para que fuera presentado)", dijeron. Y agregaron que, sean auténticos o falsos, los papeles privados no pueden servir de base a un procedimiento ni de fundamento a un juicio.
También se cuestionó a Jerez por haber recibido y producido pruebas (ordenó una pericial sobre firmas atribuidas a Ducca) por considerar que, por estar imputados legisladores con fueros, esa tarea le correspondía al juez Pérez.
Gandur marcó la contradicción de que el fiscal de Cámara, Carlos Castellano, se haya pronunciado por la exclusión probatoria de la declaración de Ducca y que Prieto de Solimo se haya manifestado en sentido contrario. Aclaró que la posición asumida por Castellano le quitaba legitimidad para impugnar a su colega, Prieto de Solimo.







