El PE prepara la defensa ante el Ciadi

En marzo o en abril de 2004 la Nación, juntamente con la Provincia, deberá ejercer la defensa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por el conflicto por la rescisión del contrato con la empresa Aguas del Aconquija. Así lo adelantó a LA GACETA el fiscal de Estado, Antonio Estofán. Hasta esa instancia, el funcionario no descarta que el Poder Ejecutivo realice una nueva demanda contra la empresa en la Justicia local por daños y perjuicios. "Desde la Procuración del Tesoro de la Nación se me dijo, categóricamente, que si hay que avanzar en un juicio, que se lo haga", acotó Estofán.

Juicios de las privatizadas
Argentina debe enfrentar el tercer arbitraje internacional por la demanda de U$S 375 millones que le inició la firma Vivendi Universal, que en Tucumán explotó el servicio de agua y cloacas a través de la compañía Aguas del Aconquija. "La defensa la ejercerán la Nación y la Provincia, ya que el Presidente (Néstor Kirchner) instruyó a la Procuración del Tesoro de la Nación para que no se contrate a ningún estudio jurídico externo para buscar una solución", especificó Estofán.
El conflicto por el agua en el Ciadi es uno de los tantos juicios de empresas privatizadas que soporta el país por un monto total de U$S 6.620 millones.
El fiscal de Estado explicó que el centro arbitral está analizando el planteo de Aguas del Aconquija y que luego comenzará la etapa de pruebas y de defensa. En esa instancia, reiteró que será importante la tarea de los abogados del país con los de Tucumán. "Es una nueva estrategia, algo que no ocurría antes", aseguró.
En esa instancia el Ciadi analizará los reclamos de la ex empresa prestadora del servicio y las justificaciones de la Provincia para resolver la finalización del contrato. El anterior fiscal de Estado, Benito Garzón, apuntó que en esta parte del trámite arbitral, el Gobierno debía demostrar que la firma no había actuado de buena fe.

Posible negociación
De todas formas, Estofán deslizó que en algún momento del litigio internacional las partes puedan tener algún acercamiento "para negociar con absoluta responsabilidad". "Pero la Provincia no está dispuesta a poner ni un peso que no corresponda, porque no pensamos endeudar a ningún ciudadano de Tucumán", añadió.
¿El PE insistirá en una nueva demanda contra la empresa, en virtud de que el Gobierno anterior desistió de la que se planteó en 1999?, se le consultó. "Estamos trabajando con conocimiento de la Procuración del Tesoro y analizando los trámites que podemos encarar en la Provincia al margen del litigio", contestó.
¿Entonces es posible otra demanda por daños y perjuicios contra Aguas del Aconquija?, se le inquirió. "Estamos acopiando datos e informes, pericias que se hicieron en su momento; con todos estos papeles resolveremos si actuamos, pero tenemos la venia de la Nación para eso. Y en todo caso, servirá para cuando tengamos que asumir la defensa ante el Ciadi, lo que ocurrirá entre marzo y abril", manifestó.
El Gobierno nacional, a través de la resolución 61/03, reclamó a todos los fiscales de provincias que colaboren en la coordinación, el acopio y la remisión de la documentación referida a las inversiones que se hicieron en sus territorios y que derivaron en conflictos judiciales.
Para centralizar toda la información se creó la Unidad Ejecutora Arbitral.