Los empleados públicos tucumanos seguirán cobrando el 20% de sus salarios con tickets alimentarios si se aprueba el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura, con la firma del gobernador José Alperovich y del ministro de Economía, Jorge Jiménez.
La medida, de sancionarse, incluirá la segunda cuota del sueldo anual complementario. "La medida que se solicita se fundamenta en la aceptación de la que goza ese instrumento de pago y en la reducción de gastos que genera para el Estado provincial", manifiestan los considerandos del proyecto.
La escueta iniciativa plantea, en sólo un artículo de tres líneas, la corrección de la norma 7.270: reemplaza la expresión "diciembre de 2003" por "diciembre de 2004".
Contraataque opositor
Mientras el Gobierno sigue dictando o promoviendo medidas, en el Poder Legislativo la oposición sigue presentando iniciativas para derogar las leyes con las que la Legislatura anterior confirió más poder al gobernador.
Alejandro Sangenis (Frente Popular Progresista), Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) y José Cano (UCR) presentaron de manera conjunta una serie de propuestas. "Se pretende restablecer a la Cámara provincial competencias que nunca debió resignar y derogar otra que pretende restañar derechos de los trabajadores del Estado", sostuvieron los parlamentarios.
Las iniciativas proponen que se anule la norma por la cual los decretos de necesidad y urgencia dejaron de necesitar de la ratificación explícita de la Legislatura. Ahora, basta el silencio parlamentario para que esas disposiciones queden firmes a los 20 días de comunicadas al cuerpo.
Paralelamente, quieren que la intervención a los municipios o a las comunas vuelva a demandar del voto de 27 legisladores, y no de 21, como pautó la anterior Cámara. Finalmente, auspician la derogación del traslado de los empleados públicos.
La medida, de sancionarse, incluirá la segunda cuota del sueldo anual complementario. "La medida que se solicita se fundamenta en la aceptación de la que goza ese instrumento de pago y en la reducción de gastos que genera para el Estado provincial", manifiestan los considerandos del proyecto.
La escueta iniciativa plantea, en sólo un artículo de tres líneas, la corrección de la norma 7.270: reemplaza la expresión "diciembre de 2003" por "diciembre de 2004".
Contraataque opositor
Mientras el Gobierno sigue dictando o promoviendo medidas, en el Poder Legislativo la oposición sigue presentando iniciativas para derogar las leyes con las que la Legislatura anterior confirió más poder al gobernador.
Alejandro Sangenis (Frente Popular Progresista), Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) y José Cano (UCR) presentaron de manera conjunta una serie de propuestas. "Se pretende restablecer a la Cámara provincial competencias que nunca debió resignar y derogar otra que pretende restañar derechos de los trabajadores del Estado", sostuvieron los parlamentarios.
Las iniciativas proponen que se anule la norma por la cual los decretos de necesidad y urgencia dejaron de necesitar de la ratificación explícita de la Legislatura. Ahora, basta el silencio parlamentario para que esas disposiciones queden firmes a los 20 días de comunicadas al cuerpo.
Paralelamente, quieren que la intervención a los municipios o a las comunas vuelva a demandar del voto de 27 legisladores, y no de 21, como pautó la anterior Cámara. Finalmente, auspician la derogación del traslado de los empleados públicos.







