Por Redacción Política
15 Noviembre 2003
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Los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo, a través de los cuales modifica la Ley de Ministerios y se otorga facultades excepcionales para modificar estructuras y para suprimir categorías presupuestarias y cargos, siguen teniendo inconvenientes en la Legislatura. De hecho, corren suerte dispar en la comisión de Legislación General.
Los legisladores acordaron que la disposición 1/1, que establece el nuevo organigrama del Gobierno, será descartada y reemplazada por un proyecto de ley. Esto se debió a que, según pudo averiguar LA GACETA, se plantearon reparos al inciso 12 de la medida, que crea el Ministerio de Seguridad Ciudadana.
En el análisis de la norma se advirtió -a criterio de los parlamentarios- que algunas de las atribuciones del titular de la cartera (cargo que hoy ocupa el abogado Pablo Baillo) eran casi idénticas a las del juez de ejecución de sentencia. En la provincia no existe esta figura, pero a sus facultades las poseen las salas penales. Consecuentemente, se dispuso que los poderes del ministro se ajusten a lo establecido en el artículo 505 del Código de Procedimientos Penales de la provincia, que establece que es el director penitenciario quien ejecuta las sentencias.
Como los decretos no pueden ser modificados por la Cámara, la que debe aprobarlos o rechazarlos, la medida dictada por el Gobierno será dejada de lado y reemplazada por una norma, en la que estarán contempladas las correcciones.
Pedido de informes
Respecto del decreto 6/1, con el cual el Gobierno se asigna atribuciones extraordinarias para concretar cambios en presupuestos, estructuras y plantas de personal, el respaldo parlamentario no está tan claro.
Legislación General reiteró un oficio a Casa de Gobierno, en el que solicita detalles de los que dependerá que se dictamine en favor o en contra de la medida. Los miembros de la comisión quieren conocer especificaciones sobre la aplicación y los efectos de la norma, así como el tiempo durante el que tendrán vigencia las facultades excepcionales.
Los legisladores acordaron que la disposición 1/1, que establece el nuevo organigrama del Gobierno, será descartada y reemplazada por un proyecto de ley. Esto se debió a que, según pudo averiguar LA GACETA, se plantearon reparos al inciso 12 de la medida, que crea el Ministerio de Seguridad Ciudadana.
En el análisis de la norma se advirtió -a criterio de los parlamentarios- que algunas de las atribuciones del titular de la cartera (cargo que hoy ocupa el abogado Pablo Baillo) eran casi idénticas a las del juez de ejecución de sentencia. En la provincia no existe esta figura, pero a sus facultades las poseen las salas penales. Consecuentemente, se dispuso que los poderes del ministro se ajusten a lo establecido en el artículo 505 del Código de Procedimientos Penales de la provincia, que establece que es el director penitenciario quien ejecuta las sentencias.
Como los decretos no pueden ser modificados por la Cámara, la que debe aprobarlos o rechazarlos, la medida dictada por el Gobierno será dejada de lado y reemplazada por una norma, en la que estarán contempladas las correcciones.
Pedido de informes
Respecto del decreto 6/1, con el cual el Gobierno se asigna atribuciones extraordinarias para concretar cambios en presupuestos, estructuras y plantas de personal, el respaldo parlamentario no está tan claro.
Legislación General reiteró un oficio a Casa de Gobierno, en el que solicita detalles de los que dependerá que se dictamine en favor o en contra de la medida. Los miembros de la comisión quieren conocer especificaciones sobre la aplicación y los efectos de la norma, así como el tiempo durante el que tendrán vigencia las facultades excepcionales.
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