Bussi será trasladado a Buenos Aires

Antonio Bussi logró ayer su primera victoria judicial en la causa sobre la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, ocurrida en 1976. El juez federal Jorge Parache autorizó que, por los problemas cardíacos que padece, sea trasladado a la Capital Federal, donde será internado en el Hospital Militar, ubicado en avenida Luis María Campos al 700, en el barrio de Palermo.
El magistrado tomó la decisión tras analizar el informe de la junta médica que revisó al intendente electo de esta capital. Francisco Sosa, Carlos Cinquemani y Mario Giménez concluyeron que el paciente corre alto riesgo de sufrir un accidente cardiovascular.
El viaje se realizará en un avión sanitario que, a tal fin, dispuso el III Cuerpo de Ejército (tiene asiento en Córdoba). Antes de partir -aún no se sabe la hora-, el titular de Fuerza Republicana (FR) deberá ampliar su declaración indagatoria ante Parache en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, adonde está preso. El acto está previsto para las 9.
El magistrado ordenó que los médicos del Hospital Militar le informen constantemente sobre la respuesta orgánica del ex gobernador al tratamiento que se le realizará. El objetivo es que Bussi regrese lo antes posible.
El fiscal federal Emilio Ferrer pidió que la ausencia se limite a lo estrictamente necesario, porque el traslado del intendente electo significará un grave escollo para la investigación y para las que se están reabriendo por violaciones a los derechos humanos. "Su presencia para que preste declaración indagatoria será insoslayable", afirmó.
La ampliación de la indagatoria de hoy fue requerida por Ferrer, quien acumuló pruebas testimoniales y documentales. Bussi tendrá ante sí cajas con más de 3.000 fojas del expediente iniciado hace casi 20 años. El abogado Pablo Calvetti anticipó que su defendido se abstendrá de declarar, como ya hizo cuando lo detuvieron, por considerar que la competencia para actuar es de la Justicia Militar, y no de Parache.

Cada vez está más cerca el juicio por los gastos reservados
Además de los problemas con la Justicia Federal por violaciones a los derechos humanos durante el Proceso, Antonio Domingo Bussi tiene dificultades con la Justicia provincial. La posibilidad de que deba afrontar un juicio oral y público por el presunto cobro de gastos reservados prohibidos por la Constitución cuando fue gobernador (1995-1999), creció ayer. La fiscal de la Cámara Penal, Marta Jerez de Rivadeneira, aconsejó que se rechacen los seis planteos de nulidad -de todo o de parte de lo actuado- que dedujeron el propio titular de Fuerza Republicana (FR) y los otros imputados de la causa, los ex ministros Alberto Germanó (Gobierno), Ramón Nereo Arnedo (Hacienda) y Franco Fogliata (Producción).
Aunque con diferentes argumentos, la funcionaria judicial consideró que en ninguno de los casos había motivos o vicios de magnitud tal que justificaran la nulidad del proceso o de alguna de sus etapas.
Germanó -actuó por derecho propio-, por ejemplo, había solicitado la nulidad de la indagatoria ante el ex fiscal anticorrupción Esteban Jerez, por entender que la citación adolecía de vicios y que él, en realidad, no había declarado a raíz de una recusación deducida. Pero Jerez de Rivadeneira aseveró que el acto sí se hizo y que se respetó su derecho de defensa.
Si bien reconoció que durante la etapa instructoria se cometieron algunas improlijidades, la fiscal aclaró que en el plenario se pueden plantear y producir las medidas que no se hicieron antes.
Tras haber recibido el dictamen fiscal -no es vinculante- los integrantes de la sala IV de la Cámara Penal, María del Pilar Prieto, Horacio Villalba y Silvia Castellote, tomaría una decisión sobre los pedidos de nulidad la próxima semana. Si se pronunciaran en el mismo sentido que Jerez de Rivadeneira las partes deberán ofrecer pruebas y presentar las listas de testigos y de peritos que serían citados durante las audiencias públicas. El juicio se realizaría a principios de 2004.

Un ex legislador quiere saber qué ocurrió con su padre
El ex legislador radical Rubén Chebaia testificó ayer en la investigación que se realiza en la Justicia Federal sobre la desaparición de su padre, José Chebaia, ocurrida el 24 de marzo de 1976. El dirigente de la UCR pidió que se agreguen al expediente las actuaciones realizadas en los tribunales provinciales, luego de denunciar lo ocurrido en la comisaría de Villa Luján. "Todo el grupo operativo era de la Policía; usaban pantalones azules y botines y estaban encapuchados. El Ejército llegó una hora y media después, para controlar lo que se había hecho", recordó.