Amaya dio de baja las designaciones realizadas en el último año de gestión

El intendente provisorio Domingo Amaya, comenzó a aplicar ayer un profundo recorte de gastos en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Por un lado, decretó la baja de todos los nombramientos y designaciones efectuados en el último año de gestión y, por otro lado, recortó el uso del teléfono a los funcionarios.
El decreto 1.819/03, que fue refrendado por el intendente provisorio y por el secretario de Hacienda, Luis Sollazzi, determina que los nombramientos de empleados en la planta interina del municipio desde el primer día de noviembre del año pasado hasta ayer deberán quedar sin efecto.
Según fuentes del Departamento Ejecutivo municipal, la medida afectaría a un total de 600 personas, pero la Dirección de Recursos Humanos comenzó anoche a revisar los archivos para determinar la cifra exacta de la anulación de designaciones y notificar a los involucrados.
"No es que uno quiera dejar a la gente sin trabajo, pero este tipo de medidas son necesarias en una Municipalidad que arrastra una crisis financiera muy profunda desde hace varios años", afirmó Amaya.
En forma paralela a las disposiciones del jefe municipal, el gobernador José Alperovich dio el visto bueno para que la Provincia realice la auditoría integral en la Municipalidad. Por ese motivo, el titular de la cartera económica, Jorge Jiménez, instruyó ayer a un equipo técnico que inició el trabajo contable para determinar la deuda municipal.
En la mañana de ayer, Amaya concurrió a la sede de Obras Públicas, en avenida Mate de Luna y Pellegrini, para dialogar con los trabajadores. "Me comprometo a que la gente que viene con nosotros (funcionarios y empleados) se irá con nosotros", les dijo.
Además, pidió el apoyo de los obreros municipales para su gestión y exhortó al personal a denunciar los casos de corrupción en cualquier repartición.
"No nos va a temblar el pulso para adoptar las medidas que sean necesarias, porque tenemos que terminar con la corrupción, y en eso tengo el respaldo del gobernador Alperovich", aseveró.

Intimación municipal a cinco entes de crédito
La Municipalidad de la capital notificó ayer -por carta documento- a cinco entidades crediticias que deberán abstenerse de retener fondos de la recaudación impositiva.
La medida, dispuesta por el intendente provisorio, Domingo Amaya, apunta a que el dinero que ingresan a Rentas puedan ser manejados por la Municipalidad. Se calcula que cerca de $ 2 millones mensuales quedan en manos del Banco Comafi; del Banco del Tucumán; de Gestión y Negocios; del Colegio de Ciencias Económicas de La Plata y de la Nueva Bolsa de Comercio de Tucumán.
"Hay que respetar la Ley 7.186, según la cual el municipio puede tener libre disponibilidad de los fondos", expresó Amaya durante su diálogo con LA GACETA.
Desde el Departamento Ejecutivo Municipal recordaron que la ley provincial data del año 98 y que no hay necesidad de una adhesión explícita, sino que simplemente debe ser aplicada.
En adelante, los grandes contribuyentes (por ejemplo, EDET) tendrán que depositar el pago de los tributos en una cuenta de la Municipalidad.
El concejal Hugo Danesi (Ciudadanos Independientes) presentó un proyecto para declarar inembargables las rentas generales de la Municipalidad hasta el 31 de marzo de 2005 o hasta tanto dure el estado de emergencia del municipio.
El edil planteó que sean incluidos los recursos del cobro de tasas y contribuciones; la coparticipación de impuestos nacionales y provinciales y los créditos obtenidos por el municipio depositados en todas las cuentas de bancos oficiales o privados.

Critican la designación del intendente interino
El constitucionalista Luis Iriarte aseguró que la designación de Domingo Amaya como intendente interino de San Miguel de Tucumán no tiene respaldo constitucional ni legal.
"La amenaza de una intervención a los dos poderes del municipio operó el milagro de la unanimidad", afirmó en referencia al voto de los concejales en favor de Amaya.
"El temor a perder sus bancas fue decisivo en la convalidación de este atropello incalificable a la institución local. Esto demuestra la crisis de identidad, de principios y de lealtades partidarias es una realidad palpable, que explica gran parte de la abstención electoral que se observa en la ciudadanía", agregó el catedrático de la UNT.
Planteó que el vacío normativo debió llenarse por el Concejo Deliberante, acatando la cláusula constitucional que exige la elección democrática del cargo.