Juicio Político espera la defensa de Musi

En menos de 30 minutos, los 12 miembros de la comisión de Juicio Político de la Legislatura decidieron, por unanimidad, correrle traslado al fiscal penal Héctor Abraham Musi de la denuncia formulada en su contra por el juez federal Felipe Terán. En el marco de la causa que investiga la falsificación de documentos que permitían la libre circulación de camionetas 4x4 robadas, el magistrado pidió que se despoje al funcionario judicial de sus privilegios procesales, para que se presente a declarar.
"No se está analizando el fondo del asunto, ni sustanciando imputación ni acusación alguna. Pero entendemos que hay elementos de la causa que tienen suficiente entidad como para que el denunciado se defienda", explicó a la prensa el presidente de la comisión, Sisto Terán (PJ).
Acompañado por el secretario del organismo, Carlos Canevaro (FR), Terán señaló como ejemplo la declaración Hugo Tarifa, el prosecretario de Musi está detenido en la causa. Según el ex vicegobernador, consta en el expediente (de 12 cuerpos) que ese empleado habría declarado que actuaba por instrucción del fiscal. "Hay que dejar a Musi que conteste la demanda y que se defienda", puntualizó Terán.
Canevaro respaldó estas afirmaciones. "Analizamos la seriedad de la denuncia y si cumplía con todos los requisitos formales. Tras un estudio exhaustivo, concluimos que la presentación tiene entidad y veracidad", indicó.

Los términos
La aceptación de la denuncia fue suscripta por Terán y por Canevaro y, además, por los peronistas Raúl Hadla (presidente del bloque oficialista), Luis Roberto Castro, Héctor Aldo Salomón, Oscar Godoy, Alberto Leal, Daniel Herrera y Sergio Miranda (PJ), el radical Juan Roberto Robles, el republicano José Costanzo, y por Pedro Stordeur, del Frente Anticorrupción.
Ayer mismo, la comisión notificó formalmente a la propia Legislatura de la decisión adoptada y, según informó el legislador Terán, se instruyó a los empleados del Poder Legislativo para que a más tardar mañana se efectivice el traslado de las actuaciones a manos de Musi. La Cámara, igualmente, tienen plazo hasta el lunes para concretar este paso.
Cuando se efectúe la comunicación, el denunciado tendrá 15 días hábiles para contestar la acusación. En este plazo, también puede renunciar a su cargo, con lo que todo el proceso se archiva. (Ver "Los plazos...")
Efectuado el descargo, los 12 legisladores tienen 20 días hábiles para estudiarlo y decidir si archivan las actuaciones o si promueven la acusación. Si procede esta última opción, para lo que necesita el voto de los dos tercios de la comisión, Musi quedará suspendido en sus funciones.
Sustanciada la acusación, la comisión de juicio político se torna en parte acusadora y los 28 legisladores restantes pasan a ser jurados, con la Cámara transformada en Tribunal de la Legislatura, figura para la que no se aplica el receso parlamentario.
Este tribunal debe fijar plazos para oír la acusación y la defensa y para analizar las pruebas. Luego, deben votar sobre la inocencia o la culpabilidad del acusado. Sobre el número de 28 jurados, se necesitan los dos tercios de los presentes -habiendo quórum- para condenarlo.

Los plazos para la renuncia
El artículo 16 de la Ley 6.374 (Procedimiento para Juicio Político) establece que "la renuncia del acusado sólo podrá formalizarse hasta la oportunidad de efectuar el descargo o la contestación del traslado". La norma indica que toda dimisión presentada después quedará suspendida hasta la finalización del proceso. El legislador Sisto Terán, sin embargo, apuntó que, como la finalidad de todo juicio político es destituir al acusado, la presentación extemporánea de una renuncia igual debería ser considerada, porque el proceso podría devenir abstracto.