La comisión de Juicio Político le correría traslado hoy al fiscal Héctor Abraham Musi de la acusación formulada en su contra, en la causa en la que se investiga la falsificación de documentación que permitía la circulación de camionetas 4x4 robadas. Los 12 miembros de ese organismo fueron convocados para deliberar desde las 13.
Los legisladores no adelantan oficialmente qué postura adoptarán respecto del pedido del juez federal Felipe Terán para que se despoje de los privilegios constitucionales a Musi, a fin de que pueda tomársele declaración indagatoria. Sin embargo, seis de los integrantes de la comisión confesaron de manera reservada a LA GACETA que es un hecho que se avanzara hacia la segunda etapa del proceso.
Tanto es así que ayer mismo estuvieron a punto de correr traslado de la acusación, pero prefirieron diferir la decisión por una cuestión de prudencia.
Ocurrió que a las 18, el jefe del escuadrón Tucumán de la Gendarmería Nacional, comandante principal Ricardo Agustín Cirrincione, brindó un informe técnico acerca de cuál fue la participación de esa fuerza en la investigación de los supuestos ilícitos. El militar estuvo acompañado por el segundo comandante Javier Francisco Reniero; por el segundo comandante Ricardo Alberto Ortiz; por el primer alférez Gustavo Javier Caffarena; por la cabo Rosario del Carmen Nisoria y por el abogado Carmelo Gavilán. La exposición fue reveladora respecto de las pericias sobre tarjetas, documentos y patentes falsificadas -los parlamentarios elogiaron la tarea de Gendarmería-, pero no versó sobre los presuntos hechos por los que se denuncia a Musi.
Justamente, cuando el radical Juan Roberto Robles mocionó ayer, tras la exposición de Cirrincione, que se votara en el momento el traslado de la acusación contra el fiscal o el archivo de las actuaciones, José Costanzo (FR) advirtió que cualquier decisión que se tomara podría interpretarse como influenciada por el informe de Gendarmería. El republicano pidió por ello que se aplazara la votación hasta mañana, pero se accedió a aplazarla sólo hasta el mediodía de hoy.
Incertidumbre
Una de las dudas que tienen los miembros de Juicio Político se refiere a cuál será el futuro de Musi en su cargo en caso de que el proceso continuara y él fuera hallado culpable.
El pedido del juez federal Terán es que se le remuevan los privilegios constitucionales, en los que el fiscal se ampara para no concurrir a declarar, y esto es lo que torna inédito al planteo.
Precisamente, lo que los parlamentarios no tienen claro es si un fiscal penal puede continuar en su cargo y ser despojado de su inmunidad procesal (como en el caso de los legisladores), o si la pérdida de esos privilegios implica que sea depuesto de sus funciones (como en el caso del gobernador y del vicegobernador).
Sobre la base de la primera hipótesis, se produciría una paradoja. Si fuera acusado por la comisión, sería suspendido como fiscal. Y si se lo hallara culpable, sería repuesto en el cargo, aunque sin inmunidad.
Ante esta situación, el legislador Terán consignó a LA GACETA que la comisión pidió la opinión de un par de constitucionalistas sobre este particular.
Los legisladores no adelantan oficialmente qué postura adoptarán respecto del pedido del juez federal Felipe Terán para que se despoje de los privilegios constitucionales a Musi, a fin de que pueda tomársele declaración indagatoria. Sin embargo, seis de los integrantes de la comisión confesaron de manera reservada a LA GACETA que es un hecho que se avanzara hacia la segunda etapa del proceso.
Tanto es así que ayer mismo estuvieron a punto de correr traslado de la acusación, pero prefirieron diferir la decisión por una cuestión de prudencia.
Ocurrió que a las 18, el jefe del escuadrón Tucumán de la Gendarmería Nacional, comandante principal Ricardo Agustín Cirrincione, brindó un informe técnico acerca de cuál fue la participación de esa fuerza en la investigación de los supuestos ilícitos. El militar estuvo acompañado por el segundo comandante Javier Francisco Reniero; por el segundo comandante Ricardo Alberto Ortiz; por el primer alférez Gustavo Javier Caffarena; por la cabo Rosario del Carmen Nisoria y por el abogado Carmelo Gavilán. La exposición fue reveladora respecto de las pericias sobre tarjetas, documentos y patentes falsificadas -los parlamentarios elogiaron la tarea de Gendarmería-, pero no versó sobre los presuntos hechos por los que se denuncia a Musi.
Justamente, cuando el radical Juan Roberto Robles mocionó ayer, tras la exposición de Cirrincione, que se votara en el momento el traslado de la acusación contra el fiscal o el archivo de las actuaciones, José Costanzo (FR) advirtió que cualquier decisión que se tomara podría interpretarse como influenciada por el informe de Gendarmería. El republicano pidió por ello que se aplazara la votación hasta mañana, pero se accedió a aplazarla sólo hasta el mediodía de hoy.
Incertidumbre
Una de las dudas que tienen los miembros de Juicio Político se refiere a cuál será el futuro de Musi en su cargo en caso de que el proceso continuara y él fuera hallado culpable.
El pedido del juez federal Terán es que se le remuevan los privilegios constitucionales, en los que el fiscal se ampara para no concurrir a declarar, y esto es lo que torna inédito al planteo.
Precisamente, lo que los parlamentarios no tienen claro es si un fiscal penal puede continuar en su cargo y ser despojado de su inmunidad procesal (como en el caso de los legisladores), o si la pérdida de esos privilegios implica que sea depuesto de sus funciones (como en el caso del gobernador y del vicegobernador).
Sobre la base de la primera hipótesis, se produciría una paradoja. Si fuera acusado por la comisión, sería suspendido como fiscal. Y si se lo hallara culpable, sería repuesto en el cargo, aunque sin inmunidad.
Ante esta situación, el legislador Terán consignó a LA GACETA que la comisión pidió la opinión de un par de constitucionalistas sobre este particular.







